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Amnistía Internacional, informativo semanal a 8 de marzo de 2011

8 de marzo de 2012. En el boletín de esta semana, celebraremos el Día Internacional de la Mujer hablando del papel protagonista que las mujeres han tenido en los alzamientos de Oriente Medio. Sin embargo, aún hay camino por recorrer para que sean protagonistas de sus derechos. Además, denunciaremos la violencia sexual que sufren niñas y mujeres tanto en Colombia como en la República Democrática del Congo. Hablaremos también de dos antiguos conflictos. En Croacia, se debe investigar las responsabilidades de altos cargos de las fuerzas policiales y el Ejército que participaron en la operación militar de Medak Pocket, en el marco del conflicto croata entre 1991 y 1995. En Ruanda, la puesta en libertad del ex ministro del gobierno Charles Ntakirutinka es una buena noticia. Sin embargo, Amnistía Internacional insta a las autoridades a poner fin a la represión que sufre la disidencia.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  

Oriente Medio: Las mujeres, protagonistas de las revueltas pero no de los derechos

Comenzamos este boletín rememorando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Con motivo de esta fecha, Amnistía Internacional quiere destacar el papel fundamental que han jugado las mujeres en los alzamientos de Oriente Medio y el Norte de África. Sus llamamientos para que se ponga fin a la discriminación de género en todos los ámbitos de la vida pública, política y social han encontrado eco en toda la región. La organización afirma que ese activismo se debe traducir en victorias para los derechos de la mujer.

En Arabia Saudí, una de las restricciones más inusitadas es la prohibición a las mujeres de conducir. Decenas de mujeres que participaron en la campaña “Women2Drive” el año pasado fueron detenidas y obligadas a firmar un compromiso de no volver a conducir nunca. Al menos una fue juzgada y condenada a 10 latigazos.

En Bahréin, miles de mujeres participaron en manifestaciones antigubernamentales; decenas fueron detenidas y, según informes, algunas sufrieron tortura u otros malos tratos. Entre esos miles de mujeres está la poetisa Aayat al-Qormozi, condenada a un año de prisión por un tribunal militar después de leer un poema dirigido al rey. Fue acusada de haber participado en manifestaciones ilegales, alterado la seguridad pública y hacer apología del odio al régimen.

En Egipto, las mujeres estuvieron en la primera línea de las protestas y reivindicaciones de cambio durante los días de la revolución, pero desde entonces se ha avanzado poco en la mejora de su situación. Siguen estando discriminadas tanto en la ley como en la práctica, y nada se ha hecho para garantizar su participación equitativa en la toma de decisiones. Además, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas estableció el requisito de que cada partido político tenga al menos una mujer en su lista de candidatos, pero sin exigir que se las incluya en la parte alta de la lista. Ni el 1% de los escaños del nuevo Parlamento está ocupado por mujeres, a pesar de constituir el 51% de la población del país.

En Yemen, las mujeres han contribuido a crear una vibrante sociedad civil, lo que se reconoció en la escena mundial el año pasado, cuando Tawakkol Karman, periodista y activista pro derechos de la mujer, fue una de las tres mujeres galardonadas con el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, la discriminación de la mujer en Yemen sigue siendo generalizada. Las mujeres que participaron en las protestas del año pasado fueron objeto de hostigamiento, detención y, en algunos casos, de palizas por su activismo político. Otras sufrieron intimidación a manos de sus familiares varones, a quienes las autoridades presionan para que “hagan valer su control”.

A pesar de los avances logrados en toda la región, aún queda camino por recorrer. Para Amnistía Internacional, las mujeres deben participar en igualdad con los hombres en el proceso de reforma política y en materia de derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África. Por otra parte, debe reconocerse en la legislación su igualdad de derechos en cuanto a, entre otras cosas, el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la sucesión. Las mujeres deben gozar de protección jurídica frente a la violencia de género, incluido el acoso sexual, la violencia intrafamiliar y la violación conyugal. Para respaldar estas reclamaciones, la organización ha puesto en marcha una ciberacción que recoge firmas que serán enviadas a las autoridades de Arabia Saudí, Bahréin, Egipto y Yemen.

Violencia sexual: AI denuncia la impunidad de la violencia sexual en Colombia y la República Democrática del Congo

Continuamos hablando de mujeres pues la violencia sexual contra este colectivo es un problema endémico tanto en Colombia como en la República Democrática del Congo (RDC) en el marco de prolongados conflictos armados. Ambos países coinciden también en la respuesta de la justicia, que da la espalda a las víctimas. Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, activistas de Amnistía Internacional han organizado acciones durante el mes de marzo en más de 20 ciudades españolas para denunciar esta situación.

Las partes del conflicto tanto en Colombia como en la RDC luchan entre ellas, pero comparten la misma técnica del terror: la agresión sexual en todos sus grados. Mientras las víctimas padecen la estigmatización y las secuelas físicas, psicológicas y económicas por los abusos sufridos con la excusa de la guerra sus agresores están, en la mayoría de los casos, libres y sin temor a enfrentarse a la justicia

En la RDC, la violencia sexual y de género la perpetran tanto grupos armados como las fuerzas de seguridad. En 2009, hubo al menos 15.000 violaciones en el país, según la ONU. En Colombia, las mujeres son utilizadas como “arma de guerra” tanto por la guerrilla de las FARC como por los supuestamente desmovilizados paramilitares y por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Ni siquiera se ha podido contabilizar el número de casos, aunque se sabe que más del 80% de las mujeres que sufrieron violencia sexual relacionada con el conflicto en 2010 no denunciaron la agresión.

