
Estas son las noticias más destacadas de la semana: En España hablaremos del espionaje con el programa de vigilancia Pegasus. Además, en Arabia Saudí una campaña denuncia cómo se utiliza la (...)
Estas son las noticias más destacadas de la semana: En Myanmar ha sido detenida la consejera de Estado, junto a otras personas, durante el golpe militar. En Rusia continúa la detención de manifestantes pacíficos que exigen la libertad del preso de conciencia Aleksei Navalny. Por otro lado, Amnistía Internacional ha publicado nuevos indicios de uso indebido de gas lacrimógeno por parte de la policía en varios países. Y terminaremos en Sudán del Sur, donde la vigilancia indebida que ejerce sin control el Servicio de Seguridad Nacional genera un clima de terror en el país.
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La detención de Aung San Suu Kyi, de altos cargos y de otras figuras políticas es sumamente alarmante. Las personas detenidas deben quedar en libertad de inmediato, salvo que puedan ser acusadas de algún delito común reconocible con arreglo al derecho internacional.
El ejército myanmaro debe aclarar el fundamento legal de estas detenciones, y también debe garantizar que se respetan plenamente los derechos de las personas detenidas, entre ellos el derecho a no ser maltratadas, y que pueden acceder a sus familiares y a asistencia letrada de su elección. Además, debe confirmar su paradero y darles acceso a atención médica.
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Las detenciones y las violentas operaciones de dispersión en Moscú y otras ciudades han sido las últimas medidas represivas de las autoridades rusas contra las personas que —en su inmensa mayoría— se manifestaban pacíficamente exigiendo la libertad de Aleksei Navalny, figura de la oposición y preso de conciencia.
Es tal la cantidad de gente que han detenido las autoridades rusas en las últimas semanas, que en los centros de detención de Moscú ya no hay sitio y se recluye a los manifestantes pacíficos en centros de deportación. Activistas y manifestantes a quienes se ha detenido por participar pacíficamente en protestas son sin excepción presos y presas de conciencia y deben quedar en libertad de inmediato y sin condiciones.
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Un uso indebido en la segunda mitad de 2020, por ejemplo, durante las protestas en torno a las elecciones de Uganda, al movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, y en la represión de manifestantes en Líbano. También se han verificado incidentes recientes de uso indebido de gas lacrimógeno en Francia, Guatemala, India, Malí, Nigeria, Perú, Serbia y Túnez.
El constante uso indebido de gas lacrimógeno por parte de la policía en todo el mundo es temerario y peligroso, y a menudo causa lesiones e incluso la muerte de manifestantes pacíficos. Una vez más, Amnistía Internacional pide a las autoridades de todo el mundo que respeten el derecho de manifestación pacífica y hagan rendir cuentas a quienes hayan empleado de manera ilegítima gas lacrimógeno contra personas que ejercían este derecho.
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Un informe de Amnistía Internacional presenta nuevos datos sobre las capacidades de vigilancia de las autoridades sursudanesas y pone también de relieve el papel de las empresas de telecomunicaciones y de vigilancia, que permiten la interceptación de llamadas telefónicas sin las salvaguardias jurídicas adecuadas.
Esta vigilancia indebida genera aterroriza a periodistas, activistas y personas críticas. A pesar de todo, muchos valientes activistas sursudaneses continúan luchando por sus derechos y los de los demás, enfrentándose a la vigilancia, la intimidación y el acoso. Es hora de que las autoridades del país acaben con las prácticas ilícitas del Servicio de Seguridad Nacional y permitan a la población ejercer su derecho a la libertad de expresión sin miedo a sufrir represalias.