Esta semana destacamos las siguientes noticias: Los Estados de la UE que permiten la venta de bonos del Estado israelí en Europa se arriesgan a ser cómplices de la continuación del genocidio en (…)
Estas son las noticias más destacadas de la semana: En España nos centraremos en la situación de las residencias, donde después de 35.000 muertes de personas mayores, las víctimas y familiares solo han recibido opacidad por parte de la Fiscalía y ausencia de justicia en los tribunales. Además, hablaremos de la petición de Amnistía Internacional al Gobierno español de suspender la venta de armas y material antidisturbios a Perú. También nos detendremos en Rusia, donde dos años después de la detención de Aleksei Navalny, figuras de la oposición sufren represión, cárcel o exilio. Y terminaremos en Siria, donde las fuerzas gubernamentales deben levantar el asedio de la población civil que vive en las zonas predominantemente kurdas de Alepo.
Sommaire
- Después de 35.000 muertes de personas mayores en residencias, las víctimas y familiares solo (…), p2
- Amnistía Internacional pide al Gobierno español suspender “de forma inmediata” la venta de (…), p3
- Dos años después de la detención de Aleksei Navalny, figuras de la oposición rusa sufren (…), p4
- Las fuerzas gubernamentales sirias deben levantar el asedio de la población civil que vive en (…), p5
Amnistía Internacional pide al Gobierno español suspender “de forma inmediata” la venta de armas y material antidisturbios a Perú
Amnistía Internacional, informativo semanal a 23 de enero de 2023 - Amnistía Internacional pide al Gobierno español suspender “de forma inmediata” la venta de armas y material antidisturbios a Perú
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
La organización considera que el material vendido por España podría servir para la represión que ha tenido lugar en el país desde que se iniciaron las protestas el pasado 7 de diciembre. Desde hace 5 años, España es el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea.
Amnistía Internacional ha pedido por carta la suspensión de estas exportaciones a la secretaria de Estado de Comercio. Una carta en la se pide que se revoquen las autorizaciones de material letal y antidisturbios no ejecutadas. Además, la organización plantea que mientras no se adopten estas propuestas, “como mínimo, se apliquen medidas reforzadas de mitigación del riesgo” que recoge el protocolo sobre verificación del uso de las exportaciones de armas aprobado en 2020 por el Gobierno español.