Esta semana destacamos los siguientes temas: Los líderes mundiales deben centrarse en la protección de la población y acordar un alto al fuego duradero y sostenible en Oriente Medio. En Rusia, la (…)
Esta semana abordamos el papel de España en el Comercio de Armas, analizamos las cifras de condenados a pena de muerte en el mundo y nos despediremos hablando sobre la situación que vive Nepal estos días.
España: Ley Contra el Comercio de Armas
Esta semana comenzamos en España, donde representantes del Gobierno, Parlamento, expertos y ONG’s han debatido el contenido de la futura ley sobre comercio de armas que el Gobierno debe presentar antes de fin de año.
En el encuentro, Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam han presentado a los legisladores un informe con medidas adoptadas por otros países que deben servir de ejemplo para la normativa española.
Se trata de un conjunto de medidas concretas, desde los criterios para evitar que lleguen armas a destinos "sensibles" hasta cómo deben ser las licencias del Gobierno en todo el proceso de comercialización de armas, incluidas la producción, intermediación y exportación.
En España, aunque se han producido progresos en materia de transparencia, el gobierno sólo informa semestralmente de las exportaciones y aporta una información incompleta y tardía, con un mínimo de medio año de retraso.
Pena de Muerte
Tratamos ahora la situación de la pena de muerte en el mundo. Más de 20.000 personas condenadas a muerte en todo el mundo se encuentran a la espera de que las maten sus propios gobiernos. Amnistía Internacional ha revelado que durante el año 2005 al menos 5.186 personas fueron condenadas a muerte. 2.148 fueron ejecutadas.
El 94 por ciento de las ejecuciones tuvieron lugar en cuatro países: Arabia Saudí, China, Estados Unidos e Irán, si bien durante 2005 hubo condenas a muerte en 53 países.
Es destacable decir que estas cifras son aproximadas debido al secretismo que rodea a la pena de muerte. Algunos gobiernos, como el de China, se niegan a publicar estadísticas oficiales completas sobre las ejecuciones, mientras que, por ejemplo Vietnam, ha llegado a declarar “secreto de Estado” las estadísticas e informaciones sobre la pena capital.
La pena de muerte constituye la negación máxima e irreversible de los derechos humanos, pues vulnera la esencia de los valores humanos. Se suele aplicar de forma discriminatoria, después de juicios injustos o por motivos políticos. Puede ser un error irreversible cuando es consecuencia de un error judicial. Además, no constituye un freno especial contra la delincuencia.
A pesar de las espeluznantes cifras sobre la pena de muerte, sigue intensificándose la tendencia en favor de la abolición: el número de países que llevan a cabo ejecuciones se ha reducido en un 50 por ciento durante los últimos 20 años y ha disminuido por cuarto año consecutivo.
Nepal
Y nos despedimos desde Nepal, donde la situación parece no mejorar. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad se han cobrado la vida de al menos 15 personas en las últimas semanas, agravando una situación de derechos humanos ya de por sí grave.
Los diez años de guerra civil de Nepal se han cobrado la vida de miles de civiles y han obligado a cientos de miles de personas a huir de sus hogares. Esta inestabilidad política y social ha llevado a la gente a salir a la calle a reclamar reformas democráticas.
La respuesta de las autoridades ha sido restringir las manifestaciones pacíficas mediante órdenes de prohibición, toques de queda y detenciones arbitrarias de centenares de personas, lo cual sólo sirve para agravar una situación ya de por sí inestable.
Amnistía Internacional ha pedido repetidamente al gobierno que respete el derecho a la manifestación política pacífica, así como que ordene investigaciones inmediatas e imparciales sobre todas las denuncias relativas al uso indebido de la fuerza o de armas de fuego.
