Estas son las noticias más destacadas de la semana: España debe comprometerse a adoptar medidas que garanticen el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Además, una campaña internacional frena la ejecución de tres jóvenes en Irán. Por otro lado, las personas internamente desplazas en Somalia se enfrentan a varias amenazas en medio de la COVID-19 como sequías y combates continuos. Y terminaremos en Malasia, donde una sentencia judicial contra la flagelación debe ser un primer paso hacia la protección de la población rohinyá.
Sus abogados presentaron una apelación que, si bien no elimina la posibilidad de ejecución, al menos sí elimina el riesgo inminente, apoyándose en el artículo 477 del Código Penal Iraní, que permite la repetición del juicio, por ejemplo, si el veredicto se ha emitido basándose en pruebas falsas o si la pena impuesta es demasiado severa.
Los tres jóvenes habían sido condenados a muerte por su relación con las protestas que tuvieron lugar en noviembre de 2019. El año pasado, Irán fue responsable del 38% de las ejecuciones de las que se tuvo constancia en el mundo. Ejecuciones que, en muchos casos llegan tras juicios injustos y tras confesiones obtenidas bajo tortura.
