Esta semana destacamos las siguientes noticias: Amnistía Internacional iza banderas ante embajadas de países que han vulnerado gravemente derechos LGBTIQ+ este año. En Afganistán, el nuevo código que permite el matrimonio infantil en el país agrava la situación de los derechos de las mujeres y las niñas. En Reino Unido, la condena por terrorismo impuesta a Palestine Action marca un paso “peligroso” contra el derecho a la protesta. Y terminaremos con la nueva política migratoria de los Estados europeos, que amenaza los derechos de la población migrante y refugiada.
El nuevo código que permite el matrimonio infantil en Afganistán agrava la situación de los derechos de las mujeres y las niñas
Amnistía Internacional, informativo semanal a 19 de junio de 2026 - El nuevo código que permite el matrimonio infantil en Afganistán agrava la situación de los derechos de las mujeres y las niñas
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
Este código las despoja de toda autonomía en la práctica al eliminar toda noción de consentimiento, conceder a los varones de la familia el control de los acuerdos conyugales y ofrecer vías mínimas para impugnar las uniones forzadas. Sus disposiciones en conjunto institucionalizan y normalizan el matrimonio infantil.
El nuevo código introduce normas de consentimiento del matrimonio muy problemáticas, como la de interpretar el silencio de una niña tras la pubertad como aceptación del matrimonio. Tales normas crean un riesgo adicional de coacción e intimidación, por lo que dan lugar a matrimonios forzados.
<p><strong>Amnistía Internacional iza banderas ante embajadas de países que han vulnerado gravemente derechos LGBTIQ+ este año<br class='autobr' />
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<p>El auge global de ataques depredadores que buscan acabar con los cimientos de los derechos humanos ha marcado todo 2025. El recrudecimiento de prácticas autoritarias contra la sociedad civil se ha manifestado también en retrocesos de los derechos LGBTIQ+, cuestionados y reprimidos gravemente por gobiernos como el de Estados Unidos, Argentina, Turquía, Uganda y Ghana, entre otros. Algunos, llegando a aplicar prisión y pena de muerte.</p>
<p>En España, Amnistía Internacional ha organizado una ruta por embajadas en la que se izarán banderas LGBTIQ+ a modo de protesta, en el marco del Orgullo. Este gesto simbólico tendrá lugar ante las sedes diplomáticas de Estados Unidos, Argentina, Turquía y Ghana para recordar que hay una preocupante tendencia antiderechos, a la que cada vez se suman más gobiernos.</p>
<p><strong>El nuevo código que permite el matrimonio infantil en Afganistán agrava la situación de los derechos de las mujeres y las niñas<br class='autobr' />
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<p>Este código las despoja de toda autonomía en la práctica al eliminar toda noción de consentimiento, conceder a los varones de la familia el control de los acuerdos conyugales y ofrecer vías mínimas para impugnar las uniones forzadas. Sus disposiciones en conjunto institucionalizan y normalizan el matrimonio infantil.</p>
<p>El nuevo código introduce normas de consentimiento del matrimonio muy problemáticas, como la de interpretar el silencio de una niña tras la pubertad como aceptación del matrimonio. Tales normas crean un riesgo adicional de coacción e intimidación, por lo que dan lugar a matrimonios forzados.</p>
<p><strong>La condena por terrorismo impuesta a Palestine Action marca un paso “peligroso” contra el derecho a la protesta en Reino Unido<br class='autobr' />
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<p>Cuatro activistas han sido declarados culpables de daños en propiedad ajena a raíz de su participación en una acción directa llevada a cabo en la fábrica cerca de Brístol.</p>
<p>Los daños en propiedad ajena nunca se habían tratado como actos terroristas en el sistema de justicia británico, y es peligroso considerar que son lo mismo. Amnistía Internacional ha señalado que las personas acusadas en esta causa fueron condenadas como terroristas porque la fiscalía quería dar ejemplo con ellas y sentar un precedente sobre el posible tratamiento de quienes emprendieran acciones directas en el futuro.</p>
<p><strong>Los Estados europeos inician una nueva política migratoria común que amenaza los derechos de la población migrante y refugiada<br class='autobr' />
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<p>La nueva normativa debilita derechos y garantías consolidados. Entre ellos, el derecho de asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a defensa jurídica efectiva, el derecho a la información y la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, y la protección al derecho a la salud integral de las personas.</p>
<p>En el caso español, a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil organizada y de las poblaciones afectadas, los espacios de interlocución pública no se han materializado en una información precisa sobre las medidas concretas que se van a llevar a cabo para adaptar el Pacto al contexto nacional.</p>
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