Esta semana destacamos las siguientes noticias: Las personas refugiadas y solicitantes de asilo afganas en Pakistán sufren acoso, detenciones arbitrarias y reclusión. En Filipinas, los pueblos indígenas y las comunidades rurales están siendo sometidos a numerosos abusos contra los derechos humanos en el contexto de la rápida expansión de la extracción de níquel. Además, en Camerún las autoridades deben poner fin al acoso a la defensora de derechos humanos Alice Nkom. Y terminaremos en Georgia, donde las autoridades utilizan nuevas leyes draconianas para reprimir la disidencia.
Junto con los asaltos policiales nocturnos, estas prácticas forman parte de una política discriminatoria más amplia contra la población afgana en el país. El requisito de que todas las personas refugiadas afganas en Islamabad deben obtener un certificado de no objeción impone una pesada obligación a estas personas, que se suma a los requisitos de documentación existentes.
El gobierno paquistaní ha puesto en marcha de forma reiterada y arbitraria políticas que aumentan la precariedad de las personas refugiadas afganas en el país. Esto ha obligado a miles de personas a regresar a Afganistán en los últimos 15 meses. Esta nueva medida política ha puesto en peligro a una población que ya está en situación de riesgo.
