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Amnistía Internacional, informativo semanal a 4 de abril de 2012

4 de abril de 2012. En el boletín de esta semana hablaremos de la pena de muerte. En Japón, la ejecución de tres personas representa un inmenso retraso en el alineamiento de este país con la tendencia mundial de alejarse de la pena de muerte. En la India, el aplazamiento de la ejecución de una persona es un buen paso que debe ser continuado con la suspensión oficial de todas las ejecuciones. En Guatemala, la organización ha solicitado al gobierno de Otto Pérez Molina que se tome en serio los desalojos forzosos que afectan a las comunidades indígenas en el país. Hablaremos también de El Salvador. Amnistía Internacional ha instado al gobierno del país a establecer el paradero de los centenares de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto que sufrió el país entre 1980 y 1992. Terminaremos este repaso en la Unión Europea, donde AI pide a sus países miembros que investiguen la complicidad con las entregas extraordinarias de la CIA



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  

Pena de muerte en Japón e India: Los ahorcamientos representan un retroceso inmenso

Arrancamos este boletín hablando de la pena de muerte. Por un lado, la decisión de Japón de ahorcar a tres presos tras casi dos años sin ejecuciones representa un retroceso. Por otro, en la India se ha aplazado a última hora la ejecución de Balwant Singh, cuyo ahorcamiento estaba previsto el 31 de marzo. En Japón, el ministro de Justicia autorizó la ejecución de tres hombres justificando que era su deber como ministro. Las ejecuciones el país se llevan a cabo mediante el ahorcamiento y, normalmente, en secreto. Es habitual además no avisar antes al condenado o hacerlo con muy poca antelación.

Hace unos días, Amnistía Internacional publicó su informe sobre la situación de la pena de muerte en el mundo, señalando en él el hecho positivo de que Japón llevara casi dos años sin ejecutar a nadie. Ante las ejecuciones realizadas, la organización ha pedido a Japón que se sume a los más de dos tercios de los países del mundo que han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica, y que declare una suspensión de las ejecuciones como primer paso para la abolición.

En la India, Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción el aplazamiento de la ejecución de Balwant Singh, que sirve para recordar la necesidad de que el gobierno conmute todas las penas de muerte del país. Su ejecución habría sido la primera en ocho años en la India y habría representado un paso atrás en el alineamiento de este país con la tendencia mundial de alejarse de la pena de muerte.

El gobierno de la India debe establecer una suspensión oficial de las ejecuciones, conmutar todas las condenas a muerte y, en última instancia, abolir la pena capital para todos los delitos.

Guatemala: Miles de personas marchan para exigir el fin de los desalojos forzosos

Nos trasladamos hasta Guatemala. El nuevo gobierno del país debe poner fin al uso de los desalojos forzosos para resolver los conflictos sobre tierras. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional tras concluir una marcha de protesta en la que decenas de miles de manifestantes han caminado durante nueve días hasta la ciudad de Guatemala, capital del país. Esta marcha, de 215 kilómetros, se organizó para conmemorar el primer aniversario del desalojo forzoso de 12 comunidades indígenas en el Valle del Polochic, en el norte del país.

Las poblaciones indígenas de las zonas rurales son especialmente vulnerables en los conflictos sobre tierras. Unos conflictos en los que en muchos casos, el sistema jurídico del país concede prioridad a los intereses de los grandes terratenientes y se pone de su parte y contra los derechos humanos de los trabajadores rurales.

Los desalojos, de cuya ejecución se ocupan la policía y el ejército, se realizan a menudo avisando con escasa antelación, y generalmente incumplen las normas internacionales. En muchos casos, las fuerzas de seguridad incendian las viviendas y posesiones de las familias durante las operaciones de desalojo, y a las personas afectadas sólo les quedan las prendas de vestir que llevan puestas.

El gobierno de Otto Pérez Molina debe mostrar que se toma en serio este enorme problema. El ejecutivo debe decretar la suspensión de los desalojos forzosos y reformar la ley para conceder prioridad a los derechos de las personas más vulnerables en los conflictos sobre tierras.

El Salvador: Establecer el paradero de los centenares de niños y niñas desaparecidos, una deuda pendiente

En El Salvador, el Estado debe cumplir con sus obligaciones internacionales y con las familias afectadas, estableciendo el paradero de centenares de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado entre 1980 y 1992. También debe llevar a los responsables ante la justicia.

En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en el caso de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz que el Estado del país tenía la obligación de crear una Comisión Nacional de Búsqueda para los niños y niñas víctimas de desaparición forzada. En 2010, las autoridades de El Salvador crearon dicha Comisión.

Sin embargo, esta institución aún no cuenta con el personal suficiente para cumplir su imprescindible tarea. En 2012 aún queda mucho por hacer, y la Asamblea Nacional tiene que asegurar que el mandato de esta Comisión no se acabe hasta que todos los niños y niñas sean localizados.

Aunque es difícil llegar a una cifra exacta, se estima que más de 700 niños y niñas fueron víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno en el país. Gracias a los esfuerzos de familiares y organizaciones no gubernamentales, más de 300 han sido localizados.

Unión Europea: Los países miembros deben investigar la complicidad con las entregas extraordinarias de la CIA

Concluimos nuestro boletín en la Unión Europea. Amnistía Internacional considera que los países miembros de la UE deben investigar su presunta implicación en las entregas extraordinarias de la CIA. La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo está elaborando un informe sobre traslados ilegales, desapariciones y torturas de detenidos en Europa, como continuación de la investigación del Parlamento de 2007.

Los nuevos datos y la información que han salido a la luz en los últimos cinco años hacen imprescindible que los Estados miembros actúen. El procedimiento del Parlamento Europeo es una oportunidad perfecta para presionar a los gobiernos reticentes para que hagan avances en la rendición de cuentas por operaciones en las que se cometieron violaciones atroces de derechos humanos, incluidas torturas y desapariciones forzadas.

El informe de 2007, presidido por el relator Claudio Fava, fue recibido con una fuerte oposición en el Parlamento Europeo, lo que hizo que no hubiera prácticamente una rendición de cuentas real entre los países de la UE. Después de este informe, el gobierno lituano ha reconocido que albergó prisiones secretas de la CIA; se ha identificado un edificio en la capital de Rumanía como presunto centro de detención de la CIA, y una investigación polaca sobre centros secretos se ha tambaleado en reiteradas ocasiones, a pesar de que los datos revelados en 2009 ampliaron las pruebas de complicidad. Además, un proyecto de investigación en el Reino Unido quedó interrumpido abruptamente en 2011, pendiente del resultado de una investigación penal sobre la complicidad británica con las entregas de la CIA a Libia.

La organización denuncia que no hay escasez de información sino falta de voluntad para averiguar la verdad y ha instado a los países de la UE a que colaboren plenamente con el procedimiento del Parlamento Europeo, lo que incluye facilitar información y permitir visitas a emplazamientos. La organización cree que la Comisión LIBE debe elaborar un informe autorizado y completo que ponga de relieve las lagunas de los procedimientos de rendición de cuentas, tanto en el ámbito nacional como en el de la UE.

Amnistía Internacional, informativo semanal
En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Contamos con cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo y más de 4.000 grupos locales integrados por voluntarios. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Nuestra misión consiste en realizar labores de (...) Ver más

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