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Resistencias indígenas en Guatemala. Ixquisis.

4 de noviembre de 2018. Escuchamos una serie de testimonios grabados en Ixquisis(Huehuetenango). Nos relatan la situación que están viviendo en sus comunidades, a raíz de la construcción de un megaproyecto hidráulico, que está siendo llevado a cabo por la empresa Energía y Renovación. Denuncian el maltrato y criminalización que están sufriendo quienes se oponen al proyecto. En la entrevista mantenida con Fernando Solís, del medio de comunicación, investigación y análisis, el Observador; se describen las caráterísticas del proyecto, así como su vinculación a un plan más amplio de exportación de energía. Solís analiza a partir del caso de la Microrregión de Ixquisis, los procesos de criminalización contra las resistencias indígenas, que se oponen a megaproyectos en toda Guatemala.



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Fernando Solís
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Enlace al “PRONUNCIAMIENTO PARA DENUNCIAR LOS MÁS RECIENTES ACTOS DE REPRESIÓN CONTRA LA POBLACIÓN DE YICH K’ISIS, SAN MATEO IXTATÁN,
HUEHUETENANGO, GUATEMALA
”. Emitidido por el Foro de ONG Internacionales en Guatemala, el 9/10/2018.

Adjuntamos el artículo: “Solidaridad con el pueblo y el territorio de Ixquisis-El agua es un derecho, no una mercancia”, de Paula Irene del Cid Vargas, colaboradora del periódico y asociación La Cuerda (Guatemala).

Solidaridad con el pueblo y el territorio de Ixquisis

El agua es un derecho, no una mercancía.

— Paula Irene del Cid Vargas /La Cuerda.

20/10/2018

La semana pasada circuló en redes un video donde se observa agentes de la Policía Nacional Civil atacando con bombas lacrimógenas y balazos a ciudadanos guatemaltecos del Pueblo Chuj y Q’anjob’al. Son residentes de Ixquisis, microrregión del municipio de San Mateo Ixtatán, fronterizo con México, al norte de Huehuetenango. Lo que genera el conflicto es la disputa por el uso y apropiación de los ríos Pojom, Negro y Yalhuitz.

Durante la administración de Álvaro Arzú, en 1996, se instaló como política estatal un modelo económico basado en explotación de minería, hidroeléctricas y agro-combustibles. Legalizaron la privatización de empresas públicas, asegurándose la apropiación del negocio de la generación y distribución de energía eléctrica. En Huehuetenango el gobierno tiene autorizadas 18 licencias para la construcción de hidroeléctricas y 101 licencias mineras.

La empresa Promoción y Desarrollos Hídricos S.A., ahora llamada Energía y Renovación, impulsa en la región tres proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés. Entre 2009 y 2011, sus delegados se reunieron con algunos comunitarios y alcaldes auxiliares haciéndoles creer que se beneficiarían con trabajo, desarrollo económico, mejora en condiciones de vida y electricidad domiciliar. Las personas que están a favor de estos proyectos lo hacen porque esperan esos beneficios. No obstante, la normativa refiere que solo pueden ser generadores y distribuidores si la potencia instalada es menor a cinco megavatios, que no es el caso para este tipo de proyectos.

Durante el conflicto armado, el ejército reclutó a parte de su población como “patrulleros de autodefensa civil”, quienes perpetraron actos de represión y genocidio contra sus vecinos. Aprovechando esta herida, aún sin sanar, la empresa los contrató como “seguridad privada”, reactivando la intimidación como práctica de control social.

En 2014, como en otros territorios en los que hay disputa por los bienes naturales, apareció maquinaria dañada, justificante para reactivar el destacamento militar en la región, ubicándolo en terrenos de la empresa.

Los vecinos de las aldeas Pojom, San Mateo, Ixquisis, El Platanar, Bella Linda y Varsovia usan al río para bañarse, beber, lavar ropa, recrearse y para la pesca de camarones, cangrejos y peces, y aunque parezca obvio, los comunitarios mencionan que el agua de estos ríos también sirve a los animales que habitan en las montañas. Con ello nos recuerdan que los humanos dependemos del equilibrio ecológico de nuestro entorno. Por ello, el 21 de mayo de 2009 en una Consulta Comunitaria de Buena Fe, realizada en el municipio de San Mateo, 25 mil 646 personas expresaron su rechazo a las licencias de exploración y explotación minera, y solo una votó a favor. Para ellos el agua es un derecho, no una mercancía.

En 2017, el Colectivo Resistencia Pacífica, integrado por más de 12 comunidades, reportó 75 ataques: acoso, violación sexual, tiroteos, asesinato y difamación. Esta situación no mejorará tachándoles de criminales por ejercer el derecho al agua. Urge la acción solidaria para evitar escenarios como el éxodo hondureño.

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