Esta semana destacamos las siguientes noticias: En España, dos mujeres han denunciado al cantante Julio Iglesias por distintas formas de violencia. En Estados Unidos, se cumple un año del regreso (…)
Seguimos pendientes de la crisis en Ceuta, donde personas solicitantes de asilo y migrantes son utilizadas como peones en un juego político entre Marruecos y España. Además, Amnistía Internacional ha nombrado preso de conciencia a Luis Manuel Otero Alcántara, del Movimiento San Isidro. Hablaremos también de Sierra Leona, donde se debe priorizar la salud mental para hacer frente a las consecuencias de la guerra y el ébola. Y terminaremos en Afganistán, donde la incertidumbre sobre las conversaciones de paz presagia el desmantelamiento de los derechos de las mujeres y las niñas.
Sommaire
- Personas solicitantes de asilo y migrantes son utilizadas como peones en un juego político (…), p2
- Amnistía Internacional nombra preso de conciencia a Luis Manuel Otero Alcántara, del Movimiento (…), p3
- Sierra Leona debe priorizar la salud mental para hacer frente a las consecuencias de la guerra (…), p4
- La incertidumbre sobre las conversaciones de paz en Afganistán presagia el desmantelamiento de (…), p5
Personas solicitantes de asilo y migrantes son utilizadas como peones en un juego político entre Marruecos y España
Amnistía Internacional, informativo semanal a 29 de mayo de 2021 - Personas solicitantes de asilo y migrantes son utilizadas como peones en un juego político entre Marruecos y España
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
Entre las personas devueltas a Marruecos es probable que haya adolescentes y solicitantes de asilo. No podemos aceptar que las fuerzas españolas estén apaleando a la gente, adolescentes incluidos. Aunque los funcionarios de fronteras sí proporcionaron asistencia de emergencia, son intolerables los abusos. Las autoridades españolas deben abrir una investigación exhaustiva y garantizar la rendición de cuentas.
Muchas de las personas que entraron en España eran niños y niñas de corta edad. Las autoridades deben garantizar que se protege el interés superior de niños y niñas en todos los casos y que éstos pueden pedir protección internacional.