Esta semana destacamos las siguientes noticias: La comunidad internacional debe tomar medidas para detener la anexión de Cisjordania por parte de Israel. En España, Amnistía Internacional exige a (…)
Estas son las noticias más destacadas de la semana: 18 países realizaron ejecuciones en 2020 a pesar de la COVID-19. Hablaremos también de la petición de una Ley de Vivienda en España. En Rusia, seguimos pendientes de la salud de Aleksei Navalny, que ha sido trasladado de la colonia penitenciaria donde estaba encarcelado ilegalmente a un pabellón médico de otra prisión. Y terminaremos en Hong Kong con el encarcelamiento de diez activistas.
Sommaire
- Algunos países continuaron haciendo uso implacable de las ejecuciones pese a la COVID-19, p2
- La Ley de Vivienda en España debe contener siete elementos indispensables, p3
- El traslado de Aleksei Navalny es un castigo disfrazado de tratamiento médico, p4
- Encarcelar a figuras de la oposición por protestas viola el derecho internacional en Hong Kong, p5
Algunos países continuaron haciendo uso implacable de las ejecuciones pese a la COVID-19
Amnistía Internacional, informativo semanal a 23 de abril de 2021 - Algunos países continuaron haciendo uso implacable de las ejecuciones pese a la COVID-19
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
Entre ellos Egipto, que triplicó su cifra anual de ejecuciones respecto al año anterior. China utilizó la pena de muerte para castigar delitos relacionados con las medidas de prevención de la COVID-19. Además, el gobierno de Trump reanudó las ejecuciones federales después de un paréntesis de 17 años, con la escalofriante cifra de 10 ejecuciones en menos de seis meses. India, Omán, Qatar y Taiwán también reanudaron las ejecuciones.
En el mundo, se supo que al menos 483 personas habían sido ejecutadas en 2020, sin contar a los países que clasifican los datos sobre pena de muerte como secreto de Estado, o sobre los que existe información limitada. Por escalofriante que resulte esta cifra, es el número de ejecuciones más bajo registrado por Amnistía Internacional en al menos un decenio.
