En el boletín de esta semana destacamos las siguientes noticias: En Argelia, las amenazas de reanudar las ejecuciones después de 30 años suponen un duro golpe para los derechos humanos. En Irán, (…)
Esta semana hablaremos de los últimos acontecimientos que viven varios de los países protagonistas de las protestas antigubernamentales en el Norte de África y Oriente Medio. Comenzaremos hablando de Yemen, donde existe un riesgo cada vez mayor de que se desencadene una posible guerra civil si no se pone freno a la represión contra los manifestantes antigubernamentales. Iremos hasta Bahréin, donde tras el fin del estado de excepción se prevén nuevas protestas. Amnistía Internacional insta a las autoridades del país a que no vuelva hacer un uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones. También nos desplazaremos a Egipto, allí Amnistía Internacional exige justicia para las mujeres que participaron en las protestas contra el ex presidente Hosni Mubarak y que fueron sometidas a ’pruebas de virginidad’ por el ejército del país. Terminaremos nuestro boletín semanal en India, donde su presidenta ha aprobado las primeras ejecuciones después de siete años sin realizarse esta práctica en el país.
Yemen: El país se expone a una guerra civil si no se pone fin a las muertes de manifestantes
Empezamos hablando de Yemen, donde la represión contra los manifestantes no ha cesado desde que comenzaron las protestas antigubernamentales a mediados de enero. Amnistía Internacional considera que el país se expone a una situación de caos y una posible guerra civil si las autoridades yemeníes no ponen fin de inmediato a las muertes de manifestantes y a otras violaciones de derechos humanos.
Según informes, desde el pasado domingo las fuerzas de seguridad yemeníes han asesinado a numerosas personas en la ciudad meridional de Taizz. Los cuerpos de seguridad descargaron munición real contra los manifestantes que pedían la dimisión del presidente yemení. Además, durante los últimos días los enfrentamientos han estallado también en Saná, la capital del país, tras la ruptura del alto el fuego entre el gobierno y un líder tribal local, por lo que se está viendo amenazada la vida de ciudadanos locales y otras personas inocentes. Según informes, muchas familias se han visto obligadas a huir de la zona para refugiarse al sur del país.
Las manifestaciones en contra del presidente de Yemen, reprimidas de forma violenta por las fuerzas de seguridad, se han saldado con más de 145 víctimas mortales desde mediados de enero.
Bahrén: Al concluir el estado de excepción, se prevén nuevas protestas
Nos desplazamos ahora a Bahréin. Amnistía Internacional ha instado a las autoridades del país a no volver a hacer uso de la fuerza contra los manifestantes ante las protestas antigubernamentales convocadas por activistas ante la perspectiva de que el rey de Bahréin levante el estado de excepción impuesto tras las manifestaciones anteriores.
Las autoridades deben permitir que la población ejerza pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y asociación cuando se levante el estado de excepción y no se deben cometer los mismos errores que en febrero y marzo cuando las protestas fueron reprimidas de forma violenta por las fuerzas de seguridad.
Las autoridades de Bahréin dicen que al menos 24 personas, entre ellas 4 policías, han muerto en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes desde que comenzaron las protestas en febrero. Además, cerca de 500 manifestantes han sido detenidos, de los que cuatro han muerto bajo custodia en circunstancias sospechosas, y al menos 2.000 personas han sido despedidas o suspendidas de sus puestos de trabajo, aparentemente por participar en las protestas.
Egipto: El reconocimiento de que se han realizado ’pruebas de virginidad’ forzadas debe ir acompañado de justicia
Continuamos en Egipto donde un alto mando militar ha admitido que el ejército sometió a ’pruebas de virginidad’ a mujeres manifestantes en las protestas antigubernamentales que acabaron con la caída de Hosni Mubarak. Amnistía Internacional considera que tras este reconocimiento, las autoridades egipcias deben condenar estas actitudes discriminatorias hacia las mujeres y llevar ante la justicia a los responsables de ordenar y realizar estas pruebas.
Bajo anonimato, un algo general egipcio dijo a CNN que las mujeres detenidas el 9 de marzo en la plaza de Tahrir, en El Cairo, habían sido obligadas a someterse a ’pruebas de virginidad’, algo que el gobierno anteriormente había negado. Amnistía Internacional reunió en marzo los testimonios de mujeres manifestantes sometidas a ’pruebas de virginidad’ forzadas, y escribió al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto para pedir una investigación. Sin embargo, aún no ha recibido respuesta.
Cuando el ejército despejó violentamente la plaza de Tahrir el 9 de marzo, 18 mujeres fueron detenidas, golpeadas y sometidas a descargas eléctricas y, de ellas, 17 fueron sometidas a registros corporales sin ropa y a ’pruebas de virginidad’ forzadas, además de ser amenazadas con cargos de prostitución. Las mujeres comparecieron ante un tribunal militar el 11 de marzo, y quedaron en libertad el 13 de marzo. Varias recibieron condenas condicionales de un año de prisión por cargos como conducta desordenada, destrucción de la propiedad, obstaculización del tráfico y posesión de armas.
Amnistía Internacional teme que las actitudes discriminatorias y patriarcales hacia las mujeres en Egipto impidan la plena participación de las mujeres en el proceso de reforma. Además, a pesar de que en la primera línea de las protestas que forzaron la dimisión del presidente Mubarak había mujeres, no se eligió a ninguna mujer para integrar el comité de de reforma constitucional, y apeas han obtenido representación en el nuevo gobierno.
India: Volver a ejecutar supondría un revés para los derechos humanos
Terminamos nuestro boletín semanal en India. La presidenta Pratibha Patil ha decidido aprobar las primeras ejecuciones que se llevan a cabo en el país desde 2004. Amnistía Internacional considera que esta decisión va contra la tendencia mundial de terminar con las ejecuciones y supondría un paso atrás para la situación de los derechos humanos en el país.
Según informan los medios de comunicación de India, la presidenta ha aceptado la recomendación del Ministerio del Interior de rechazar las peticiones de gracia presentadas por dos hombres condenados a muerte tras un paréntesis de siete años sin ejecuciones.
Aunque India votó en contra de la resolución en la que se pedía una moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2007, 2008 y 2010, la presidenta Patil había conmutado las condenas a muerte de 20 presos desde noviembre de 2009. La última ejecución que tuvo lugar en India fue en agosto de 2004.