El último informe anual de Amnistía Internacional presentado esta semana alerta de un deterioro generalizado de los derechos humanos a escala global, marcado por el auge del autoritarismo, la (…)
Hoy comenzaremos hablando sobre Camboya, donde más de 3.000 familias corren riesgo de sufrir desalojos forzados. Alertaremos también sobre las más de 40.000 personas que siguen desaparecidas en todo el mundo. Y acabaremos pidiendo a las autoridades iraníes que dejen de acosar y encarcelar a los defensores y defensoras de los derechos de las mujeres
Desalojo de población en Camboya
Comenzamos en Camboya, donde decenas de miles de residentes de Phnom Penh temen un desalojo forzado por las obras de reurbanización del lago Boeung Kak. Se calcula que en las orillas del lago y en la zona circundante viven entre 3.000 y 4.200 familias.
Los planes de urbanización del lago surgieron en 2007, después de que el ayuntamiento de Phnom Penh firmase un acuerdo de cesión de 99 años a la promotora inmobiliaria privada Shukaku. Según el ayuntamiento, esta empresa convertiría la zona en “un agradable centro de comercio y servicio para turistas nacionales e internacionales.”
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades camboyanas que detengan inmediatamente el llenado del lago, ante la inexistencia de planes, indemnizaciones y viviendas alternativas adecuadas para las más de 3.000 familias afectadas. De no ser así, este podría convertirse en el mayor desalojo forzado de Camboya después de la guerra. Además, la organización ha denunciado que el proyecto auspiciado por el ayuntamiento de Phnom Penh infringe tanto las leyes camboyanas como las normas del derecho internacional, y supone por tanto una violación de derechos humanos.
Día Internacional de los Desaparecidos
Esta semana, Amnistía Internacional ha conmemorado el Día Internacional de los Desaparecidos, que comenzó a celebrarse en 1983 como iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos.
Poco se ha avanzado desde entonces. En este 25 aniversario, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias informó sobre 41.257 casos pendientes de desaparecidos en 78 países. Desde Argelia a Colombia, pasando por Nepal, la Federación Rusa, El Salvador, Sri Lanka o Túnez, entre otros.
La práctica gubernamental del secuestro, rapto o detención de personas y de recluirlas en secreto ha persistido y se ha propagado a medida que un número creciente de países acepta y justifica este abominable crimen, sobre todo en el contexto de la llamada “Guerra contra el Terror” impulsada por el Gobierno de Estados Unidos. Las personas recluidas en este programa son víctimas de desaparición forzada. Están privadas de libertad sin que nadie sepa dónde están y corren peligro de ser torturadas o de que las maten. El presidente Bush autorizó el programa de detención prolongada en régimen de incomunicación en lugares secretos en 2007.
También Pakistán, desde que se unió a la "guerra contra el terror", ha pasado a formar parte de la lista de países en los que se practica la desaparición forzada. Entre las personas que han desaparecido hay ciudadanos paquistaníes y extranjeros de quienes se sospechaba que tenían algún tipo de relación con grupos terroristas, así como opositores políticos del gobierno paquistaní que ejercían presión para lograr más derechos para sus comunidades.
Por esto, Amnistía Internacional ha instado a los Gobiernos de todo el mundo a ratificar la Convención Internacional sobre Personas Desaparecidas, adoptada el 20 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas. La Convención constituye una oportunidad crucial para erradicar la abominable práctica de las desapariciones, garantizar que las víctimas y sus familias tengan acceso a la justicia y evitar que los crímenes del pasado caigan en el olvido. Sin embargo, aún debe ser ratificada por 20 Estados para su entrada en vigor, y hasta la fecha sólo cuatro países lo han hecho.
II Aniversario de la campaña Igualdad en Irán
También estos días Amnistía Internacional celebra el segundo aniversario del lanzamiento de la Campaña por la Igualdad en Irán: una red de personas que trabajan para poner fin a la discriminación legal contra las mujeres. La Campaña informa a las mujeres de sus derechos, y tiene como objetivo reunir un millón de firmas de la ciudadanía iraní para presentar una petición contra las leyes discriminatorias.
Desde que comenzaron su trabajo, algunas de las personas que participan en la Campaña han sido condenadas o se enfrentan a cargos por defender de forma pacífica los derechos de las mujeres, y Amnistía Internacional pide que se retiren esos cargos y que las personas que cumplen penas de prisión por esos motivos sean puestas en libertad de manera inmediata e incondicional.
Asimismo, Amnistía Internacional insta al Gobierno y al Parlamento de Irán a poner fin a las leyes y prácticas que siguen discriminando a las mujeres y negándoles el acceso a los derechos humanos. Además, el Gobierno iraní debe ratificar sin reservas la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y modificar las leyes y prácticas iraníes para adecuarlas a dicha Convención.
