Esta semana destacamos las siguientes noticias: En la India, las personas sobrevivientes de la fuga de gases tóxicos de Bhopal han soportado 40 años de injusticia a causa del racismo ambiental. En (…)
Estas son las noticias de derechos humanos que destaca Amnistía Internacional esta semana. Preocupación por la acción militar ordenada por Donald Trump en Venezuela y sus consecuencias para la población civil. En España, el Gobierno ha prorrogado la moratoria antidesahucios, una medida necesaria pero insuficiente ante la gravedad de la crisis de vivienda. En El Salvador, dos presos de conciencia recuperan la libertad tras meses de detención injusta. Y en Uganda, denunciamos la brutal represión de las fuerzas de seguridad contra manifestaciones pacíficas de la oposición.
Prórroga de la moratoria antidesahucios en España
Amnistía Internacional, informativo semanal a 9 de enero de 2026 - Prórroga de la moratoria antidesahucios en España
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
El Consejo de Ministros aprobó la prórroga, por un año más, de la moratoria antidesahucios antes del final de año, una medida que mantiene suspendidos al menos 60.000 lanzamientos de familias en situación de vulnerabilidad en todo el país. La decisión llega tras meses de presión social y después de que una amplia coalición de entidades y movimientos sociales presentara en el Congreso el manifiesto “Ni un desahucio más. Ni una familia sin derecho a la vivienda”, firmado ya por más de cien organizaciones.
Desde las entidades sociales se valora positivamente esta prórroga como un primer paso imprescindible para frenar una inminente ola de desahucios. Sin embargo, se advierte de que la medida sigue siendo claramente insuficiente. La moratoria solo ha protegido a una de cada cuatro familias afectadas, debido a definiciones restrictivas de vulnerabilidad, a la aplicación desigual por parte de los jueces y a la exclusión de numerosos supuestos, como familias que se vieron obligadas a ocupar una vivienda tras la pandemia o personas inquilinas con contratos de renta antigua.
Las organizaciones recuerdan que la crisis de vivienda no se resolverá con prórrogas temporales y reclaman soluciones estructurales que garanticen alternativas habitacionales dignas y estables.