Ante la justicia inoperante en ambos casos, Amnistía Internacional exige a los gobiernos de Colombia y RDC que dejen de utilizar los conflictos como coartada para no rendir cuentas por las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Los gobiernos de estos países deben asegurar a las víctimas el acceso a la verdad, la justicia y la reparación y sobre todo, deben dejar de defraudarlas, llevando por fin ante la justicia a quienes han cometido graves delitos contra ellas.

Croacia: Altos mandos deben ser investigados

Pasamos ahora a hablar del conflicto croata entre 1991 y 1995. La detención de cinco presuntos autores de crímenes de guerra contra civiles y prisioneros de guerra en 1993 en la operación militar en Medak Pocket, en el este del país, es un paso en la dirección correcta para investigar todos los crímenes de guerra. Sin embargo, ninguno de los detenidos es un mando superior del ejército.

Durante dicha operación, fuerzas policiales y del Ejército Croata atacaron varios pueblos serbios. Según cálculos de la ONU, más de un centenar de serbocroatas fueron víctimas de homicidio ilegítimo y muchos sufrieron tortura y violación. Además, once pueblos fueron completamente arrasados. Hasta la fecha, las autoridades croatas no han investigado las denuncias según las cuales los comandantes de la operación tuvieron responsabilidad de mando en estos crímenes. Entre ellos Janko Bobetko, jefe del estado mayor del Ejército Croata en el momento de la operación, y el general Davor Domazet-Lošo.

En 2008, el tribunal local de Zagreb atribuyó la responsabilidad de mando de la operación sobre el terreno al general Davor Domazet-Lošo, así como al general Janko Bobetko como jefe supremo. Pese a ello, el fiscal jefe del Estado aún no ha abierto una investigación para determinar si Davor Domazet-Lošo tiene responsabilidad de mando en estos delitos.

Después de 16 años, el número de personas que han comparecido ante tribunales croatas por delitos de derecho internacional cometidos durante la guerra de 1991-1995 en Croacia es muy reducido. La mayoría de estos procedimientos no se ajustaron al derecho internacional penal ni a las normas internacionales sobre juicios justos. Siguen pendientes de enjuiciamiento unas 490 causas por crímenes de guerra.

Además, no se han tomado medidas adecuadas para la protección de testigos y, como consecuencia, es frecuente que estos sufran intimidación y por tanto no deseen declarar ante un tribunal. Aunque en los últimos años se ha avanzado en relación con el enjuiciamiento de crímenes de guerra, las autoridades de Croacia siguen sin garantizar a las víctimas de crímenes de guerra y a sus familias el derecho a obtener verdad, justicia y reparación.

Ruanda: Ahora que Charles Ntakirutinka ha sido liberado, se insta a Ruanda a poner fin a la represión de la disidencia

Terminamos este boletín en Ruanda. La liberación tras una década de prisión del ex ministro del gobierno Charles Ntakirutinka ha impulsado a Amnistía Internacional a pedir el fin de la persecución continuada de opositores políticos y periodistas en el país. La organización considera que el gobierno de Ruanda debe hacer realidad sus promesas de respetar la libertad de expresión y asociación.

Charles Ntakirutinka, considerado preso de conciencia por la organización, fue detenido en abril de 2002 como parte de la represión previa a las elecciones presidenciales de 2003, las primeras que se celebraban desde el genocidio de 1994. Tras ocupar el cargo de ministro en el gobierno posterior al genocidio, en 2001 formó un nuevo partido político, el Partido Democrático por la Renovación. Después de un juicio injusto celebrado en 2004, fue declarado culpable de “incitación a la desobediencia civil” y “asociación con elementos delictivos”. La fiscalía alegó que había organizado reuniones clandestinas para alterar el orden público, provocar conflicto civil y planear el asesinato de ciertas autoridades gubernamentales.

En Ruanda, las autoridades siguen procesando a opositores políticos y a periodistas por criticar al gobierno, y la represión va en aumento en los periodos previos a las elecciones. Así, en los meses anteriores a las elecciones presidenciales de agosto de 2010, hubo una oleada de represión de la libertad de expresión y asociación.

A los nuevos partidos de oposición se les impidió presentarse a las elecciones. El Frente Democrático Unido y el Partido Democrático Verde no pudieron obtener la autorización de seguridad para organizar los mítines necesarios para poder inscribirse. El único nuevo partido que lo consiguió, el Partido Social Ideal, sufrió la infiltración de miembros disidentes y decidió no presentarse.

Otro caso de represión es el de Bernard Ntaganda, presidente del Partido Social Liberal, condenado a cuatro años de prisión en febrero de 2011. Había sido declarado culpable de “divisionismo” por pronunciar, antes de las elecciones de 2010, discursos públicos en los que criticaba la política gubernamental. Su caso se encuentra actualmente en proceso de apelación. Por su parte, Victoire Ingabire, dirigente de las Fuerzas Democráticas Unidas está siendo actualmente juzgada por cargos de terrorismo, creación de grupo armado, “ideología del genocidio" y “sectarismo”.

El cargo de “ideología del genocidio” que se le imputa se basa, en parte, en la petición pública realizada por esta dirigente política de que se enjuicien los crímenes de guerra cometidos por el Frente Patriótico Ruandés.

Amnistía Internacional, informativo semanal
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