Esta semana comenzamos nuestro boletín con el último informe de Amnistía Internacional sobre la aplicación de la pena de muerte durante el año 2010; nos iremos hasta Siria, país donde las (…)
Estos son los temas más destacados de la semana: Se cumple un año de la detención del periodista español Pablo González en Polonia. Por otro lado, más de 30 países han pedido controles jurídicos internacionales sobre los robots asesinos. Además, los derechos humanos deben estar en el centro de la respuesta a los terremotos de Siria y Turquía. Y terminaremos en Guatemala, donde se cumple un año de la detención arbitraria de exfiscal y presa de conciencia Virginia Laparra.
Sommaire
- El régimen de aislamiento del periodista Pablo González debe terminar, p2
- Más de 30 países piden controles jurídicos internacionales sobre los robots asesinos, p3
- Los derechos humanos deben estar ’en el centro de la respuesta’ a los terremotos de Siria y Turquía, p4
- La presa de conciencia Virginia Laparra cumple un año detenida arbitrariamente en la cárcel de (…), p5
La presa de conciencia Virginia Laparra cumple un año detenida arbitrariamente en la cárcel de Guatemala
Amnistía Internacional, informativo semanal a 3 de marzo de 2023 - La presa de conciencia Virginia Laparra cumple un año detenida arbitrariamente en la cárcel de Guatemala
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
En este tiempo es evidente que las múltiples arbitrariedades e irregularidades en el actuar de la fiscalía y del Organismo Judicial en este caso son el resultado de la obsesión de las autoridades en castigar a todas las personas que han contribuido a la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Virginia Laparra fue detenida el 23 de febrero de 2022. El 16 de diciembre de este mismo año un Tribunal de la Ciudad de Guatemala la condenó a cuatro años de cárcel por el delito de abuso de autoridad en forma continuada. Amnistía Internacional reitera su consternación por esta condena basada en el análisis del tribunal de que la entonces fiscal incurrió en un delito, solamente por iniciar una demanda administrativa por señalamientos de corrupción en contra de un juez.