El último informe anual de Amnistía Internacional presentado esta semana alerta de un deterioro generalizado de los derechos humanos a escala global, marcado por el auge del autoritarismo, la (…)
Esta semana iniciaremos nuestro repaso en España donde Amnistía Internacional ha pedido el cese de la estigmatización contra miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En segundo lugar, nos detendremos en Grecia para denunciar la situación de las plantaciones de fresa al sur del país. En Estados Unidos, la organización ha solicitado de nuevo el fin de la reclusión indefinida en Guantánamo ante el avance de presos en huelga de hambre. Nuestra última parada será Rusia, donde la violación del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación ha sido marca distintiva del gobierno de Vladimir Putin.
España: AI pide que cese la estigmatización contra miembros y simpatizantes de la PAH
Arrancamos este repaso informativo en España. Amnistía Internacional considera graves las declaraciones que diversas autoridades y algunos miembros del Partido Popular están realizando contra las protestas pacíficas protagonizadas en su mayoría por miembros y simpatizantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Por ello, la organización se ha dirigido al Gobierno para pedirle que no se admitan los ataques contra todo un colectivo que reivindica sus derechos y que se reconozca la legitimidad de sus reivindicaciones. Además, ha solicitado que no se restrinja el derecho de libertad de expresión y manifestación pacífica.
Amnistía Internacional está preocupada por el intento de estigmatización a todo un colectivo con acusaciones genéricas de “pertenecer a organizaciones filoetarras”, “utilizar prácticas nazis”, e incluso que se pidan “medidas contundentes por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, con el propósito de deslegitimar unas reivindicaciones, que, por supuesto, son legítimas.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un informe de 2013, ha recordado que ninguna persona puede ser criminalizada o sujeta a amenazas o actos de violencia, persecución, intimidación o represalias por denunciar violaciones de derechos humanos en el contexto de la protesta pacífica. Amnistía Internacional ha señalado que es imprescindible que el Estado adopte medidas eficaces para reconocer la legitimidad de este colectivo y de sus reivindicaciones.
Además, ha recordado al Gobierno que el derecho internacional de los derechos humanos no permite, y muchos menos establece, la restricción a la libertad de expresión, simplemente porque otras personas lo encuentren ofensivo o porque las autoridades digan que constituye un riesgo para el orden público. Tanto la jurisprudencia internacional como el propio Tribunal Constitucional han reiterado que los responsables políticos deben aceptar las críticas, aunque sean ingratas, molestas o incómodas.
Grecia: Desesperación en los campos tras los disparos contra 33 trabajadores migrantes en Manolada
Seguimos ahora en Grecia. Aquí, las víctimas de un reciente tiroteo en una plantación de fresas en el sur del país siguen temiendo por su seguridad y su sustento. A mediados del mes de abril, los capataces de la plantación dispararon contra un grupo de 33 trabajadores bangladeshíes cuando éstos se unieron a otros trabajadores que protestaban porque llevaban siete meses sin cobrar su salario. Ocho de los trabajadores resultaron heridos de gravedad.
Durante una visita de Amnistía Internacional a la plantación, la delegación observó las terribles condiciones en las que viven los trabajadores, hacinados en cobertizos sin acceso a agua no contaminada ni a saneamiento. La organización ha señalado que es preciso hacer más para abordar las espantosas condiciones y la explotación laboral en la que viven en la plantación de Manolada.
La organización visitó algunos de los cobertizos donde viven los recolectores de fresas. En cada una de esas estructuras, consistentes en poco más que una cubierta de plástico, viven más de 20 personas. Carecen de saneamiento y su único acceso a agua corriente es una manguera.
Según testigos entrevistados por Amnistía Internacional, en la zona trabajan unos 2.000 bangladeshíes, junto con otros 3.000 o más trabajadores de otros países, entre ellos Bulgaria y Albania. Algunos tienen permiso de residencia o han solicitado el asilo, pero otros son migrantes irregulares sin seguro ni acceso a atención médica. Las violaciones de derechos humanos en la plantación de Manolada han sido denunciadas desde 2008 y algunos periodistas que han cubierto el tema han recibido amenazas.
