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El pueblo romaní de El Cabanyal.

15 de enero de 2016. Muchas son las voces y diversos los enfoques de cómo resolver el reto de recuperar la convivencia en El Cabanyal. Hemos querido escuchar en este caso, a las más afectadas y menos oídas, las del pueblo romaní. Hablamos con Tomás Correas de Millorem El Cabanyal, y Yonuts, un chico rumano al que han multado con 2.000 euros por tener chatarra en casa. En la tercera entrevista hablamos con Ramona, vino hace cinco años desde Rumanía. Narra como es la convivencia en el barrio, sus deseos de continuar viviendo en El Cabanyal. Hace cinco meses la policía local le multó por tender la ropa en la calle. Cerramos esta serie de entrevistas con Demetrio Gómez, activista por los DDHH del Pueblo Romaní y fundador de la 1a organización internacional de jóvenes gitanos en Europa; coordinador del proyecto europeo ROMED para El Cabanyal. durante el programa escuchamos música compuesta e interpretada por gitan@s de diversas partes del mundo.



El pueblo romaní de El Cabanyal.
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https://directa.cat/poble-romani-del-cabanyal-hostilitzat-policia-local-de-valencia El Pueblo Romaní del Cabanyal hostigado policialmente.

Derogado el proyecto urbanístico que partía en dos al Cabanyal, al nuevo Ayuntamiento de Valencia, así como a sus asociaciones y vecinas que forman su tejido social, se les plantea una rehabilitación compleja de un barrio herido por la especulación inmobiliaria.

Durante algo más de 17 años El Cabanyal, el barrio marinero de Valencia ha vivido bajo la amenaza de un proyecto que pretendía destruir 1651 viviendas para prolongar la avenida Blasco Ibañez hasta el mar. Este proyecto urbanístico impulsado por el anterior ayuntamiento de la ciudad ha sido obstaculizado desde su aprobación, por una gran respuesta vecinal, encabezada por la Plataforma Salvem El Cabanyal. Rita Barberá y el PP valenciano, sufrió en esta resistencia vecinal un gran desgaste y finalmente derrota. El 30 de julio del pasado año, en el primer pleno celebrado en el Ayuntamiento, el plan(PEPRI) era derogado. El nuevo gobierno de la ciudad, elegido dos meses antes y liderado por el alcalde Joan Ribó(Compromís), hacía de esta manera oficial su promesa.

En este largo proceso, la estructura física del barrio se ha visto dañada por derribos y aparición de solares, la dejadez premeditada en el mantenimiento y limpieza del barrio. No menos importante ha sido el daño ocasionado en su otra estructura-la social. Muchas han sido las personas que han abandonado sus casas en la zona afectada por el proyecto, impotentes frente al mobbing inmobiliario, la negativa a la otorgación de licencias para reformas y altas de negocios, y la incertidumbre con el futuro de sus casas. Muchas de esas propiedades privadas, a las que se suman algunas municipales, han ido rehabitándose con personas en muchos casos faltas de recursos económicos y en riesgo de exclusión social.

La problemática en la convivencia está servida, es la herencia compleja y difícil de resolver para el nuevo ayuntamiento de la ciudad. Al tripartito Compromís, PSOE, Valencia en Comú, junto a las vecinas y asociaciones que han ido creándose al calor de la larga lucha vecinal, se les plantea un gran reto, el de recuperar su trama urbanística y algo mucho más complicado, una convivencia en la que se incluya a todas las personas, sea cual fuere su origen, nacionalidad ó etnia.

Gran parte de las personas que han ido reocupando las viviendas afectadas por el proyecto pertenecen al pueblo romaní, en los últimos cinco años se han ido incorporando numerosas familias provenientes de Rumanía. Una parte del barrio señala la no casual concentración de estas familias en zona afectada por el plan de Rita Barberá, asignándoles la etiqueta de formar parte de la degradación del barrio y haber sido utilizada esta población como “caballo de Troya” en la guerra sucia mantenida por el anterior consistorio. La afirmación categórica de esta tesis corre el riesgo de convertir en “chivo expiatorio” de los males del barrio a una población que ha migrado de su país huyendo de la pobreza, buscando disfrutar de derechos tan fundamentales como el de tener una vivienda y trabajo, gozar de unas mejores condiciones de vida. Además del peligro de un discurso que camina haciendo funambulismo por el borde del abismo del racismo y la xenofobia.

