Estas son las noticias más destacadas de la semana: España debe comprometerse a adoptar medidas que garanticen el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Además, una campaña internacional frena la ejecución de tres jóvenes en Irán. Por otro lado, las personas internamente desplazas en Somalia se enfrentan a varias amenazas en medio de la COVID-19 como sequías y combates continuos. Y terminaremos en Malasia, donde una sentencia judicial contra la flagelación debe ser un primer paso hacia la protección de la población rohinyá.
Los combates continuos, las sequías e inundaciones recurrentes y la peor plaga de langostas de los últimos 25 años obligan a más personas somalíes a huir de sus hogares, lo que da lugar al hacinamiento extremo y a la intensificación del riesgo de contraer la COVID-19 entre las personas internamente desplazadas.
Aproximadamente 500.000 personas internamente desplazadas viven diseminadas en unos 700 asentamientos ubicados en Banadir. Ante la pandemia de COVID-19, estas personas se enfrentan a desalojos forzosos, la falta de empleo y unos servicios de salud deficientes.
