Esta semana arrancamos con el décimo aniversario de la Ley Mordaza, la ley que restringe el derecho a la protesta en España. Nos hacemos eco también del veredicto contra Greenpeace en Estados Unidos, que sienta un peligroso precedente para la protección y promoción de la justicia climática. Seguimos en Estados Unidos para recordar que el desmantelamiento del Departamento de Educación menoscaba la protección del derecho a la educación. Y cerramos en Turquía donde debe ponerse fin a los ataques ilegítimos e indiscriminados contra manifestantes pacíficos y levantarse de inmediato la prohibición de protestar.
<p><strong>10 años de Ley Mordaza en España<br class='autobr' />
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<p>El 30 de marzo se cumplen diez años desde la aprobación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, ampliamente conocida como "Ley Mordaza" por las restricciones que imponea los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía. Una década después, las promesas de derogación siguen sin materializarse, mientras la normativa ha sido objeto de críticas constantes por parte de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. En este período, se han iniciado tres procesos de reforma (2016-2019, 2019-2023 y el actual desde mayo de 2024), convirtiéndose en una de las reformas más dilatada de cualquier ley en democracia.</p>
<p>Durante estos diez años, miles de personas han sido sancionadas por ejercer su derecho a la protesta. Activistas en defensa del derecho a la vivienda, del medio ambiente y de la solidaridad con Palestina, entre muchas otras causas, han sido perseguidos bajo el amparo de esta ley. Las organizaciones de la sociedad civil trabajan para que esta situación no continúe.</p>
<p><strong>Veredicto contra Greenpeace en Estados Unidos<br class='autobr' />
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<p>Recientemente, un jurado estadounidense de Dakota del Norte ha ordenado a Greenpeace pagar al menos 660 millones de dólares estadounidenses a la empresa de combustibles fósiles Energy Transfer, tras declarar a la organización responsable de difamación y de los actos de manifestantes opuestos al oleoducto Dakota Access en 2016 y 2017.</p>
<p>Esta sentencia demoledora sienta unos precedentes profundamente dañinos sobre el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de protesta pacífica, y pone en peligro el futuro mismo de Greenpeace.</p>
<p>Tiene graves implicaciones para los pueblos indígenas y para otras personas que defienden el medioambiente y actúan por el clima, trabajando sin descanso para proteger los derechos humanos.</p>
<p>No cabe duda de que tendrá un efecto disuasorio en quienes hacen campaña para exponer las actividades indebidas de empresas poderosas en Estados Unidos y el resto del mundo.</p>
<p><strong>Desmantelamiento del Departamento de Educación en Estados Unidos<br class='autobr' />
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<p>Ante el requerimiento de la administración Trump de desmantelar el Departamento de Educación, Amnistía Internacional recuerda una vez más al gobierno estadounidense su obligación de garantizar que todas las personas que estudian en Estados Unidos tienen acceso a la educación en igualdad de condiciones.</p>
<p>El Departamento de Educación gestiona múltiples programas federales y supervisa la aplicación de protecciones de derechos civiles con vistas a garantizar que todas las personas que estudian, independientemente de su raza, género, riqueza, (dis)capacidad, condición migratoria, barrio de residencia y otros factores, no sean objeto de discriminación y tengan acceso a su derecho humano a la educación.</p>
<p>Eliminar el Departamento de Educación debilitará sin duda estas protecciones para estudiantes de todo el país. El gobierno, eludiendo por completo su obligación de garantizar que todas las personas puedan acceder plenamente a su derecho a la educación, es consciente de que la comunidad estudiantil marginada será la más perjudicada por esta medida.</p>
<p><strong>Represión de manifestantes en Turquía<br class='autobr' />
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<p>Las autoridades turcas deben poner fin al uso innecesario e indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos e investigar los actos ilegítimos de violencia cometidos por la policía contra los manifestantes, ha declarado Amnistía Internacional, mientras se intensifican las protestas contra la detención del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu.</p>
<p>El llamamiento se produce tras la ampliación de la prohibición general de protestar en tres ciudades y cuando las autoridades confirman que 1.133 manifestantes han sido detenidos desde que comenzaron las protestas el 19 de marzo. También se ha producido en medio de informaciones sobre heridos, el estrangulamiento de las redes sociales y la detención de periodistas que cubrían las protestas, mayoritariamente pacíficas, en redadas al amanecer.</p>
