
Estas son las noticias más destacadas de la semana: En España hablaremos del espionaje con el programa de vigilancia Pegasus. Además, en Arabia Saudí una campaña denuncia cómo se utiliza la (...)
Estas son las noticias más destacadas de la semana: Las autoridades españolas priorizan el control policial y migratorio por encima de la protección a las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Además, hablaremos de los abusos y explotación a la que son sometidas las trabajadoras domésticas en Qatar. Por otro lado, los mandos estratégicos de Carabineros en Chile deben ser investigados penalmente por violaciones de derechos humanos. Y terminaremos en Mozambique donde cinco años después, Josina Machel sigue esperando justicia por violencia de género.
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Las víctimas son instrumentalizadas y vistas como pruebas para la investigación, y no como personas necesitadas de protección durante todo el ciclo. Es sobre todo preocupante la situación en las costas, donde faltan mecanismos de detección temprana. Como consecuencia, muchas posibles víctimas "se pierden" por el camino, y muchos traficantes están esperándoles en esos lugares de tránsito.
Además, la situación para las víctimas de trata se ha agravado con la pandemia, que ha dejado desprotegidas a muchas mujeres en situación de vulnerabilidad.
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Pese a las reformas introducidas por el gobierno con el fin de mejorar sus condiciones laborales, los derechos de estas mujeres siguen siendo violados y sometidos a abusos. Algunas mujeres han afirmado haber sido víctimas de delitos graves tales como la agresión sexual.
Amnistía Internacional ha hablado con 105 mujeres que habían estado empleadas como trabajadoras domésticas internas en Qatar. La mitad de las mujeres trabajaban más de 18 horas al día, y la mayoría no había tenido nunca un día libre. Algunas declararon también que no les pagaban adecuadamente, mientras que 40 describieron cómo las insultaban, abofeteaban o escupían.
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Unas violaciones cometidas durante el llamado “estallido social”. Los mandos estratégicos de Carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarles a toda costa.
Lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social.
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Cinco años después de que la defensora de los derechos humanos de las mujeres perdiera un ojo en una brutal agresión basada en el género, aún no se le ha hecho justicia y su expediente sigue languideciendo en los tribunales mozambiqueños.
En junio de 2020, un tribunal de apelación anuló el fallo condenatorio dictado contra el agresor de Josina Machel —y expareja de ésta—, alegando que no había testigos presenciales que corroborasen la agresión física y psicológica. El tribunal resolvió también que las pruebas médicas presentadas no podían excluir la posibilidad de que la lesión de Josina hubiera sido consecuencia de una “simple caída” o de un “objeto contundente”. Josina ha recurrido esta decisión ante el Tribunal Supremo pero aún no se ha fijado fecha para la sentencia.
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Más información: www.actuaconamnistia.org