
Estas son las noticias más destacadas de la semana: En España hablaremos del espionaje con el programa de vigilancia Pegasus. Además, en Arabia Saudí una campaña denuncia cómo se utiliza la (...)
Estas son las noticias más destacadas de la semana: Los talibanes avanzan sin tregua en la destrucción de todo lo conseguido en materia de derechos humanos en los últimos veinte años en Afganistán. Hablaremos también de las deficientes investigaciones de feminicidios en el Estado de México. Además, en Rusia los derechos humanos deben ser una prioridad para los nuevos parlamentarios y parlamentarias elegidos a la cámara baja del Parlamento estatal. Y terminaremos hablando de la pandemia porque un nuevo informe apunta cómo las principales empresas farmacéuticas que desarrollan las vacunas contra la COVID-19 avivan una crisis sin precedente de derechos humanos.
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En contra de las reiteradas afirmaciones de los talibanes de que respetarían los derechos de la población afgana, un documento de Amnistía Internacional describe una larga lista de abusos contra los derechos humanos, entre ellos, homicidios selectivos de civiles y soldados que se habían rendido.
Además, se ha bloqueo la ayuda humanitaria en el valle de Panjshir, lo que constituyen crímenes de derecho internacional, y se han vuelto a imponer restricciones a las mujeres, la libertad de expresión y la sociedad civil.
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Las investigaciones sobre feminicidios precedidos de desaparición, realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, presentan graves deficiencias por la inacción y negligencia de las autoridades. Esto ha llevado a la pérdida de evidencias, a que no se examinen todas las líneas de
investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género. Unas insuficiencias que obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes.
El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades. Estas deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios.
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No deben eludir su deber de abordar con urgencia el cada vez más lamentable historial de derechos humanos del país mediante la reforma de la legislación represiva y la reanudación del control parlamentario del ejecutivo.
Los derechos de libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, actualmente aplastados por la represión del Kremlin contra figuras de oposición, medios de comunicación independientes y grupos de derechos humanos deben ser una prioridad.
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AstraZeneca, BioNTech, Johnson &Johnson, Moderna, Novavax y Pfizer se han negado a participar en las iniciativas concebidas para impulsar el suministro global de vacunas. Además, se han negado a compartir la tecnología de las vacunas y casi ninguna da prioridad a las entregas dirigidas a los países pobres.
BioNTech, Moderna y Pfizer han previsto ganar 130.000 millones de dólares estadounidenses para finales de 2022. Sin embargo, menos del 10% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos está totalmente vacunada, frente al 55% de la de los países ricos. Ante la cumbre global sobre la COVID-19 organizada por el presidente Biden, Amnistía Internacional ha pedido que se entreguen 2.000 millones de vacunas a los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de que termine el año.