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Amnistía Internacional, informativo semanal a 5 de julio de 2012

6 de julio de 2012. Esta semana hablaremos en primer lugar del comercio de armas. Los líderes políticos tienen la posibilidad de aprobar un Tratado sobre el Comercio de Armas que impida las transferencias de armas que fomentan los abusos contra los derechos humanos, la pobreza y los conflictos. No es un tratado más, sino un instrumento que puede poner freno a un comercio que está creciendo vertiginosa y descontroladamente. Por otro lado, hablaremos sobre el décimo aniversario de la Corte Penal Internacional. Amnistía Internacional ha señalado que es hora de que los gobiernos del mundo muestren el debido apoyo a la Corte comprometiéndose públicamente a respaldarla política y económicamente. Pondremos también la mirada en Egipto, donde el nuevo presidente, Mohamed Morsi, debe restablecer el Estado de derecho y gobernar para toda la ciudadanía. Por último, nos detendremos en Estados Unidos. La Corte Suprema ha declarado ilegal la pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para personas que eran menores de 18 años cuando cometieron el delito.



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ONU: Negociaciones históricas sobre el comercio de armas brindan la oportunidad de impedir futuras matanzas como las de Siria

Iniciamos este repaso con la mirada puesta en el comercio de armas. Los líderes políticos tienen una oportunidad histórica de poner los fines humanitarios y de derechos humanos por encima de los propios intereses y los beneficios en las negociaciones finales en las Naciones Unidas sobre la regulación del comercio mundial de armas.

La Coalición Armas bajo Control y Amnistía Internacional ham pedido a los gobiernos que acuerden un tratado con estrictas reglas que garanticen el respeto del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Cada minuto muere una persona, por término medio, a causa de la violencia armada, y todos los días sufren abusos y lesiones miles más.

Si no se aprueba un Tratado sobre el Comercio de Armas exhaustivo, millones de civiles más morirán, resultarán heridos, serán víctimas de violación o se verán obligados a huir de sus hogares. En la actualidad no hay unas normas internacionales exhaustivas y jurídicamente vinculantes que regulen el comercio mundial de armas convencionales, y las lagunas y deficiencias son comunes en los mecanismos nacionales y regionales de control.

Para que sus disposiciones sean efectivas, el Tratado sobre el Comercio de Armas debe exigir a los gobiernos que regulen estrictamente la venta y transferencia de todas las armas, municiones y equipo conexo utilizados en operaciones militares y de seguridad interna, desde los vehículos blindados hasta los misiles y los aviones, pasando por las armas pequeñas, las granadas y las municiones.

Además, se debe exigir a los gobiernos que lleven a cabo rigurosas evaluaciones de riesgos antes de autorizar una transacción o transferencia internacional de armas. Por último, se debe hacer rendir cuentas a quienes no cumplan con las obligaciones contraídas en virtud del Tratado. El pasado 3 de julio, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, hizo entrega de casi 700.000 firmas recogidas en todo el mundo a favor de un tratado sólido y eficaz al secretario general de la ONU, Ban-Ki Moon. El máximo dirigente de Naciones Unidas mostró su pleno apoyo a las reivindicaciones de la sociedad civil.

CPI: Al cabo de 10 años, es hora de que los líderes apoyen a la Corte

Hablamos ahora del décimo aniversario de la Corte Penal Internacional, creada para administrar justicia en favor de personas que han sido víctimas de algunos de los más graves delitos imaginables. Coincidiendo con esta fecha, Amnistía Internacional ha señalado que es hora de que los gobiernos del mundo muestren el debido apoyo a la Corte comprometiéndose públicamente a respaldarla política y económicamente.

Desde 1994, Amnistía Internacional hizo campaña, junto con miles de organizaciones no gubernamentales de todo el planeta, por el establecimiento de un tribunal internacional permanente para juzgar a los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La campaña dio sus frutos cuando, el 1 de julio de 2002, entró en vigor el Estatuto de Roma, firmado por 60 Estados. Al cabo de 10 años, el número de Estados Parte es de 121.

Hoy día, la Corte Penal Internacional ha comenzado a investigar y a intentar enjuiciar delitos cometidos en Costa de Marfil, Kenia, Libia, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, la región sudanesa de Darfur y Uganda. Está también decidiendo si abrir nuevas investigaciones sobre presuntos delitos cometidos en otros lugares como Afganistán, Colombia y Gaza. El 14 de marzo de 2012, la Corte dictó su primera sentencia, en la que declaró a Thomas Lubanga culpable de reclutar y utilizar a niños y niñas soldado en la República Democrática del Congo.

