Estas son cuatro noticias clave sobre derechos humanos en distintos lugares del mundo. En Ucrania, nuevos testimonios documentan el impacto devastador de los ataques rusos contra la (…)
Estas son las noticias más destacadas de la semana: En Perú Amnistía Internacional ha desplegado un equipo de respuesta de crisis para investigar las graves violaciones de derechos humanos. En Irán hablaremos de la situación de tres jóvenes condenados a pena de muerte. Además, Amnistía Internacional ha exigido a los Gobiernos de España y Marruecos que acaben con “la política de impunidad y excepcionalidad” en las fronteras de Ceuta y Melilla. Y terminaremos en Myanmar cuando se cumplen dos años del golpe de Estado.
Sommaire
- Amnistía Internacional despliega equipo de respuesta de crisis para investigar graves (…), p2
- Irán debe revocar la pena de muerte de tres jóvenes manifestantes sometidos a terribles torturas, p3
- Amnistía Internacional exige a los Gobiernos de España y Marruecos que acaben con “la política (…), p4
- Dos años después del golpe de Estado en Myanmar, se necesita una acción global para detener el (…), p5
Irán debe revocar la pena de muerte de tres jóvenes manifestantes sometidos a terribles torturas
Amnistía Internacional, informativo semanal a 3 de febrero de 2023 - Irán debe revocar la pena de muerte de tres jóvenes manifestantes sometidos a terribles torturas
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
Han sido sometidos a torturas con métodos como flagelación, descargas eléctricas, suspensión cabeza abajo y amenazas de muerte a punta de pistola. Han recibido penas de muerte por “enemistad con Dios” y “corrupción en la tierra”. El tribunal afirmó que los jóvenes habían “incitado” a provocar incendios o cometer actos de vandalismo “generalizados” mediante bailes, palmadas, cantos o arrojando hiyabs a hogueras durante unas protestas celebradas en Noshahr, en el norte de la provincia de Manzandarán.
Las autoridades iraníes deben anular de inmediato las sentencias condenatorias y condenas a muerte de estos jóvenes y retirar todos los cargos relativos a su participación pacífica en las protestas. Además, deben ordenar una investigación inmediata, transparente e imparcial para que todas las personas razonablemente sospechosas de tener responsabilidad en su tortura respondan ante la justicia en juicios justos.