Esta semana hablaremos sobre la reforma de la Ley Orgánica de Educación española, volveremos a solicitar al gobierno de Estados Unidos el acceso a Guantánamo y terminaremos pidiendo vuestro apoyo (…)
Estas son las noticias más destacadas de la semana: En Brasil el gobierno de Bolsonaro está transformando la retórica contra los derechos humanos en medidas concretas. En México denunciaremos la muerte de una menor guatemalteca bajo custodia de las autoridades de migración. Además, nos detendremos en Siria donde el Consejo de Seguridad de la ONU debe abordar los crímenes de lesa humanidad de Idlib. Y terminaremos en Taiwán, primer lugar de Asia que legaliza el matrimonio homosexual tras aprobar proyecto de ley histórico.
Sommaire
- El gobierno brasileño de Bolsonaro está transformando la retórica contra los derechos humanos (…), p2
- Muere una menor guatemalteca bajo custodia de las autoridades de migración mexicana, p3
- El Consejo de Seguridad debe abordar los crímenes de lesa humanidad de Idlib, p4
- Taiwán, primer lugar de Asia que legaliza el matrimonio homosexual tras aprobar proyecto de ley (…), p5
El gobierno brasileño de Bolsonaro está transformando la retórica contra los derechos humanos en medidas concretas
Amnistía Internacional, informativo semanal a 24 de mayo de 2019 - El gobierno brasileño de Bolsonaro está transformando la retórica contra los derechos humanos en medidas concretas
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
Casi cinco meses después desde que Bolsonaro llegara al poder, Amnistía Internacional ha lanzado la acción “Brasil para todo el mundo”. Con ella presenta sus principales motivos de preocupación sobre el país y emite un mensaje de alerta: el discurso antiderechos humanos que ha marcado la trayectoria política del presidente, incluida la campaña electoral de 2018, está comenzando a concretarse en medidas y acciones que amenazan y violan los derechos humanos de todas las personas de Brasil.
Algunas de las medidas adoptadas o propuestas por este gobierno pueden agravar el riesgo de homicidios por arma de fuego, legitiman una política de seguridad basada en el uso de fuerza letal, violan los derechos de los pueblos indígenas y de los quilombolas, basan la política de drogas en prácticas punitivas e ineficaces, pueden conducir a un incremento injustificado del control de las ONG y niegan el derecho a la verdad, a la justicia y a reparaciones de las víctimas del régimen militar.