En el boletín de esta semana destacamos las siguientes noticias: En Argelia, las amenazas de reanudar las ejecuciones después de 30 años suponen un duro golpe para los derechos humanos. En Irán, (…)
Esta semana nuestro boletín centra su atención en la Ley de Justicia Universal. Observaremos cual es su situación actual y haremos hincapié en qué pasos debería dar España para seguir siendo uno de los referentes mundiales en la lucha contra la impunidad. Estaremos también en Israel, donde mostraremos atención al plan de construcción del gobierno israelí de 238 viviendas en territorio ocupado. En otro orden de asuntos, pediremos al gobierno marroquí y a las autoridades del Frente Polisario que respeten a la disidencia y liberen a sus presos de conciencia. Y terminaremos en Guatemala, dónde Amnistía Internacional exige que los ex altos cargos del gobierno, acusados de estar involucrados en ejecuciones extrajudiciales de presos, se enfrenten ahora a la justicia.
España sigue retrocediendo en su compromiso con la investigación de los crímenes internacionales
Cuando en 1998, el juez Baltasar Garzón dictó una orden de detención contra Augusto Pinochet, por su presunta responsabilidad en la comisión de crímenes internacionales en Chile, España se convirtió en un país pionero en la aplicación del principio de Jurisdicción Universal. Su ejemplo no sólo animó a tribunales de muchos otros países. También en 1998 se adoptaba el Estatuto de Roma que crearía la Corte Penal Internacional, y establecía un tribunal permanente para juzgar a los autores de crímenes internacionales.
Han pasado algo más de diez años y el papel de España en la aplicación de la Ley de Justicia Universal parece haber dado un giro de ciento ochenta grados. Existen muchos ejemplos que nos muestran cómo nuestro país no ha dejado de retroceder en la lucha contra la impunidad.
En octubre de 2008, Baltasar Garzón inició la primera investigación sobre las denuncias de desapariciones forzosas durante la Guerra Civil española y el franquismo. La investigación, pasó a más de 60 juzgados territoriales. Sin embargo, sólo dos abrieron diligencias, otros dos juzgados llevaron las causas ante el Tribunal Supremo y el resto las archivó, alegando que el delito había prescrito o la Ley de Amnistía de 1977. También el Ministerio Fiscal declaró que el cauce a seguir es el de la Ley de “Memoria Histórica” y no el de los tribunales. Además, se inició una causa contra el juez Baltasar Garzón, actualmente suspendido de sus funciones, por un presunto delito de prevaricación al no respetar la ley de Amnistía de 1977.
Ante esta situación, Amnistía Internacional exige al Ministerio Fiscal que impulse la investigación de todo crimen internacional cometido en territorio español. También reclama a los tribunales que retiren los cargos contra Garzón, ya que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no se les puede aplicar ninguna ley de amnistía. Además, si Garzón fuera declarado culpable, se estaría lanzando un aviso al resto de los jueces que se enfrenten a situaciones similares. Con ello quedaría definitivamente eliminado el derecho de obtener justicia de las víctimas ante los tribunales españoles.
Los planes de asentamientos ilegales israelíes amenazan los derechos humanos de los palestinos
Ponemos ahora nuestra mirada en Israel, cuyo gobierno tienen previsto construir 238 nuevas viviendas en varios asentamientos israelíes en Jerusalén Oriental. Aunque estas áreas no se habían visto afectadas por una reciente congelación de la construcción de asentamientos, toda construcción en territorio ocupado es considerada ilegal por el derecho internacional.
Israel se anexionó tras la guerra de 1967, 70,5 km² de tierras en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental y sus alrededores.
Israel ha calificado en Cisjordania ya aproximadamente el 40 por ciento de la tierra como “estatal”, utilizándola a menudo para asentamientos. Además, un 21 por ciento más de las áreas edificadas de los asentamientos se encuentran en tierras palestinas de propiedad privada.
En Jerusalén Oriental, casi 200.000 israelíes viven en un 35 por ciento de las tierras expropiadas. Mientras, a más de 250.000 palestinos les corresponde sólo el 13 por ciento de Jerusalén Oriental, que ya tiene una alta densidad de edificación. Las apropiaciones de tierras para construir asentamientos, carreteras, el muro o infraestructuras, han tenido como consecuencia desalojos forzosos.
Según la ONU, sólo en 2009 más de 600 palestinos –más de la mitad de ellos menores – se vieron desplazados de Cisjordania tras ser demolidas sus viviendas. Además, según las leyes militares israelíes, las familias palestinas desalojadas no tienen derecho a una vivienda alternativa ni a una indemnización. Por consiguiente, muchas se quedan sin techo y en la indigencia. La discriminación por motivos de nacionalidad y religión es la característica dominante en la política de asentamientos de Israel.
Juicio a activistas saharauis por visitar los campos de refugiados
Nos trasladamos a Marruecos, donde Amnistía Internacional ha pedido a sus autoridades que dejen en libertad a tres activistas saharauis que van a ser sometidos a juicio a raíz de su visita a los campos de refugiados que administra el Frente Polisario en territorio de Argelia.
Brahim Dahane, Ali Salem Tamek y Ahmed Nasiri han sido acusados de "menoscabar la seguridad interna" de Marruecos. También se enfrentan a juicio por los mismos cargos Yahdih Ettarouzi, Saleh Labihi, Dakja Lashgar y Rachid Sghir, que fueron puestos en libertad provisionalmente. Amnistía Internacional considera inaceptable las autoridades marroquíes procesen a estas siete personas, entre las que se encuentran defensores de los derechos humanos y ex víctimas de desapariciones forzadas, por visitar libremente los campos de refugiados y reunirse con miembros del Frente Polisario. Amnistía internacional los considera presos de conciencia.
El Frente Polisario también ha reprimido la disidencia. El 21 de septiembre de 2010, detuvo a uno de sus miembros, Mustafa Salma, tras haber expresado públicamente su apoyo a la autonomía del Sáhara Occidental bajo el gobierno marroquí.
Ambos casos muestran la importancia de incluir un componente de observación de la situación de los derechos humanos en el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) a fin de proteger a las poblaciones afectadas, dado que las autoridades marroquíes y el Frente Polisario se acusan mutuamente de aprovecharse con fines políticos de los motivos de preocupación en materia de derechos humanos.
Ex altos cargos deben enfrentar juicios sobre ejecuciones extrajudiciales
Nuestro repaso concluye esta semana en Guatemala, donde algunos ex altos cargos del gobierno han sido acusados de estar involucrados en ejecuciones extrajudiciales de preso.
Tanto Carlos Vielman como el ex director de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperisen –que actualmente residen en Suiza–, como otros ex oficiales están siendo objeto de investigación por la muerte de presos de dos centros penitenciarios guatemaltecos en 2005 y 2006.
Amnistía Internacional no se posiciona sobre si los sospechosos son responsables de estos crímenes, los cuales tienen derecho a la presunción de inocencia; pero pide que sean devueltos a Guatemala para que se enfrenten a la justicia o llevados a juicio en sus países de residencia.