En el boletín de esta semana destacamos las siguientes noticias: En Argelia, las amenazas de reanudar las ejecuciones después de 30 años suponen un duro golpe para los derechos humanos. En Irán, (…)
Esta semana en nuestro boletín informativo hablaremos de España porque un año después de los abusos policiales cometidos en la estación de Atocha, en Madrid, continúa la impunidad. Seguimos en España para denunciar también que la desaparición forzada sigue sin ser un crimen a perseguir. Nuestra tercera parada será Kenia, donde el ataque sufrido en un centro comercial supone una afrenta despreciable a los derechos humanos. Por último, nos detendremos en Palestina para solicitar a la policía y las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en la Cisjordania ocupada que pongan fin al uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.
España: Un año después de los abusos policiales de Atocha continúa la impunidad
Arrancamos esta semana nuestro repaso en España. Un año después de la convocatoria “Rodea el Congreso”, todavía no se han hecho públicos los resultados de la investigación interna que el Ministerio del Interior anunció por el uso excesivo de la fuerza cometido por parte de agentes de las fuerzas de seguridad no identificados.
Los agentes golpearon con porras a manifestantes pacíficos, dispararon balas de goma contra ellos y amenazaron a los periodistas que cubrían la información de los hechos, incluso en el interior de la estación de tren de Atocha. Las imágenes disponibles de este suceso muestran cómo los agentes golpearon de manera indiscriminada, sin distinguir entre viajeros y posibles manifestantes, poniendo en grave riesgo a los viajeros en la intervención policial que llevaron a cabo en las vías, incluso cuando los trenes estaban en movimiento. Como resultado de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de policía, decenas de personas, incluidos agentes, resultaron heridas.
Amnistía Internacional solicitó una investigación rápida, eficaz e imparcial a través de un organismo independiente, a lo que las autoridades respondieron afirmando que realizarían una investigación interna. Sin embargo, ha transcurrido un año y se desconocen los resultados de esa investigación.
Por ello, la organización ha vuelto a pedir al gobierno que haga públicos los resultados de su investigación y ha recordado a las autoridades que tienen el deber de proteger el derecho de las personas a reunirse pacíficamente y expresarse en libertad. En España, las denuncias por uso excesivo de la fuerza a manos de la policía a menudo ni se investigan adecuadamente ni, por lo tanto, se castiga a los responsables.
España: Sigue sin considerarse la desaparición forzada un crimen a perseguir
No abandonamos España porque Amnistía Internacional ha trasmitido sus preocupaciones sobre la protección de personas contra la desaparición forzada al Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas durante su visita a España. Un país que sigue sin investigar las desapariciones forzadas cometidas en su territorio en el pasado, al menos 114.266 cometidas entre 1936 y 1951. Tampoco colabora adecuadamente con los tribunales extranjeros que inician esas investigaciones, alegando, entre otras cosas, la prescripción de estos delitos o la Ley de Amnistía.
Además, no adapta la legislación española a la definición de desaparición forzada conforme al derecho internacional. Así mismo, mantiene la detención y prisión en régimen de incomunicación hasta 13 días con una serie de restricciones que dan como resultado la vulneración de la Convención, que establece que “nadie puede ser detenido en secreto”.
Por otro lado, España ha llevado a cabo expulsiones colectivas de personas migrantes a terceros países donde existe un temor fundado de persecución o de que esa persona podría estar en riesgo de sufrir otras violaciones serias de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas.
Amnistía Internacional pide al Estado español que cumpla con su obligación de investigar desapariciones forzadas cometidas en el pasado, asegurando que ninguna ley interna impedirá dicha investigación y que los responsables sean llevados ante la justicia. Además, es necesario que se tomen las medidas necesarias para que el delito de desaparición forzada sea tipificado en la legislación española, recogiendo su carácter de crimen de derecho internacional, y sin que se contemple el eximente de obediencia debida.
Kenia: El ataque de Al Shabab, afrenta despreciable a los derechos humanos
Nuestra siguiente parada es Kenia. Amnistía Internacional considera que el ataque al centro comercial de Nairobi por parte del grupo armado islamista Al Shabab constituye una afrenta despreciable a los derechos humanos. La organización ha expresado su solidaridad con el pueblo de Kenia ante estos ataques crueles y despreciables.
Por otro lado, Amnistía Internacional se ha mostrado satisfecha ante el hecho de que el presidente Uhuru Kenyatta se haya comprometido a investigar el ataque y obligar a los autores a rendir cuentas.
En este sentido, la organización pide a las autoridades del país que garanticen unas investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales. Todo detenido en relación con los hechos debe ser juzgado con las garantías que exigen las normas internacionales.
Amnistía Internacional lleva más de 40 años trabajando sobre la situación de los derechos humanos en Kenia y tiene una Sección nacional muy activa allí. Además, la organización se propone abrir una oficina regional en Nairobi en los próximos meses.
Palestina: Debe poner fin al uso excesivo de la fuerza durante la actuación policial en las manifestaciones
Nuestro último destino es Palestina. Amnistía Internacional ha señalado que la policía y las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en la Cisjordania ocupada deben dejar de hacer uso de fuerza innecesaria y excesiva contra manifestantes y deben rendir cuentas cuando cometan violaciones de derechos humanos. Así se expone con detalle en un nuevo informe de la organización donde también se acusa a los dirigentes de la Autoridad Palestina de permitir que esas actuaciones se lleven a cabo impunemente. A consecuencia de ello, el derecho a la libertad de expresión y reunión se está viendo seriamente erosionado.
Durante los sucesos del 30 de junio y 1 de julio del año pasado, los miembros de la policía y las fuerzas de seguridad, algunos de ellos vestidos de civil, atacaron violentamente a manifestantes pacíficos que protestaban por una reunión celebrada en Ramala entre el presidente palestino, Mahmud Abbas, y un ministro del gobierno israelí. Al menos cinco manifestantes requirieron tratamiento hospitalario. La violencia desató la indignación pública y, tras los sucesos, el presidente Abbas anunció que había designado un Comité de Investigación Independiente para examinar la conducta de la policía y las fuerzas de seguridad. Por su parte, el ministro del Interior emprendió también una investigación interna.
Más de un año después, la Autoridad Palestina aún no ha publicado el informe completo de la investigación independiente, aunque ha desvelado un resumen de las conclusiones, entre ellas la de que la policía y las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina utilizaron fuerza “innecesaria”, “injustificada” y “desproporcionada” contra manifestantes pacíficos que no suponían un peligro y contra periodistas, y actuaron fuera de la ley. Al parecer, la investigación interna del Ministerio del Interior ha llegado a conclusiones similares, aunque su informe tampoco se ha hecho público.
Pese a las conclusiones del Comité de Investigación Independiente, la Autoridad Palestina no ha procesado a ningún agente de policía o de las fuerzas de seguridad por la violencia perpetrada contra manifestantes pacíficos y por otras conductas ilegales.