Esta semana destacamos las siguientes noticias: Hamás y otros grupos armados deben liberar de inmediato a los rehenes civiles en Gaza. En Francia, hablaremos de la prohibición de competir en los Juegos Olímpicos a las atletas francesas que usan hiyab. En Gambia, las autoridades deben abordar con urgencia las causas de la mutilación genital femenina, que sigue prohibida en el país. Y terminaremos en Perú, donde un informe sobre las protestas de 2022 y 2023 evidencian la posible responsabilidad penal de la presidenta del país.
Muertes y lesiones en protestas en Perú podrían implicar a presidenta y cadena de mando como responsables penales
Amnistía Internacional, informativo semanal a 12 de julio de 2024 - Muertes y lesiones en protestas en Perú podrían implicar a presidenta y cadena de mando como responsables penales
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
Un informe de Amnistía Internacional evidencia la posible responsabilidad penal de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. En ellas, 50 personas y un policía murieron y más de 1.400 resultaron heridas. Fue uno de los episodios más graves de violaciones masivas de derechos humanos en la historia reciente del país.
La presidenta, los ministros, los comandantes de la policía y las fuerzas armadas de Perú tomaron decisiones que finalmente tuvieron consecuencias letales. Ante la ausencia de avances sustanciales en las investigaciones sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad peruanas, la organización ha pedido que España mantenga la suspensión de exportación de material antidisturbios acordada en 2023.
<p><strong>Hamás y otros grupos armados deben liberar de inmediato a los rehenes civiles en Gaza<br class='autobr' />
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<p>Israel, por su parte, debe poner fin a la detención masiva en régimen de incomunicación y a la tortura de palestinos de Gaza. En medio de los incesantes bombardeos y operaciones terrestres de Israel en Gaza, los peligros para los civiles, ya sea la población palestina o los rehenes, continúan acrecentándose.</p>
<p>En las últimas semanas, decenas de miles de personas han salido a las calles en todo Israel para exigir que las autoridades israelíes accedan a un acuerdo de alto el fuego y negocien la liberación de los rehenes.</p>
<p><strong>La prohibición del hiyab en el deporte francés revela un doble rasero discriminatorio de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos<br class='autobr' />
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<p>La prohibición de competir en los Juegos Olímpicos a las atletas francesas que usan hiyab infringe el derecho internacional de los derechos humanos. Esta prohibición pone en ridículo la pretensión de que las olimpiadas de París de 2024 sean las primeras con igualdad de género.</p>
<p>Un reglamento discriminatorio que controla lo que visten las mujeres viola los derechos humanos de las mujeres y niñas musulmanas y afecta terriblemente a su participación en el deporte. Con esta prohibición, el país organizador de los Juegos Olímpicos incumple múltiples obligaciones contraídas en virtud de tratados internacionales de derechos humanos.</p>
<p><strong>Gambia sigue prohibiendo la mutilación genital femenina, pero las autoridades deben abordar con urgencia que se cumpla la ley<br class='autobr' />
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<p>Amnistía Internacional acoge con gran alivio el rechazo del proyecto de ley destinado a revocar la prohibición de la mutilación genital femenina en Gambia. Sin embargo, desde que se prohibió en 2015, sólo se han enjuiciado dos casos y la primera sentencia condenatoria por llevar a cabo una mutilación genital femenina no se impuso hasta agosto del año pasado.</p>
<p>La diligencia debida exige prevención, protección y reparación efectivas, no sólo la penalización. Además, las autoridades deben abordar las causas fundamentales del problema para cambiar las actitudes y las normas con el fin de empoderar a las mujeres y las niñas.</p>
<p><strong>Muertes y lesiones en protestas en Perú podrían implicar a presidenta y cadena de mando como responsables penales<br class='autobr' />
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<p>Un informe de Amnistía Internacional evidencia la posible responsabilidad penal de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. En ellas, 50 personas y un policía murieron y más de 1.400 resultaron heridas. Fue uno de los episodios más graves de violaciones masivas de derechos humanos en la historia reciente del país.</p>
<p>La presidenta, los ministros, los comandantes de la policía y las fuerzas armadas de Perú tomaron decisiones que finalmente tuvieron consecuencias letales. Ante la ausencia de avances sustanciales en las investigaciones sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad peruanas, la organización ha pedido que España mantenga la suspensión de exportación de material antidisturbios acordada en 2023.</p>
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