Esta semana en nuestro boletín informativo seguimos muy pendientes de la situación en Gaza, también del campo de detención militar de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo cuando se cumple el 22 aniversario de la apertura. Además, en Chile hablaremos de la imputación de altos mandos de Carabineros como un hito en el camino hacia la verdad y la justicia. Y terminaremos con el estado de excepción decretado en Ecuador.
Las audiencias de la Corte Internacional de Justicia sobre presuntas infracciones de la Convención sobre el Genocidio por Israel, paso vital para proteger a la población civil palestina
Amnistía Internacional, informativo semanal a 19 de enero de 2024 - Las audiencias de la Corte Internacional de Justicia sobre presuntas infracciones de la Convención sobre el Genocidio por Israel, paso vital para proteger a la población civil palestina
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
Sudáfrica presentó una solicitud a la Corte en la que alegaba que los actos de Israel y su inacción en relación con la población palestina en Gaza tras los ataques de Hamás y otros grupos armados del 7 de octubre de 2023 tienen carácter genocida.
Sudáfrica insta a la Corte a que ordene “medidas provisionales” para proteger a la población palestina en Gaza, que incluyen pedir a Israel que detenga inmediatamente los ataques militares que “constituyan o den lugar a violaciones de la Convención sobre el Genocidio” y rescinda las medidas relacionadas que constituyan castigo colectivo y desplazamiento forzado.
<p><strong>Las audiencias de la Corte Internacional de Justicia sobre presuntas infracciones de la Convención sobre el Genocidio por Israel, paso vital para proteger a la población civil palestina<br class='autobr' />
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<p>Sudáfrica presentó una solicitud a la Corte en la que alegaba que los actos de Israel y su inacción en relación con la población palestina en Gaza tras los ataques de Hamás y otros grupos armados del 7 de octubre de 2023 tienen carácter genocida.</p>
<p>Sudáfrica insta a la Corte a que ordene “medidas provisionales” para proteger a la población palestina en Gaza, que incluyen pedir a Israel que detenga inmediatamente los ataques militares que “constituyan o den lugar a violaciones de la Convención sobre el Genocidio” y rescinda las medidas relacionadas que constituyan castigo colectivo y desplazamiento forzado.</p>
<p><strong>Tras 22 años de abusos contra los derechos humanos, el gobierno estadounidense debe cerrar el campo de detención militar de la bahía de Guantánamo<br class='autobr' />
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<p>Treinta hombres permanecen recluidos en él de forma indefinida sin haber sido juzgados. La mayoría no han sido acusados de delito alguno. Dieciséis de los encarcelados sin cargos han recibido el visto bueno de las agencias de seguridad estadounidenses para ser trasladados fuera del campo, algunos hace más de un decenio. Sin embargo, continúan recluidos allí.</p>
<p>Después de 22 años, el gobierno de Estados Unidos debe cumplir finalmente sus promesas y cerrar el centro de detención de Guantánamo para siempre.</p>
<p><strong>La imputación de Ricardo Yáñez, Mario Rozas y otro alto mando de Carabineros es un hito en el camino hacia la verdad y la justicia en Chile<br class='autobr' />
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<p>La imputación se formalizó por el papel que habrían desempeñado en la forma desproporcionada y, contraria al derecho internacional, de reprimir las protestas masivas ocurridas en Chile a fines de 2019.</p>
<p>Amnistía Internacional valora este paso como un avance hacia la justicia por las graves y generalizadas violaciones de derechos humanos cometidas durante la respuesta a las protestas. Además, constituye una medida imprescindible para avanzar en la lucha contra la impunidad de altas autoridades en Chile, enquistada durante décadas.</p>
<p><strong>El control de la seguridad en Ecuador no puede ser una excusa para violar derechos humanos<br class='autobr' />
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<p>Ante el aumento de la violencia en las últimas semanas, el nuevo presidente Daniel Noboa, ha decretado el estado de excepción y ha declarado un “conflicto armado interno” en el país.</p>
<p>Noboa recupera así un decreto previo del expresidente Lasso, que había permitido el despliegue de fuerzas armadas en todo el territorio nacional “para reprimir la amenaza terrorista” sin límites temporales. Amnistía Internacional considera que este decreto contraviene las normas internacionales sobre el despliegue de fuerzas armadas para labores de seguridad pública.</p>
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