Muchas son las voces y diversos los enfoques de cómo resolver el reto de recuperar la convivencia en El Cabanyal. Hemos querido escuchar en este caso, a las más afectadas y menos oídas, las del pueblo romaní.

Las voces del pueblo romaní. Tomás Correas es portavoz de Millorem el cabanyal, una asociación de vecinas creada hace dos años en un bloque de 168 viviendas, muy próximo al mar y que hubiera sido derribado de haberse llevado a efecto el proyecto del PP. El Clot actualmente está habitado en parte por 120 familias gitanas. Nos relata cómo la asociación nace a partir de “la necesidad de crear un grupo reivindicativo, para visibilizar la situación real del bloque”. Correas afirma que desde siempre “se nos ha querido invisibilizar, somos la parte menos agradable de la sociedad en el barrio”. Y continua, “hay parte del barrio que con el tema de la rehabilitación, quieren soluciones inmediatas, y eso pasa por intentar hacer desaparecer a quienes ellos piensan, son el problema”.

En este sentido “las medidas están siendo desacertadas”y reconoce como “un mal endémico”, los cortes de luz con intervención policial a familias “enganchadas” a la red de Iberdrola. Aunque en los últimos meses se ha incrementado este tipo de acciones donde es protagonista la Policía Local, en otras zonas del barrio, sobre todo donde se concentra la población rumana. A la cantidad de multas por “defraudación de fluído eléctrico”, hay que sumarle, las infracciones descritas como “graves” del “almacenamiento de chatarra sin preceptiva obtención de licencia ambiental”. En este caso ocho familias han sido sancionadas. Tomás apunta que “les están haciendo firmar multas, a personas que en casi todos los casos, tienen problemas con el idioma, no saben leer ni escribir en castellano”.

Podría ser el caso de Yonuts, que migró con 16 años al barrio desde Tecuchi, una pequeña ciudad rumana. Su objetivo era encontrar un trabajo y conseguir unos ingresos que le permitieran acabar de construir su casa en Rumanía. Comparte vivienda con su padre, un hermano, su compañera y un hijo de un año y medio. Nos describe su jornada de trabajo, en la que desde las siete de la mañana recorre la ciudad en bicicleta buscando chatarra, hay días que termina a las once de la noche habiendo conseguido 10 ó 15 euros, a 9 cts el Kg; eso supone la recogida de unos 100kgs de metal. Fue multado hace un mes por la policía local, la infracción “grave” en su caso es la de almacenar chatarra. “No más de 40Kgs”, asegura Yonuts, que desde la preocupación nos relata la imposibilidad de su familia de pagar 2001 euros de multa. “La policía entró en casa, se dieron cuenta que pagábamos alquiler, luz y agua. Después encontraron la chatarra, me dijeron que firmara como que habían estado allí y todo estaba bien, si hubiera sabido que era una multa no la hubiera firmado”, afirma Yonuts. A partir de lo ocurrido se plantea irse con el resto de la familia a Inglaterra.

500 Euros de multa por tender la ropa. Hay otro tipo de sanciones que están recayendo sobre la comunidad rom, como la de “ocupación de la vía pública”. Ramona lleva cinco años viviendo en El Cabanyal y fue multada hace cinco meses, por no disponer de licencia para ocupar parte de la acera. El objeto infractor era un tendedero donde la ropa recién lavada de sus hijas se secaba al sol. ”Hay gente en el barrio que quiere que nos vayamos y la policía nos multa, a mi con 500 euros por tender la ropa”. Sin embargo, continua “con la mayoría de vecinas nos sentimos apoyadas y me gusta el barrio, por ahora no pienso volver a Rumanía”.

