Esta semana en nuestro boletín informativo, hablaremos de la situación de las mujeres refugiadas sirias en Líbano, expuestas a la explotación y al acoso sexual. En Nigeria, denunciaremos la readmisión de un general implicado en asesinatos masivos. Además, pondremos el foco de atención en la normativa bancaria de Luxemburgo, que es insuficiente para frenar el comercio de armas. Terminaremos esta semana en China, donde se ha incrementado la represión imponiendo penas de cárcel a activistas críticos.

5 de febrero de 2016
| Producción: URCM
| Duración: 00:06:10

Líbano: Mujeres refugiadas sirias expuestas a la explotación y al acoso sexual

Comenzamos este repaso informativo en Líbano, donde las carencias de la ayuda internacional y las políticas discriminatorias impuestas por las autoridades libanesas están creando unas condiciones que facilitan la explotación de las mujeres refugiadas en Líbano y los abusos contra ellas.

Así lo señala Amnistía Internacional en un informe en el que pone de relieve que esta combinación de factores está alimentando un clima en el que las mujeres refugiadas de Siria corren riesgo de sufrir acoso y explotación, y no pueden pedir protección a las autoridades.
Líbano tiene más personas refugiadas per cápita que ningún otro país del mundo y no ha recibido la ayuda de la comunidad internacional; sin embargo, esto no justifica que no se ofrezca protección a las personas refugiadas frente a la explotación y los abusos.

Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que aumente el número de plazas de reasentamiento y otras rutas seguras fuera de la región que se ofrecen a las personas refugiadas de Siria. Además, debe aumentar la ayuda económica y usar la conferencia de donantes de esta semana para comprometerse a cubrir las necesidades de financiación de la ONU destinadas a prestar asistencia a la crisis de Siria para el periodo 2016-2017.

Nigeria readmite a un general implicado en asesinatos masivos
Seguimos en Nigeria. La rehabilitación de un general del ejército nigeriano implicado en el asesinato masivo de centenares de detenidos resalta aún más la enorme ausencia de medias del gobierno para acabar con la impunidad de los crímenes de guerra.

En junio del año pasado, Amnistía Internacional mencionó al general de división Ahmadu Mohammed, junto con otros ocho altos mandos militares, para pedir una investigación sobre su posible responsabilidad penal en crímenes de guerra entre los que figuran las muertes de más de 8.000 detenidos.

El general Ahmadu estaba al mando de la 7ª División y era responsable de las operaciones cuando el ejército ejecutó a más de 640 detenidos tras un ataque de Boko Haram contra el centro de detención del cuartel de Giwa. Fue apartado de su cargo en 2014 por otras razones, pero este mes ha sido rehabilitado.

En un minucioso informe, la organización expuso una serie de crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército en el curso de sus operaciones contra Boko Haram. Determinó que, desde marzo de 2011, más de 7.000 personas habían muerto de hambre, asfixiadas y torturadas en campos militares de detención. A 1.200 más las habían detenido y ejecutado ilegítimamente.

Luxemburgo: La normativa bancaria, insuficiente para frenar el comercio de armas

Nuestra siguiente parada es Luxemburgo. Amnistía Internacional ha señalado que las normas y las políticas bancarias sobre la financiación del sector armamentístico son incompletas e insuficientes. Esto provoca que sea muy difícil impedir que los bancos financien e inviertan en la producción y transferencia de armas prohibidas internacionalmente o empleadas para cometer violaciones graves de derechos humanos.

Un nuevo informe de la organización, analiza las deficiencias del sector financiero de Luxemburgo a la hora de establecer normas, políticas y procedimientos destinadas a frenar eficazmente el apoyo financiero a las actividades relacionadas con las armas.

Luxemburgo no ha prohibido expresamente todas las operaciones financieras relacionadas con armas prohibidas internacionalmente o armas convencionales empleadas para cometer crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos. Las únicas excepciones son las restricciones a las actividades de financiación relativas a las municiones de racimo y armas destinadas a actividades terroristas.

Amnistía Internacional pide a Luxemburgo que prohíba estrictamente las actividades financieras relacionadas con armas cuya fabricación, almacenamiento, transferencia y uso violen el derecho internacional. También deberá adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar la aplicación y el cumplimiento eficaces de esta prohibición y, en concreto, definir las obligaciones profesionales aplicables a los bancos y sanciones por el incumplimiento de estas obligaciones. Asimismo, los bancos que operan en Luxemburgo deben reforzar sus políticas y procedimientos. Las conclusiones y recomendaciones del informe son también aplicables a otros países de la Unión Europea y de otras regiones.

China: Se intensifica la represión imponiendo penas de cárcel a activistas críticos

Terminamos este repaso en China, donde se ha intensificado la represión. Las víctimas más recientes por motivos políticos han sido tres activistas chinos de derechos humanos críticos con el gobierno, condenados a prisión por publicar libros sobre la democracia y el activismo.

Los tres activistas han sido declarados culpables por “incitar a la subversión del poder el Estado” y condenados a cinco años de cárcel, tres y medio y dos y medio, respectivamente.

Las autoridades parecen intensificar el uso de falsos cargos relacionados con la “seguridad nacional” a medida que aumentan sus ataques contra activistas y contra quienes critican los abusos de poder.

En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un (...)
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