Estas son las noticias más destacadas de la semana: España debe comprometerse a adoptar medidas que garanticen el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Además, una campaña internacional frena la ejecución de tres jóvenes en Irán. Por otro lado, las personas internamente desplazas en Somalia se enfrentan a varias amenazas en medio de la COVID-19 como sequías y combates continuos. Y terminaremos en Malasia, donde una sentencia judicial contra la flagelación debe ser un primer paso hacia la protección de la población rohinyá.
Un tribunal del país ha decidido hoy anular la pena de tres azotes con vara impuesta a 27 hombres rohinyás. Aunque es una buena noticia, los 27 hombres siguen en prisión, junto con decenas de personas refugiadas rohinyás más —mujeres, niños y niñas incluidos— solo por tratar de huir de una persecución terrible en Myanmar.
El gobierno de Malasia debe excarcelar a todas las personas refugiadas rohinyás que están en prisión, a las que se ha escogido y declarado culpables ilegítimamente de presuntos ‘delitos de inmigración’, lo que es contrario al derecho internacional.
