Esta semana dedicamos nuestro boletín informativo al Informe Anual de Amnistía Internacional 2024 para hacer una radiografía de la situación de los derechos humanos durante el año pasado. Un año en el que escalaron los conflictos internacionales, asistimos a un empleo descontrolado de tecnologías nuevas, al mismo tiempo que millones de personas continuaron manifestándose por un mundo más justo.
La persistente falta de rendición de cuentas en España y la incertidumbre de los avances legislativos
Amnistía Internacional, informativo semanal a 24 de abril de 2024 - La persistente falta de rendición de cuentas en España y la incertidumbre de los avances legislativos
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
En España, la principal preocupación de Amnistía Internacional es la persistente falta de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado. No hay voluntad política para abrir investigaciones independientes y efectivas sobre graves violaciones de derechos humanos, como las ocurridas en residencias durante la COVID-19, tras el salto de la valla de Melilla en 2022 o tras los abusos policiales a la hora de reprimir algunas manifestaciones. La impunidad ante estos hechos vulnera los derechos de las víctimas y envía un mensaje desalentador a la sociedad, perpetuando la falta de rendición de cuentas del Estado y que las víctimas no obtengan justicia y reparación.
En el último año, tampoco ha habido avances que permitan aclarar responsabilidades sobre quién espió mediante el programa Pegasus a al menos 65 periodistas, figuras políticas y miembros de la sociedad catalana. Además, normas como la Ley de Secretos Oficiales de 1968, un vestigio del pasado franquista, siguen impidiendo la investigación y el acceso a la justicia en materia de derechos humanos. Esta ley, que clasifica como secreto información de interés público como las armas españolas vendidas a países como Arabia Saudí o Israel, dificulta el esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos. Reformarla sería un buen punto de partida para demostrar un compromiso real con los derechos humanos.
<p><strong>En los conflictos, la población civil paga el precio más alto mientras los Estados incumplen el derecho internacional<br class='autobr' />
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<p>El conflicto en Gaza define 2023. Los indicios de crímenes de guerra continúan acumulándose mientras el gobierno israelí se burla del derecho internacional. Tras el terrible ataque de Hamás y otros grupos armados del 7 de octubre, las autoridades israelíes respondieron con bombardeos aéreos implacables contra zonas civiles pobladas matando a miles de personas. Además, casi 1,9 millones se han visto obligadas a desplazarse y, a pesar del aumento de la hambruna en Gaza, restringieron el acceso a una ayuda humanitaria que se necesitaba desesperadamente.</p>
<p>En 2023, continuó la invasión a Ucrania por parte de las fuerzas rusas. Se siguieron realizando ataques indiscriminados contra zonas civiles densamente pobladas, así como contra infraestructuras de exportación de cereales y energía, y el uso de la tortura y otros malos tratos contra prisioneros de guerra. El informe de Amnistía Internacional pone de relieve también los conflictos en Sudán y Myanmar.</p>
<p><strong>La instrumentalización de la tecnología para generar odio, división y discriminación supone una amenaza en un año electoral clave<br class='autobr' />
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<p>2023 también fue un año en el que las tecnologías han sido utilizadas para propagar desinformación y fomentar políticas discriminatorias. Estados como Argentina, Brasil, India y Reino Unido han recurrido cada vez más a las tecnologías de reconocimiento facial para controlar protestas públicas y acontecimientos deportivos y discriminar a comunidades marginadas, en especial a las personas migrantes y refugiadas. El uso infame de reconocimiento facial fue más generalizado aún en la Cisjordania de los Territorios Palestinos Ocupados, donde Israel se sirvió de él para endurecer las restricciones de la libertad de circulación y ayudar a mantener el sistema de apartheid.</p>
<p>Con millones de personas huyendo de conflictos en el mundo, se confiaron la gobernanza de la migración y el control de fronteras a tecnologías abusivas por medios como el uso de alternativas digitales a la detención, tecnologías de externalización de fronteras, software de datos, técnicas biométricas y sistemas algorítmicos de toma de decisiones. La proliferación de estas tecnologías perpetúa y refuerza la discriminación, el racismo y la vigilancia desproporcionada e ilegal contra las personas racializadas. Mientras tanto, el uso de programas espía ha permanecido en gran medida sin regular, a pesar de que las violaciones de derechos humanos que permite cometer.</p>
