En el boletín de esta semana destacamos las siguientes noticias: En Argelia, las amenazas de reanudar las ejecuciones después de 30 años suponen un duro golpe para los derechos humanos. En Irán, (…)
Estas son las noticias más destacadas de la semana: Más de mil menores no acompañados en Canarias están en riesgo de acabar viviendo en la calle en un limbo sin derechos. Hablaremos también de los ataques de los gobiernos a la libertad de expresión y que están teniendo un peligroso impacto en la crisis de salud pública. Además, Amnistía Internacional ha presentado cinco estrategias para hacer que la policía rinda cuentas en América Latina y el Caribe. Y terminaremos en Chile pidiendo responsabilidad de mandos a la Fiscalía Nacional de Chile cuando se cumplen dos años del estallido social en el país.
Sommaire
- En España, más de mil menores no acompañados en Canarias están en riesgo de acabar viviendo en (…), p2
- Los ataques de los gobiernos a la libertad de expresión tienen un peligroso impacto en la (…), p3
- Amnistía Internacional presenta cinco estrategias para hacer que la policía rinda cuentas en (…), p4
- Amnistía Internacional presenta un informe sobre responsabilidad de mandos a la Fiscalía (…), p5
Los ataques de los gobiernos a la libertad de expresión tienen un peligroso impacto en la crisis de salud pública
Amnistía Internacional, informativo semanal a 22 de octubre de 2021 - Los ataques de los gobiernos a la libertad de expresión tienen un peligroso impacto en la crisis de salud pública
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
A lo largo de la pandemia de la COVID-19, los gobiernos han lanzado un ataque sin precedentes contra la libertad de expresión, restringiendo seriamente los derechos de las personas. Se ha puesto en el punto de mira a los canales de comunicación, se han censurado las redes sociales y se han cerrado medios de comunicación. Todo ello ha tenido un terrible impacto en la capacidad de la población para acceder a información vital sobre cómo enfrentarse a la COVID-19.
En mitad de una pandemia, se ha silenciado y encarcelado a periodistas y profesionales de la salud. La consecuencia es que la gente no ha podido acceder a información sobre la COVID-19, incluida la que les podría ayudar a protegerse y proteger a sus comunidades.