Esta semana comenzamos nuestro boletín con el último informe de Amnistía Internacional sobre la aplicación de la pena de muerte durante el año 2010; nos iremos hasta Siria, país donde las (…)
Estas son las noticias más destacadas de la semana: Comienza el Mundial de Qatar sin cumplirse las promesas sobre los derechos humanos. Además, en Irán hablaremos del uso de la pena de muerte para sofocar el levantamiento popular. Nos detendremos también en Afganistán, donde las defensoras de los derechos humanos de las mujeres detenidas por los talibanes deben ser liberadas de inmediato. Y terminaremos en Israel, donde las fuerzas armadas no pueden seguir matando con impunidad a personas palestinas como la periodista Shireen Abu Akleh.
Sommaire
- Comienza el Mundial de Qatar sin cumplirse las promesas sobre los derechos humanos, p2
- Escalofriante uso de la pena de muerte en Irán para sofocar aún más brutalmente el (…), p3
- Las defensoras de los derechos humanos de las mujeres detenidas por los talibanes en Afganistán (…), p4
- Las fuerzas armadas israelíes no pueden seguir matando con impunidad a personas palestinas como (…), p5
Escalofriante uso de la pena de muerte en Irán para sofocar aún más brutalmente el levantamiento popular
Amnistía Internacional, informativo semanal a 18 de noviembre de 2022 - Escalofriante uso de la pena de muerte en Irán para sofocar aún más brutalmente el levantamiento popular
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
Las autoridades han pedido la pena de muerte para al menos 21 personas en juicios falsos diseñados para intimidar a quienes participan en el levantamiento popular que ha sacudido el país desde septiembre y disuadir a otros de unirse al movimiento.
Amnistía Internacional ha denunciado la naturaleza defectuosa de los procedimientos de los Tribunales Revolucionarios en medio de los escandalosos llamados de las autoridades a juicios rápidos y ejecuciones públicas. Las autoridades deben anular de inmediato todas las condenas a muerte, abstenerse de solicitar la imposición de la pena capital y retirar todos los cargos contra las personas detenidas en relación con su participación pacífica en las protestas.