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Boletín radiofónico Diagonal 150

20 de mayo de 2011. En el número 150 de Diagonal: 23 mayo, más gestión privada de la crisis, Aguirre privatiza el canal, manual de Desobediencia a la Ley Sinde, silencio institucional por la muerte de Patricia Heras. Y extranjería: Más cerrojazo ’made in PSOE’



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23 mayo, más gestión privada de la crisis

Una vez terminado el proceso electoral, la gestión privada de la crisis, es decir, la destrucción de empleo público para promover la privatización de servicios básicos como sanidad, educación o servicios sociales, será competencia de los gobiernos locales. La deuda de estas entidades, que ha crecido un 33% desde el comienzo de la crisis, amenaza con llevar a la quiebra a muchos municipios.

El 14 de abril, miles de barceloneses se manifestaron en la plaza de Sant Jaume contra los recortes del nuevo Gobierno de Artur Mas. La movilización para defender la sanidad y la educación pública hizo recular al President, quien anunció que posponía la aplicación de este tijeretazo hasta después del 22 de mayo. No es el único gobernante que ha postergado la toma de decisiones impopulares hasta esa fecha. Jordi Bonet, presidente de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, considera que, probablemente, tras los comicios se entre en una nueva fase en la gestión de la crisis en los gobiernos locales.

En opinión de Bonet, en esta nueva fase no es tan importante el hecho de que las administraciones no tengan liquidez si no qué decisiones políticas se toman: “No es lo mismo recortar en publicidad institucional, que recortar servicios básicos como educación o sanidad”. Pepe Gálvez, secretario de Defensa de lo Público de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, cree que es peligroso que se deje fuera del debate electoral cómo se va a gestionar la crisis desde los ayuntamientos y que tampoco se toque el asunto de la reducción de empleo público

Aguirre privatiza el Canal

Más de 150 años de historia, casi cien millones de euros de beneficio anual y una gestión alabada por propios y extraños. ¿Por qué quiere la Comunidad de Madrid privatizar un servicio de gestión del agua que sólo le reporta beneficios? Muchas preguntas y pocas respuestas para un proceso que parece casi imparable y que despierta temor entre los defensores de lo público.

Si hay una palabra que defina el proceso de privatización al que la Comunidad de Madrid quiere someter al Canal de Isabel II –y que finalmente parece que se concretará tras las elecciones del 22 de mayo–, ésa es opacidad: los rumores circulan por doquier, los trabajadores se enteran de los avances del proceso por la prensa y nadie parece tener una idea clara del valor de la empresa y su patrimonio. Valoraciones aparecidas en prensa estimaban que en 1989 el valor del Canal rondaba los 500.000 millones de pesetas (unos 2.900 millones de euros), de los que unos 670 corresponderían al patrimonio inmobiliario. Del valor actual nada se sabe. Aunque el pasado año,el canal encargó a cuatro consultoras un estudio de la valoración real de la empresa que costó a los contribuyentes algo más de un millón de euros, el resultado no se ha hecho público a pesar de la petición de varios colectivos, con el argumento de que forma parte del proceso de capitalización.

Manual de Desobediencia a la Ley Sinde

Mientras que no se encuentra un modelo rentable a la producción cultural en la red, Hacktivistas ha mostrado cómo poder seguir accediendo al derecho de copia privada y a compartir cultura libremente en la red. Con la presentación de Manual de desobediencia a la ley Sinde, Hacktivistas fomenta el libre acceso a la cultura, como reconoce la Constitución española.

La influencia de la industria de producción cultural y de las asociaciones de gestión de derechos y las presiones de EE UU –conocidas tras las filtraciones de Wikileaks– marcan desde dónde se ha promovido esta nueva ley. No es una idea con copyright del PSOE, del PP o de CiU, partidos que votaron a su favor. Su inclusión en una disposición dentro de la Ley de Economía Sostenible y su debate e intento de aprobación fuera del pleno del Congreso de los Diputados denotan el ocultismo de la ministra de Cultura para aprobar este proyecto.

