Esta semana destacamos las siguientes noticias: Los Estados de la UE que permiten la venta de bonos del Estado israelí en Europa se arriesgan a ser cómplices de la continuación del genocidio en (…)
Estas son las noticias más destacadas de la semana: España ha aprobado una nueva Ley de Memoria Democrática. Hablaremos también del Proyecto Pegasus, cuando se cumple un año de sus revelaciones. Además, nos centraremos en la nueva campaña de Amnistía Internacional para hacer frente a amenaza mundial sin precedentes contra el derecho a protestar. En Sri Lanka las autoridades deben abstenerse de utilizar a las fuerzas armadas para controlar las protestas. Y terminaremos con una buena noticia: la absolución de la activista y artista Yulia Tsvetkova.
Sommaire
- España aprueba una Ley de Memoria Democrática, p2
- Un año después de las revelaciones sobre el Proyecto Pegasus, la crisis de los programas espía (…), p3
- Amnistía Internacional lanza campaña global para hacer frente a amenaza mundial sin precedentes (…), p4
- Las autoridades de Sri Lanka deben abstenerse de utilizar a las fuerzas armadas para controlar (…), p5
- La activista y artista Yulia Tsvetkova, absuelta en Rusia de cargos de “pornografía”, p6
España aprueba una Ley de Memoria Democrática
Amnistía Internacional, informativo semanal a 22 de julio de 2022 - España aprueba una Ley de Memoria Democrática
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
La norma incluye medidas importantes como reconocer la responsabilidad del Estado respecto de las tareas de búsqueda, exhumación e identificación de personas víctimas de desaparición forzada, así como la restitución de sus restos a las familias. Una labor que lleva recayendo durante décadas en los propios familiares y asociaciones privadas.
Otras medidas que Amnistía Internacional valora positivamente son la declaración de nulidad de las sentencias dictadas en el marco de procedimientos injustos durante la Guerra Civil y el régimen franquista. No obstante, la Ley no garantiza el acceso a justicia de las víctimas, al omitir medidas que eliminen los obstáculos a la investigación judicial de los crímenes de derecho internacional cometidos en España en el pasado.