Esta semana destacamos las siguientes noticias: Varios países de las Américas intensifican ofensiva contra la sociedad civil mediante “leyes anti-ONG". En Rusia, los poetas encarcelados por hacer (…)
Estas son las noticias más destacadas de la semana: Amnistía Internacional pide que se respete el derecho internacional humanitario al intensificarse el posible conflicto armado en Ucrania. Hablaremos también de la despenalización del aborto en Colombia, lo que supone un triunfo para los derechos humanos. Además, una investigación muestra como dispositivos de tres activistas en Bahréin han sido hackeados con el software espía Pegasus. Y terminaremos en Tailandia, donde Amnistía Internacional se compromete a continuar su trabajo pese a las peticiones de expulsión.
Sommaire
- La invasión rusa de Ucrania suscita una honda preocupación por los derechos humanos y las vidas (…), p2
- La despenalización del aborto en Colombia es un triunfo para los derechos humanos, p3
- Dispositivos de tres activistas en Bahréin, hackeados con el software espía Pegasus, p4
- Amnistía se compromete a continuar su trabajo en Tailandia pese a las peticiones de expulsión, p5
Amnistía se compromete a continuar su trabajo en Tailandia pese a las peticiones de expulsión
Amnistía Internacional, informativo semanal a 25 de febrero de 2022 - Amnistía se compromete a continuar su trabajo en Tailandia pese a las peticiones de expulsión
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
Las recomendaciones de Amnistía Internacional a las autoridades para que cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos se basan en las normas de derechos humanos internacionalmente acordadas que Tailandia se ha comprometido a respetar.
La campaña contra Amnistía Internacional surge en un momento en que las autoridades intentan por otro lado aprobar una controvertida ley para regular las organizaciones sin ánimo de lucro en el país. Esta ley podría tener consecuencias muy graves para la sociedad civil tailandesa, y Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente al gobierno que retire el proyecto de ley y haga más consultas.