La representación de intereses externos y la ocultación a la ciudadanía fueron algunos de los motivos que terminaron de volver a la ‘blogosfera’ en contra de todos los partidos que aprobaron en febrero esta nueva legislación. Y por ello se lanzó la campaña “No les votes”, dirigida contra el PP, PSOE y CiU). Detrás de esta campaña se posicionaron especialistas en la red como Ricardo Galli, Enrique Dans, Javier de la Cueva o Carlos Sánchez Almeida. Pero también Hacktivistas reivindica que la ley Sinde no puede salir gratis en los próximos comicios y por eso ahora se hace público este manual, que tenía listo desde hace meses como anunció en enero.

Silencio institucional por la muerte de Patricia Heras

Rabia e indignación en Barcelona la noche del 26 de abril. En ese momento se conocía la irreversible noticia de que Patricia Heras, una de las cuatro personas que cumplía pena privativa de libertad por el denominado “caso 4-F”, se había suicidado.

Un caso que remite a lo sucedido en un casa okupada la madrugada del 4 de febrero de 2006, en la calle Sant Pere més Baix de Barcelona donde resultó gravemente herido un agente de la policía local, que quedó tetrapléjico por el traumatismo craneoencefálico producido por el impacto de un objeto.Desde los hechos hasta el juicio, la versión oficial ha cambiado ostensiblemente. El entonces alcalde de Barcelona Joan Clos comunicó a la mañana siguiente que el agente había recibido el impacto de un tiesto desde uno de los balcones de la casa. Clos reiteró esa versión en la vigilia del juicio, en el año 2008, y ello reviste especial gravedad: todos los detenidos y procesados estaban en la calle en el momento de los hechos y no en el interior de la casa, donde se celebraba una fiesta. Las irregularidades aumentaron hasta la sentencia definitiva: ausencia de pruebas, primacía de una versión policial no demostrada, menosprecio de los peritos y forenses que testificaron respecto del origen de las graves lesiones e, incluso, la denuncia de Amnistía Internacional por los malos tratos sufridos por los detenidos.

Patricia Heras fue juzgada en 2008 y condenada a tres años de prisión, a pesar de los múltiples recursos interpuestos –incluida una petición de indulto– ingresó en la cárcel en octubre de 2010. Desde enero estaba en régimen de tercer grado abierto, con la obligación de pernoctar en la cárcel de mujeres de Wad- Ras de Barcelona. La tarde del 26 de abril, Heras se arrojó desde la ventana de su domicilio. En los días previos había manifestado a su entorno que no se veía con fuerzas de volver a diario a la cárcel.

Extranjería: Más cerrojazo ’made in PSOE’

Alfredo Pérez Rubalcaba habló recientemente del espíritu del nuevo Reglamento de Extranjería y de los principios que van a regir la práctica administrativa en materia de extranjería. Lo que sin duda supondrá la consolidación del "cerrojazo administrativo" que desde el comienzo de la crisis se ha venido denunciando, y el crecimiento de la bolsa de inmigración irregular.

La vinculación en la mayoría de los procedimientos regularizadores a la situación nacional de empleo , incluido el arraigo social , y la focalización de la política migratoria hacia una inmigración "altamente cualificada" parecen ser las notas esenciales del Reglamento. Estas medidas, respaldadas por las centrales sindicales CC OO y UGT en el ámbito de la mesa de Dialogo Social, suponen una visión meramente mercantilista del trabajador migrante, que diferencia al trabajador español del extranjero y que ignora el principal impulso que hoy día regula los flujos migratorios, la oportunidad de salir de la pobreza. Así, es de prever que este reglamento profundice la represión del fenómeno migratorio.

Las otras notas definitorias que destacan son la soslayada apuesta por el “esfuerzo” de integración, exigido tanto en determinados supuesto de renovaciones como para conceder el informe acreditativo del arraigo social , así como la persecución y represión de la inmigración irregular, en sintonía con las directrices marcadas por las directivas de la Unión Europea y por el Pacto Europeo por la Inmigración y el Asilo que, no olvidemos, fue impulsado por los gobiernos de Sarkozy y Zapatero.

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