Estados Unidos: Las autoridades deben poner fin a la reclusión indefinida en Guantánamo ante el avance de la huelga de hambre
Nos quedamos ahora en Estados Unidos, donde las autoridades deben poner fin urgentemente a la reclusión por tiempo indefinido en Guantánamo. Las autoridades militares han reconocido que, a fecha de 21 de abril, 84 de los 166 hombres recluidos en la base estaban en huelga de hambre. Los detenidos iniciaron su protesta a principios de febrero, como respuesta a los abusivos registros de las celdas y al empeoramiento de las condiciones.
Las autoridades militares han negado tales afirmaciones, pero reconocen que entre los detenidos cunde el desánimo porque piensan que el gobierno estadounidense ha abandonado sus esfuerzos para cerrar el centro de detención.
Según informes, las autoridades militares han afirmado que se está “alimentando por sonda” a 16 detenidos en huelga de hambre y que cinco han sido hospitalizados. Aunque Amnistía Internacional no está en posición de conocer los detalles de estos casos, considera preocupante la cuestión de la alimentación forzosa de una persona en huelga de hambre en relación con la ética médica, el consentimiento informado, la autonomía del detenido, la confidencialidad y el trato a los detenidos.
Amnistía Internacional escribió en marzo al secretario de Defensa estadounidense para expresarle su preocupación por la salud y el bienestar de los detenidos, y pidió al gobierno de Estados Unidos que trabajara urgentemente con el Congreso para volver a dar carácter prioritario a la resolución de las detenciones y el cierre del centro. Sin embargo, la organización aún no ha recibido respuesta.
Federación rusa: La caza de brujas del presidente Putin
Terminamos esta semana en la Federación rusa. Amnistía Internacional señala en un informe que el menoscabo y la violación sistemáticos del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación han sido el sello distintivo de la trayectoria de Vladimir Putin en materia de derechos humanos durante el primer año de su tercer mandato como presidente de Rusia.
Se han introducido dos nuevas leyes y se han modificado otras 11 en una amplia campaña represiva de la disidencia, las críticas y las protestas. Así mismo, las enmiendas hechas a la Ley Federal sobre Reunión en junio de 2012 han complicado excesivamente los procedimientos de aprobación y han incrementado notablemente las condenas para los delitos administrativos. Además, han impuesto responsabilidades adicionales sobre los organizadores, cuya responsabilidad por la actuación de los participantes ha aumentado. La prohibición o la disolución ilegal de las manifestaciones se ha convertido en algo habitual y las protestas han estado marcadas por el uso excesivo por parte de la policía y detenciones arbitrarias.
En un lenguaje deliberadamente similar al de la guerra fría, una ley aprobada en 2012 exige que las organizaciones que reciban financiación del extranjero se describan como “agentes extranjeros” si se considera que participan en “actividades políticas” no definidas. Esta ley y la reciente “Ley Dima Yakovlev” restringen la financiación que reciben las ONG desde Estados Unidos y la capacidad de los ciudadanos estadounidenses de trabajar para organizaciones que tienen actividades en Rusia, imponiendo restricciones a la libertad de asociación que no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos.
La oleada de inspecciones de ONG –más de 200 desde el inicio del año en 50 regiones del país– ha afectado a todos los grupos de derechos humanos más destacados de Rusia y parece haber puesto en marcha la aplicación de esta ley. Amnistía Internacional también ha denunciado que se han adoptado y modificado numerosas leyes que ponen en peligro la libertad de expresión. Con su extenso ámbito de aplicación y su amplia formulación, la Ley Federal sobre Espionaje y Traición puede utilizarse fácilmente para procesar a defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil rusos que cooperan con organizaciones internacionales.