No obstante, los grupos de defensa de los derechos han advertido de las serias dificultades que se le presentan a la nueva fiscal de la Corte, Fatou Bensouda. Algunos Estados firmantes del Estatuto de Roma no han detenido a personas buscadas por la Corte, como el presidente sudanés Omar al Bashir, contra quien se ha dictado orden de detención por cargos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur.

En cuanto a Siria, Amnistía Internacional ha advertido de que el Consejo de Seguridad de la ONU no se está ocupando de crímenes de lesa humanidad cometidos en países que no han firmado el Estatuto de Roma, pese a haberlo hecho en los casos de Darfur y Libia. La organización pide también a los gobiernos que contribuyan a garantizar que la Corte Penal Internacional cuenta con los fondos necesarios para hacer justicia y ofrecer reparación a las víctimas.

Egipto: El nuevo presidente debe restablecer el Estado de derecho y gobernar para toda la ciudadanía

Nos trasladamos hasta Egipto, donde Amnistía Internacional ha pedido al nuevo presidente que asuma el reto de romper la espiral de abusos perpetuada durante los gobiernos de Hosni Mubarak y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. La organización ha instado a Mohamed Morsi a que, en sus primeros 100 días, tome medidas decisivas para poner firmemente a Egipto en el camino del Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.

Previamente a la ceremonia de toma de posesión, la organización le presentó un memorando en el que especifica lo que, a su juicio, son las prioridades principales de Egipto en materia de derechos humanos. Desde el levantamiento de enero del año pasado, los egipcios han oído prometer muchas veces que se van a atender sus demandas y que van a cambiar las cosas, pero hasta ahora sus esperanzas se ha visto en gran medida frustradas.

Entre las prioridades clave figuran poner fin a las atribuciones de los militares para detener a civiles y dejar en libertad a todos los presos de conciencia. Otra de las medidas necesarias sería reformar las fuerzas de seguridad, creando un órgano independiente con atribuciones para investigar las denuncias de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y haciendo pública la estructura de las fuerzas de seguridad.

La organización también ha solicitado abrir investigaciones independientes sobre las violaciones de derechos humanos que se han cometido –tanto con Mubarak como con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas– y adoptar medidas para acabar con la discriminación de las mujeres y las minorías religiosas. Por último, Amnistía Internacional ha pedido al nuevo presidente que ponga fin a la política de desalojos forzosos así como a las restricciones sistemáticas del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

EEUU: Otra medida satisfactoria sobre menores de edad en el sistema de justicia penal

Terminamos este repaso en EEUU. La Corte Suprema ha declarado ilegal la pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para personas que eran menores de 18 años cuando cometieron el delito. Amnistía Internacional, que se había sumado a un informe presentado ante la Corte en el que se pedía la abolición total de esta pena para los menores de edad, considera que esta sentencia es otro paso para que Estados Unidos se alinee con el derecho internacional sobre el tratamiento de los menores en el sistema de justicia penal.

La sentencia del caso Miller versus Alabama se ha dictado dos años después de que la Corte Suprema declarase inconstitucional la cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional por delitos que no fueran homicidio cometidos por menores de 18 años, y siete años después de que prohibiera la imposición de la pena de muerte a menores de edad.

En la actualidad, alrededor de 2.500 personas que eran menores de 18 años cuando cometieron un delito fueron juzgadas como adultos y cumplen hoy cadena perpetua sin posibilidad de obtener la libertad condicional por casos de asesinato en Estados Unidos, en unos 38 estados y en prisiones federales. Se cree que este país es el único del mundo que impone esta pena a personas que eran menores de 18 años cuando se cometió el delito.

La Convención sobre los Derechos del Niño prohíbe expresamente la cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años. Todos los países del mundo, excepto Estados Unidos y Somalia, han ratificado la Convención.

El gobierno del presidente Barack Obama ha indicado que apoya la ratificación por Estados Unidos de la Convención, y Amnistía Internacional seguirá instando al gobierno a que trabaje con el Senado a tal efecto. Mientras tanto, el Congreso y los poderes legislativos de cada estado deben trabajar a su vez para que Estados Unidos se alinee con el derecho internacional y proceda a abolir la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para los menores de edad en cualquier caso y por cualquier delito.

Amnistía Internacional, informativo semanal
En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Contamos con cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo y más de 4.000 grupos locales integrados por voluntarios. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Nuestra misión consiste en realizar labores de (...) Ver más

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