
Esta semana hablamos acerca de la inmigración y la lucha de los sin papeles en EEUU, donde se exige al Gobierno de Obama la regularización. También continuamos con el tema del Proyecto de Reforma (…)
Esta semana repasamos las movilizaciones de inmigrantes en EEUU contra Obama por su falta a los inmigrantes, prometida en su candidatura del 2008 y por la reforma sanitaria de Obama, entendida como un ataque a los trabajadores. También hablamos de los secuestros de inmigrantes en México con la complicidad de las autoridades migratorias del país y del proceso judicial contra Garzón promovido por la ultraderecha.
– El 21 de marzo pasado, más de 100 mil personas salieron a las calles de Washington a protestar contra la situación de los inmigrantes en Estados Unidos y exigir al presidente Obama que cumpla la reforma migratoria que prometió a cambio del apoyo de los inmigrantes a su candidatura en el 2008. Escucharemos un audio de la manifestación.
– La Reforma sanitaria de Obama trae un ataque a los trabajadores. El pasado 21 de marzo la bancada demócrata consiguió la aprobación de la reforma del Sistema de Salud en Estados Unidos. Los medios de comunicación celebraron el resultado de la votación como histórica, resaltando la inclusión de 32 millones de americanos en el servicio de salud y el fin de los abusos de las aseguradoras de la salud. Pero pero la realidad no es tal como la pintan.
– Organizaciones civiles mejicanas aseguran que desde hace más de tres años los inmigrantes son objeto de secuestros sistemáticos que comete el crímen organizado con la complicidad de las autoridades migratorias del país. Escuchamos un audio sobre el tema realizado por el colectivo Pueblo sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos Y que hemos extraído del Informativo Más Voces de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid (URCM).
– El Tribunal Supremo del Estado español tiene abierto varios procesos contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. El proceso de mayor calado es la denuncia por prevaricación presesentado por Falange Española y dos organizaciones satélites de la extrema derecha. La esencia de la denuncia es que el juez Garzón prevarica al investigar los desaparecidos de la dictadura franquista, porque esos delitos están amnistiados desde el año 1977.