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Amnistía Internacional, informativo semanal a 22 de enero de 2013

24 de enero de 2013. Esta semana arrancaremos en España para pedir el fin de la impunidad policial tras los abusos cometidos contra manifestantes pacíficos. Hablaremos también de la represión que sufren los activistas sudaneses en Egipto. Además, en Turquía, varios abogados de derechos humanos han sido detenidos en aplicación de la legislación antiterrorista. En Irán denunciaremos la ejecución de una persona condenada por un delito que presuntamente cometió cuando era menor de edad. Para terminar este repaso, nos quedaremos con una buena noticia ya que en Sudán, una activista y profesora ha sido puesta en libertad después de nueve meses en prisión.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  

España: No golpeen a manifestantes. ¡Salir a la calle es un derecho!

Comenzamos este boletín informativo en España. Amnistía Internacional ha entregado más de 60.000 firmas en el Ministerio del Interior para pedir el fin de la impunidad policial tras los abusos cometidos contra personas que se han manifestado pacíficamente contra las medidas de austeridad aprobadas por el gobierno. Hablamos de casos de manifestantes que han recibido golpes y patadas, han sido rociados con gas lacrimógeno y alcanzados y heridos por balas de goma.

La organización reconoce que las fuerzas de orden público son la principal institución del Estado responsable del mantenimiento del orden público y del Estado de Derecho. Pero, igualmente, las normas internacionales para proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la integridad física, señalan claramente que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen el deber de de evitar o minimizar el uso de la fuerza y en todo momento deben aplicar los criterios de proporcionalidad y necesidad en el ejercicio de sus funciones.

Esto no ha ocurrido en España durante manifestaciones celebradas en Madrid, Barcelona y Valencia. Especialmente reseñable es el episodio ocurrido la noche del 25 de septiembre de 2012, tras la convocatoria denominada “Rodea el Congreso” dentro de la Estación de Cercanías de Atocha en Madrid, donde los agentes de policía golpearon de manera indiscriminada, sin distinguir entre viajeros y posibles manifestantes, poniendo en grave riesgo a los viajeros en la intervención policial que llevaron a cabo en las vías.

La organización también ha documentado que cuando estas personas denuncian las agresiones sufridas, a menudo no encuentran amparo en las autoridades. Las demandas por uso excesivo de la fuerza a manos de la policía ni se investigan adecuadamente ni se castiga a los responsables. Además, en los casos en los que se han iniciado las investigaciones, muchas veces las denuncias quedan archivadas al no poderse identificar a los agentes implicados.

La respuesta del gobierno a la actuación policial, a través de declaraciones a medios de comunicación, ha sido la de anunciar la prohibición o limitación de las grabaciones policiales durante las manifestaciones. Por otra parte, fuentes oficiales han sugerido la posibilidad de limitar el derecho de los manifestantes a protestar o imponer multas a los convocantes. Si sucede, se limitaría un derecho humano como es el derecho de toda persona a participar en reuniones y manifestaciones pacíficas.

Egipto/Sudán: La represión sigue acechando a los activistas sudaneses que buscaron seguridad en el país árabe

Continuamos en Egipto, a donde han llegado activistas sudaneses escapando de la persecución que sufren en su país. Sin embargo, el hostigamiento y los ataques les han seguido al cruzar la frontera. Amnistía Internacional ha documentado una serie de casos de activistas sudaneses que viven en El Cairo que han sufrido amenazas de muerte, vigilancia por parte de hombres no identificados, robos con fuerza en su domicilio y agresiones físicas, entre ellas una violación y un intento de apuñalamiento.

Un grupo de activistas han afirmado que la embajada de Sudán y agentes de los Servicios de Seguridad Nacional en El Cairo están detrás de esas actividades, con el objetivo de intimidarlos. Amnistía Internacional ha documentado con anterioridad cómo la presión y el hostigamiento habituales de las autoridades han hecho que trabajar en cuestiones relacionadas con el desarrollo, los derechos humanos y la paz sea cada vez más difícil en Sudán.

Defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas son atacados a menudo y sometidos a detención y reclusiones arbitrarias, acoso sexual, tortura y otros malos tratos. Para algunos, la única manera de poder continuar con su trabajo humanitario y de derechos humanos es salir del país.