Actualmente la Fundación del Secretariado Gitano en Valencia, “está asesorando y coordinando a las personas denunciadas y se les ha asignado un abogado de oficio”, nos confirma Lola Fernández-directora territorial en Valencia de esta fundación. “Se han hecho ’recursos de reposición’ de las ocho denuncias por almacenar chatarra, y se les dio registro de entrada el 23 de diciembre en el Ayuntamiento, además de “mantener conversaciones con las concejalías de Inserción Socio-Laboral y Servicios sociales”, en las que ambas regidoras les han transmitido que “su política no va en la línea que está aplicando la policía local”.

Descoordinación entre concejalías. Lola achaca como una de las causas a “una descoordinación entre concejalías”, la que está llevando a que la primera visita que están recibiendo estas familias, como confirman Yonuts y Ramona, es la de la policía local y no la de Servicios Sociales. “Para solucionar un tema tan complejo, hay que asumir que las soluciones también lo son, y éstas pasan por un consenso entre todas las partes, las alternativas deberían venir desde el ámbito social. La solución no debe ser la policial, porque estas personas no son delincuentes” concluye Lola.

En la misma línea coinciden Tomás Correas y Demetrio Gómez, activista por los Derechos Humanos del pueblo romaní y coordinador del proyecto europeo ROMED para El Cabanyal. Demetrio afirma que “es un error hablar de mediación policial”, haciendo referencia a la línea de actuación propuesta por la concejala de Seguridad Ciudadana, Sandra Gómez, quien manifestaba en una reunión-comisión de urgencia, con diversas entidades vecinales el pasado 7 de Julio, la determinación de “ intensificar la mediación a los ciudadanos desde la policía. Las líneas de actuación se van a actuar con mayor presencia policial en el barrio”, como consta en el acta de la reunión.

La necesidad de una mediación, no policial. Para Demetrio la mediación es primordial y “no pasa por poner multas, ni amedrentar”, le resulta “canallesco” el “hacer firmar multas a gente que no sabe leer”. Sin embargo, piensa “sería un momento idóneo, dada la situación actual del barrio y el nuevo planteamiento político en Valencia, para llevar a cabo el programa ROMED”. Nace en el año 2011, “con el objetivo de formar a mediadores del pueblo rom, en activo para dotarlos de una formación y metodología específica de trabajo procurando de esta manera una forma de establecer una mediación de calidad entre las comunidades romanís y las autoridades locales”. El ayuntamiento de la ciudad, ha firmado recientemente el programa ROMED del Consejo Europeo, a través de su regidora de Bienestar Social- Consol Castillo.

Contradicciones para un “Ayuntamiento del cambio”. Resalta de esta manera la contradicción con las actuaciones instadas por la concejalia de la policía local. En nota de prensa publicada por el Ayuntamiento, el 3 de diciembre-2015, poco después de la presentación del programa ROMED, podemos leer: “Se trata de un programa que se centra en la mediación para el empoderamiento y la participación directa de las comunidades romanís de los barrios -tanto autóctona cómo migrante- en procesos de propuestas, iniciativas y toma de decisiones”. La nota recoge declaraciones de Castillo en este sentido “uno de los problemas con que se encuentra la población calé del barrio tiene mucho que ver con el abandono institucional y las políticas de acoso que se han llevado a cabo contra este sector de la población, en demasiadas ocasiones ’chivo expiatorio’ de cualquier problemática del barrio ".

Para Demetrio “las evidencias son demasiado obvias para poder negarlas, porque se está actuando contra una determinada población en una zona muy concreta de El Cabanyal”, y va más allá apuntando que “estas dinámicas podrían estar siendo ejercidas desde la persecución por el perfil étnico de estas personas, y en ese caso cabría la posibilidad de que se estuviera incurriendo en un caso de racismo institucional”.

Antoni Silva

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