<p>En 2023, Amnistía Internacional desveló el uso del programa espía Pegasus contra periodistas y activistas de la sociedad civil en países como Armenia, India, República Dominicana y Serbia, a la vez que se vendía libremente software espía de la UE y regulado a Estados de todo el mundo. Además, la organización reveló cómo los algoritmos de Facebook habían contribuido a generar violencia étnica en Etiopía en el contexto del conflicto armado. Amnistía Internacional prevé que estos problemas se agudicen en un año electoral clave, con el modelo empresarial basado en la vigilancia que subyace en importantes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube sirviendo de catalizador para cometer violaciones de derechos en el contexto de las elecciones.</p>
<p><strong>Movilización global sin precedentes<br class='autobr' />
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<p>En 2023, el activismo incansable logró varias victorias importantes en materia de derechos humanos. Tras el trabajo de incidencia llevado a cabo por el movimiento #MeToo y por otras organizaciones de la sociedad civil de Taiwán para poner fin a la violencia sexual en Internet, el gobierno aprobó una reforma de la Ley de Prevención de Delitos de Agresión Sexual. A pesar de que no hizo lo suficiente, la COP28 acordó emprender “la transición” para dejar atrás los combustibles fósiles. Además, tras años de activismo, cuatro defensores y defensoras de los derechos humanos del caso de Buyukada resultaron finalmente absueltos en Turquía.</p>
<p>Entre muchos otros ejemplos, cabe destacar el del activista afgano por la educación Matiullah Wesa, que fue puesto en libertad en octubre de 2023 tras meses de campaña en su favor. Llevaba casi siete meses en prisión por promover el derecho de las niñas a la educación y criticar la política talibán de prohibirles acudir a centros de enseñanza secundaria.</p>
<p>Por otro lado, el conflicto entre Israel y Hamás desencadenó centenares de protestas en todo el mundo. La gente pidió un alto el fuego para poner fin al enorme sufrimiento de la población palestina de Gaza, así como la liberación de todas las personas tomadas como rehenes por Hamás y otros grupos armados. También la población se echó a la calle en Estados Unidos, El Salvador y Polonia para reivindicar el derecho al aborto cuando la reacción contra la justicia de género se hizo sentir. En todo el mundo, miles de personas se sumaron al movimiento juvenil Viernes por el Futuro para pedir el abandono justo y rápido de los combustibles fósiles.</p>
<p><strong>La persistente falta de rendición de cuentas en España y la incertidumbre de los avances legislativos<br class='autobr' />
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<p>En España, la principal preocupación de Amnistía Internacional es la persistente falta de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado. No hay voluntad política para abrir investigaciones independientes y efectivas sobre graves violaciones de derechos humanos, como las ocurridas en residencias durante la COVID-19, tras el salto de la valla de Melilla en 2022 o tras los abusos policiales a la hora de reprimir algunas manifestaciones. La impunidad ante estos hechos vulnera los derechos de las víctimas y envía un mensaje desalentador a la sociedad, perpetuando la falta de rendición de cuentas del Estado y que las víctimas no obtengan justicia y reparación.</p>
<p>En el último año, tampoco ha habido avances que permitan aclarar responsabilidades sobre quién espió mediante el programa Pegasus a al menos 65 periodistas, figuras políticas y miembros de la sociedad catalana. Además, normas como la Ley de Secretos Oficiales de 1968, un vestigio del pasado franquista, siguen impidiendo la investigación y el acceso a la justicia en materia de derechos humanos. Esta ley, que clasifica como secreto información de interés público como las armas españolas vendidas a países como Arabia Saudí o Israel, dificulta el esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos. Reformarla sería un buen punto de partida para demostrar un compromiso real con los derechos humanos.</p>
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