Esta semana destacamos las siguientes noticias: Las ejecuciones de pena de muerte aumentaron hasta alcanzar la cifra más alta registrada en 44 años. En Siria, se debe investigar como crímenes de (…)
Estas son las noticias más destacadas de la semana: Más de mil menores no acompañados en Canarias están en riesgo de acabar viviendo en la calle en un limbo sin derechos. Hablaremos también de los ataques de los gobiernos a la libertad de expresión y que están teniendo un peligroso impacto en la crisis de salud pública. Además, Amnistía Internacional ha presentado cinco estrategias para hacer que la policía rinda cuentas en América Latina y el Caribe. Y terminaremos en Chile pidiendo responsabilidad de mandos a la Fiscalía Nacional de Chile cuando se cumplen dos años del estallido social en el país.
Sommaire
- En España, más de mil menores no acompañados en Canarias están en riesgo de acabar viviendo en (…), p2
- Los ataques de los gobiernos a la libertad de expresión tienen un peligroso impacto en la (…), p3
- Amnistía Internacional presenta cinco estrategias para hacer que la policía rinda cuentas en (…), p4
- Amnistía Internacional presenta un informe sobre responsabilidad de mandos a la Fiscalía (…), p5
Los ataques de los gobiernos a la libertad de expresión tienen un peligroso impacto en la crisis de salud pública
Amnistía Internacional, informativo semanal a 22 de octubre de 2021 - Los ataques de los gobiernos a la libertad de expresión tienen un peligroso impacto en la crisis de salud pública
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
A lo largo de la pandemia de la COVID-19, los gobiernos han lanzado un ataque sin precedentes contra la libertad de expresión, restringiendo seriamente los derechos de las personas. Se ha puesto en el punto de mira a los canales de comunicación, se han censurado las redes sociales y se han cerrado medios de comunicación. Todo ello ha tenido un terrible impacto en la capacidad de la población para acceder a información vital sobre cómo enfrentarse a la COVID-19.
En mitad de una pandemia, se ha silenciado y encarcelado a periodistas y profesionales de la salud. La consecuencia es que la gente no ha podido acceder a información sobre la COVID-19, incluida la que les podría ayudar a protegerse y proteger a sus comunidades.
