Esta semana destacamos los siguientes temas: En Arabia Saudí se cumplen diez años de abusos contra trabajadores migrantes en el proyecto del metro de Riad. En República Dominicana, las personas migrantes no saturan el sistema de salud frente a las acusaciones del gobierno. Además, en Colombia, los tribunales militares no deben intervenir en investigaciones de derechos humanos. Y terminaremos en Bangladesh con la condena a muerte de la ex primera ministra Sheikh Hasina.
Los tribunales militares colombianos no deben intervenir en investigaciones de derechos humanos
Informativo semanal de Amnistía Internacional a 21 de noviembre de 2025 - Los tribunales militares colombianos no deben intervenir en investigaciones de derechos humanos
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
Esta intervención impide el acceso a la justicia, vulnera los derechos de las víctimas y profundiza los daños causados por la impunidad.
Además, la intromisión de la Justicia Penal Militar se produce pese a prohibiciones expresas en normas nacionales e internacionales. Según estándares internacionales de derechos humanos, los jueces militares nunca deben juzgar a civiles, ni posibles violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional.
<p><strong>El proyecto del metro de Riad, diez años de abusos contra trabajadores migrantes<br class='autobr' />
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<p>Los trabajadores migrantes que viajaron a Arabia Saudí para trabajar en este proyecto fueron obligados a pagar comisiones de contratación desorbitadas. Además, trabajaron en condiciones peligrosas debido al calor y cobraron salarios miserables durante una década marcada por los abusos.</p>
<p>El metro de Riad ha sido recientemente inaugurado. Ha sido construido por destacadas empresas saudíes e internacionales bajo la dirección del gobierno, y está previsto que se amplíe.</p>
<p><strong>Las personas migrantes no saturan el sistema de salud en República Dominicana<br class='autobr' />
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<p>El gobierno ha culpado a la población percibida como haitiana de saturar el sistema sanitario. Además, ha introducido un protocolo migratorio en hospitales públicos que condiciona la atención y expone a detenciones y deportaciones.</p>
<p>Amnistía Internacional ha señalado que este protocolo es una cortina de humo para ocultar que el actual gobierno y los anteriores no han invertido lo suficiente para garantizar el derecho a la salud. De hecho, República Dominicana se encuentra entre los países con menor inversión pública en salud en América Latina y el Caribe.</p>
<p><strong>Los tribunales militares colombianos no deben intervenir en investigaciones de derechos humanos<br class='autobr' />
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<p>Esta intervención impide el acceso a la justicia, vulnera los derechos de las víctimas y profundiza los daños causados por la impunidad.</p>
<p>Además, la intromisión de la Justicia Penal Militar se produce pese a prohibiciones expresas en normas nacionales e internacionales. Según estándares internacionales de derechos humanos, los jueces militares nunca deben juzgar a civiles, ni posibles violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional.</p>
<p><strong>La condena a muerte de la ex primera ministra de Bangladesh Sheikh Hasina no hace justicia a las víctimas de la masacre de 2024<br class='autobr' />
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<p>Las víctimas necesitan justicia y que se rindan cuentas, pero la pena de muerte no hace más que agravar las violaciones de derechos humanos. Quienes sean responsables individualmente de las graves violaciones y acusaciones de crímenes de lesa humanidad ocurridas durante las protestas estudiantiles de julio y agosto de 2024 deben ser investigados y procesados en juicios justos.</p>
<p>Más de 1400 personas murieron y miles resultaron heridas entre julio y agosto de 2024. La justicia para los sobrevivientes y las víctimas exige que se lleven a cabo procedimientos rigurosamente independientes e imparciales, que cumplan con las normas internacionales de derechos humanos.</p>
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