Amnistía Internacional ha señalado que las autoridades egipcias deben investigar con urgencia la situación y garantizar que los agentes sudaneses no llevan a cabo operaciones dentro de Egipto que supongan una amenaza para los derechos humanos.

Turquía: Detención de destacados abogados de derechos humanos en aplicación de la legislación antiterrorista

Seguimos ahora en Turquía. 15 abogados de derechos humanos, conocidos por defender a víctimas de la violencia policial y el derecho a la libertad de expresión, han sido detenidos en varias redadas nocturnas realizadas policiales. Una operación que se ha llevado a cabo tanto en direcciones de particulares como en despachos de abogados.

Según información recibida por Amnistía Internacional, la policía registró la Asesoría Jurídica Popular sin que hubiera ningún representante de la fiscalía ni del colegio de abogados, como exige la ley. Una redada que se inscribe en una constante persecución que parece ir encaminada a silenciar las voces críticas.

La última oleada de detenciones, realizadas en aplicación de la legislación antiterrorista turca, fue dirigida contra presuntos miembros del grupo armado Partido-Frente Revolucionario de Liberación Popular. Debido a una “decisión secreta” aplicada al caso, las autoridades no han dado a conocer detalle alguno a los abogados de la defensa. Según informes, en la operación policial fueron detenidas más de 80 personas en siete ciudades de Turquía.

Amnistía Internacional lleva largo tiempo haciendo campaña contra la aplicación abusiva de la amplia y ambigua legislación antiterrorista turca para perseguir actividades pacíficas legítimas.

Irán: Ejecutan a una persona condenada por un delito presuntamente cometido cuando era menor

En Irán, la ejecución de un hombre de 21 años por un delito que, al parecer, cometió cuando según parece aún era menor de edad, demuestra un desprecio deplorable por el derecho internacional. En Irán, a las personas que aún no han cumplido 18 años en el momento de la comisión del presunto delito se las considera menores en virtud del derecho internacional y su ejecución está terminantemente prohibida.

Ali Naderi había sido condenado a muerte por su presunta participación en el asesinato de una anciana —cuando según parece aún tenía 17 años— durante un asalto con robo hace más de cuatro años. Otros dos jóvenes implicados en el asalto fueron condenados cada uno a 15 años de cárcel por robo.

Irán es uno de los pocos países del mundo en el que se siguen llevando a cabo ejecuciones de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, en contravención de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En Irán, la edad de responsabilidad penal sigue siendo la de la “madurez”. Es decir, nueve años lunares para las niñas y 15 años lunares en el caso de los niños.

Amnistía Internacional ha señalado que las autoridades iraníes deben concluir de inmediato la aplicación de la pena de muerte a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad.

Sudán: Presa de conciencia puesta en libertad

Esta semana concluimos en Sudán con una buena noticia. La profesora y activista Jalila Khamis Koko, detenida por el Servicio de Seguridad Nacional en marzo de 2012, ha sido puesta en libertad tras ser absuelta de todos los cargos excepto los relacionados con la “difusión de noticias falsas”, una vaga disposición del Código Penal que las autoridades suelen usar para silenciar a la disidencia y que es punible con seis meses de cárcel. Sin embargo, el tribunal ordenó que Jalila Khamis Koko quedara en libertad por haber pasado ya nueve meses en prisión preventiva.

Amnistía Internacional ha señalado que la libertad de Jalila es una victoria de la justicia, pero no pueden ignorarse los nueve meses que pasó en prisión por el mero hecho de expresar sus opiniones. En este sentido, el gobierno sudanés debe garantizar que Jalila, cuya salud se deterioró mucho mientras estuvo recluida, recibe una indemnización por haber sido privada de su libertad y separada de su familia durante tanto tiempo.

Por último, la organización ha señalado que el gobierno sudanés también debe garantizar que la activista puede volver a su trabajo como docente, del que fue injustamente despedida durante su detención.

Amnistía Internacional, informativo semanal
En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Contamos con cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo y más de 4.000 grupos locales integrados por voluntarios. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Nuestra misión consiste en realizar labores de (...) Ver más

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