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El laberinto de la exclusión sanitaria: Vulneraciones del derecho a la salud en las Islas Baleares

12 de julio de 2013. La sección española de la organización Amnistía Internacional presentó el pasado 4 de julio en Palma de Mallorca el informe “El laberinto de la exclusión sanitaria”. Desde el pasado 1 de septiembre de 2012, el gobierno español ha limitado a través de un Real Decreto-Ley, el derecho a la salud de las personas migrantes en situación irregular que, desde esa fecha y con la excepción de algunos supuestos, deben pagar para recibir asistencia sanitaria, incluida la asistencia primaria.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  Duración aproximada: 00:08:20

Para Amnistía Internacional, esto constituye una violación del derecho humano a la salud de la personas migrantes que viven en España, al constituir una medida regresiva y discriminatoria, prohibida por los estándares internacionales de derechos humanos.

En Islas Baleares se está vulnerando el derecho a la salud de las personas migrantes en situación irregular. Los casos que oiremos más adelante constituyen un claro y lamentable ejemplo de las consecuencias de la aplicación de la reforma sanitaria.

Una reforma que retira el acceso a la atención sanitaria gratuita de las personas migrantes mayores de edad salvo en los supuestos de urgencias, embarazo, parto y posparto, y también para las personas solicitantes de protección internacional o las víctimas de trata a las que se les haya concedido el periodo de reflexión. Una medida regresiva y discriminatoria contraria al derecho internacional de los derechos humanos.

Las autoridades baleares decidieron aplicar la nueva normativa incluso cinco meses antes de que entrase en vigor. A partir de entonces, se ha construido un auténtico laberinto que obstaculiza el acceso al sistema sanitario público para las personas migrantes, con graves efectos para el derecho a la salud de este colectivo.

Luis es chileno, padre de un hijo de nueve años y llegó a Palma de Mallorca en 2007 para trabajar. En 2010 le diagnosticaron cáncer de vejiga. Le operaron y el médico le dijo que se tenía que hacer controles cada 4 o 6 meses. En noviembre de 2012, se fue a hacer una revisión y cuando pidió cita, le dijeron que no figuraba en la base de datos y le advirtieron que tendría que pagar. Al realizarse unas analíticas le llamaron para decirle que le iban a enviar todas las facturas a casa por todas las pruebas y las veces que le atendieron. Le dijeron que el precio de las analíticas es entre €80 y €200…cantidades que no puede afrontar.

Silvia Graciela Velazquez tiene 52 años, es uruguaya y tiene una nieta a su cargo. Llegó a España en 2003. Desde hace unos 7 años, padece de EPOC grave, una enfermedad pulmonar, que hace que la capacidad respiratoria disminuya. Es una enfermedad progresiva y en general no reversible. Además, sufre depresión. En enero fue a urgencias porque no podía respirar y le emitieron un compromiso de pago, a pesar de que la propia ley establece la gratuidad de este servicio. Silvia declara que antes del Real Decreto se hacía controles cada 2, 3 ó 6 meses. Ahora nada. Los tratamientos son muy caros y sin la tarjeta sanitaria no puede hacerlos. No tiene forma de saber cómo avanza su enfermedad. “Al quitarme la tarjeta sanitaria, no puede seguir los tratamientos (…) “muchas noches comienzo a asfixiarme y no puedo dormir”, cuenta Silvia.

El gobierno ha retirado desde abril de 2012 casi 20.000 tarjetas sanitarias. Estas personas, algunas con enfermedades graves crónicas, han quedado excluidas del sistema sanitario. Además, la falta de claridad de la normativa ha provocado un escenario de caos y confusión en el que cada centro de salud u hospital ha interpretado la misma norma de forma dispar, llegándose a veces incluso a denegar el acceso a la atención a personas cubiertas por la normativa. Este escenario, está haciendo desistir a muchas personas de acudir a los hospitales.

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