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Amnistía Internacional, informativo semanal a 26 de enero de 2012

26 de enero de 2012. Esta semana nos detendremos a analizar el caso Garzón. El magistrado está siendo juzgado por iniciar una investigación sobre violaciones de derechos humanos durante la guerra civil y el franquismo. Además, hablaremos de Egipto cuando se cumple un año de las primeras manifestaciones en el país para poner fin a los 30 años de la dictadura de Hosni Mubarak. De vuelta a España, 75 organizaciones, entre las que se encuentra Amnistía Internacional, han solicitado a Mariano Rajoy la aprobación de un II Plan de Derechos Humanos. Terminaremos este boletín en Cuba, donde las autoridades del país son responsables de la muerte bajo custodia del preso de conciencia Wilman Villar Mendoza.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  

Caso Garzón: nadie debe ser juzgado por investigar violaciones de derechos humanos

Comenzamos este repaso informativo en España. El pasado día 24 de enero comenzó en el Tribunal Supremo el proceso judicial contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Amnistía Internacional considera escandaloso que un magistrado sea juzgado por buscar justicia, verdad y reparación para las víctimas y los familiares de una violación masiva de derechos humanos.

Garzón, actualmente suspendido, está acusado de un presunto delito de prevaricación por haber abierto una causa para investigar la desaparición forzada de casi 115.000 personas entre julio de 1936 y diciembre de 1951. A Garzón se le acusa, entre otras cuestiones, de no aplicar a sabiendas la Ley de Amnistía de 1977 en la instrucción del caso.

La organización considera irrelevante que la investigación del juez Garzón infringiera o no la legislación nacional española, ya que es justamente la Ley de Amnistía de 1977 la que impide iniciar procesamientos por delitos de derecho internacional, lo que supone un incumplimiento de las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional.

Para la organización, jamás puede considerarse como delito la investigación de violaciones de derechos humanos, aún si para ello es necesario dejar de lado una ley de amnistía u otras normas relativas a la prescripción de los delitos. Además, es profundamente preocupante la dilación que ha sufrido la investigación de los crímenes de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo.

Los criterios utilizados para fundamentar los cargos contra el juez han sido esgrimidos por juzgados territoriales que investigaban los crímenes cometidos durante el franquismo para archivar masivamente los procedimientos. La organización considera que este hecho está afectando de manera grave los derechos de las víctimas y sus familias.

Por otra parte, Amnistía Internacional urge a las autoridades españolas a que centren sus esfuerzos en revelar la verdad de los millares de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura cometidos durante el franquismo y en proporcionar reparación plena a las víctimas y sus familias.

Egipto: Los partidos se comprometen a poner fin al estado de excepción

Continuamos en Egipto. Un año después de que se iniciaran las protestas contra Hosni Mubarak, la mayoría de los grandes partidos políticos egipcios se han comprometido a llevar a cabo una ambiciosa reforma de derechos humanos en la transición del país. Sin embargo, se han mostrado contradictorios a la hora de comprometerse a terminar con la discriminación, proteger los derechos de las mujeres y abolir la pena de muerte.

Antes de las elecciones parlamentarias que comenzaron en noviembre, Amnistía Internacional pidió a los partidos políticos que concurrían a los comicios que firmaran un “manifiesto de derechos humanos” con 10 medidas clave para indicar que se tomaban en serio la realización de una reforma significativa en el ámbito de los derechos humanos.

Amnistía Internacional escribió a 54 partidos políticos y trató de reunirse con 15 de los principales. Nueve de estos firmaron el manifiesto, bien completo o bien alguno de sus puntos, mientras que otros tres contestaron verbalmente. El Partido de la Libertad y la Justicia (Hermanos Musulmanes), que obtuvo el mayor número de escaños en la nueva Asamblea del Pueblo, fue uno de los tres que no dieron una respuesta significativa.

La organización consiguió que casi todos los partidos se comprometieran a abordar el problema de los derechos de las personas que viven en asentamientos precarios y a procurar que los derechos económicos sociales y culturales sean una realidad para todos los egipcios.

Sin embargo, la organización señala que es preocupante que varios partidos se negaran a comprometerse con la igualdad de derechos para las mujeres cuando sigue habiendo enormes obstáculos para que éstas desempeñen una función plena en la vida política del país. Amnistía Internacional insta al nuevo Parlamento a que aproveche la oportunidad de redactar una nueva Constitución.

