Esta semana destacamos las siguientes noticias: En Brasil, la masacre policial en Río de Janeiro evidencia violencia sistémica y racista. Hablaremos también de los ataques aéreos lanzados por (…)
Estas son las noticias más destacadas de la semana: Los retrocesos en leyes que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo exponen al colectivo LGBTI a mayor violencia y discriminación. Además, en España la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica llevan seis años bajo amenaza. Hablaremos también de la amenaza rusa de vetar el último pasillo de ayuda en Siria, lo que dejaría a millones de personas en riesgo de catástrofe humanitaria. Y terminarnos en Argelia, donde decenas de personas han sido detenidas en una escalada de represión contra activistas.
Sommaire
- Retrocesos en leyes que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo exponen al (…), p2
- La libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica llevan seis años bajo amenaza en (…), p3
- La amenaza rusa de vetar el último pasillo de ayuda en Siria deja a millones de personas en (…), p4
- Decenas de personas detenidas en Argelia en la escalada de represión contra activistas, p5
La libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica llevan seis años bajo amenaza en España
Amnistía Internacional, informativo semanal a 2 de julio de 2021 - La libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica llevan seis años bajo amenaza en España
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
Desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza y la reforma parcial del Código Penal, se ha consolidado en España la amenaza al ejercicio de la libertad de expresión, reunión e información. Amnistía Internacional y otras organizaciones exigen que en el trámite parlamentario ambas leyes se alineen de una vez por todas con los estándares internacionales de derechos humanos.
La Ley Mordaza lleva todo este tiempo utilizándose contra el activismo social, obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica. Ahora las autoridades tienen la oportunidad de demostrar que la libertad de expresión es una prioridad alineando las normas que la regulan con los estándares internacionales de derechos humanos.