Entre los principales puntos del manifiesto figuraban terminar con las casi tres décadas de estado de excepción, combatir la tortura, defender la libertad de expresión y asociación, garantizar los juicios justos e investigar los abusos perpetrados bajo el régimen de Hosni Mubarak.

España: 75 organizaciones piden a Rajoy que se apruebe el Segundo Plan de Derechos Humanos

Volvemos de nuevo a España, donde un total de 75 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, se han dirigido mediante una carta abierta al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para instarle a que apruebe un Segundo Plan de Derechos Humanos para la Décima Legislatura, que dé continuidad y consolide el Plan anterior, puesto en marcha en 2009.

Esta solicitud enlaza con la petición de Naciones Unidas para que los diferentes Estados adopten Planes Nacionales de Derechos Humanos, y con la resolución adoptada en junio pasado en el Congreso de los Diputados en el transcurso del Debate del Estado de la Nación, con la que la mayoría de los partidos políticos, incluida la totalidad del Grupo Popular, se comprometieron a adoptar un nuevo Plan.

Para las organizaciones firmantes, este nuevo Plan debe garantizar medidas concretas tanto de política exterior como de política interior. Igualmente debe incorporar objetivos claros, estrategias de acción y plazos de aplicación que permitan contribuir a la consecución de resultados. El Plan debe avanzar también hacia una mayor transparencia con la sociedad civil y el Congreso de los Diputados, a quien el Gobierno deberá informar anualmente sobre el cumplimiento de dicho Plan.

Para Amnistía Internacional, los derechos humanos deben considerarse un interés nacional y deben estar en el centro de las políticas que se lleven a cabo. Sólo así se conseguirán avances que beneficien a las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos que hay en todo el mundo, incluidas las del propio país. La pena de muerte, la pobreza, la impunidad, el racismo, el derecho a la vivienda y a la salud, entre otros, deben ser temas prioritarios en la adopción de este Plan.

Cuba: Las autoridades cubanas son “responsables” de la muerte del activista en huelga de hambre

Terminamos en Cuba, donde la muerte bajo custodia de un preso de conciencia constituye un trágico recordatorio de la intolerancia del gobierno de Raúl Castro con la disidencia. Wilman Villar Mendoza, falleció la pasada semana en el hospital al que había sido trasladado desde la cárcel por problemas de salud presuntamente ocasionados por la huelga de hambre que había iniciado para protestar por su juicio y encarcelamiento injustos.

Amnistía Internacional señala que la responsabilidad de esta muerte recae directamente sobre las autoridades cubanas, que lo habían juzgado y encarcelado de forma sumaria por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Las autoridades cubanas deben poner fin al acoso, persecución y encarcelamiento de manifestantes pacíficos y de activistas políticos y de derechos humanos. Además, la organización señala que los presos de conciencia deben ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional.

En noviembre de 2011, la policía arrestó a Wilman y a otros ocho miembros de la Unión Patriótica Cubana, un grupo disidente, por participar en una manifestación contra el gobierno de Cuba. Mientras estuvo bajo custodia, la policía intimidó a Wilman diciéndole que lo harían desaparecer o que lo encarcelarían por cargos penales derivados de un arresto anterior si no cesaba en sus protestas y abandonaba el grupo disidente.

Fue puesto en libertad después de permanecer tres días bajo custodia de la policía, pero fue citado posteriormente ante el Tribunal Municipal de Contramaestre. Los jueces lo juzgaron a puerta cerrada y desestimaron el testimonio de la esposa de Wilman y de otros testigos de la defensa. El activista fue condenado a cuatro años de cárcel y lo trasladaron inmediatamente a prisión. Ese mismo día, Wilman inició una huelga de hambre en protesta por la sentencia dictada contra él.

Con motivo del deterioro de la salud de Wilman durante los últimos días, los miembros de la Unión Patriótica Cubana y del grupo de oposición las Damas de Blanco organizaron una vigilia a las puertas del hospital. El 18 de enero, los funcionarios de seguridad disolvieron la concentración y detuvieron a más de una docena de personas.

Amnistía Internacional, informativo semanal
En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Contamos con cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo y más de 4.000 grupos locales integrados por voluntarios. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Nuestra misión consiste en realizar labores de (...) Ver más

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