9 de junio de 2006
| Colectivo: Diagonal Periódico
| Duración: 8:00

El nombre del Jefe de la Policía Judicial podría estar en la agenda del “cerebro del caso de Marbella”

El diario el país del 23 de mayo hablaba de 4 mandos policiales relacionados con el caso Marbella. Según ha podido confirmar Diagonal, uno de esos nombres sería el de Juan Antonio González García, Comisario General de la policía Judicial y encargado de la investigación sobre la trama de corrupción en el ayuntamiento Marbellí.

Roca, cerebro del caso marbella, realizó anotaciones en agendas encontradas en un trastero de la localidad malagueña, que, según el diario el País del día 23 de Mayo, contenían “junto una serie de anotaciones privadas que incluyen contactos y reuniones, cobros y pagos a una lista de personas de las que solo anotaba las iniciales”. Las siglas JAGG coinciden con Juan Antonio González García, actual comisario general de la policía Judicial y Jefe Superior de la Policía Nacional de Murcia, en el año 2000, momento en que Roca tejió una formidable red de influencias en esa región. El mismo diario también relata que “existe un punto en común entre varios mandos policiales anotados por Roca: Han tenido mando o son originarios de su tierra natal, Murcia, donde el detenido realizó amplias inversiones urbanísticas”.

Especialmente chocante resulta que, a sabiendas de que el caso implica a mandos de la Policía Nacional, ninguna investigación de Asuntos Internos ha sido puesta en marcha mientras que el propio Gonzalez García, es hoy, el responsable de la investigación del Caso Marbella.

Los principales hitos en la carrera de González García, no muestran precisamente un comportamiento ejemplar del mando.

Isabel Llaquet, fue acusada en 1980 de ser la secretaria general del PCE reconstituido y reconoció a González García como uno de los inspectores que la torturó provocando su ingreso en un hospital y gravísimas lesiones que obligaron a Llaquet a asistir al juicio contra ella en silla de ruedas.

Gonzalez García fue uno de los funcionarios que realizaron los interrogatorios a Joseba Arregui en el año 81. Arregui falleció en la cárcel de Carabanchel tras 9 días de interrogatorio y el caso se recuerda porque su muerte fue seguida de una huelga general en Euskadi y masivas manifestaciones. Dos funcionarios fueron condenados, el instructor y el secretario del atestado policial, González García mantuvo su expediente limpio.

González García participó en la operación policial que dio con Roldán en la cárcel tras su detención en Laos en 1996. Están contrastadas sus reuniones junto con el entonces prófugo de la justicia, Francisco Paesa, quién, según el diario el Mundo, cobró 1.800.000 € a cambio de revelar el paradero de Luis Roldán. Esta actuación le sirvió al comisario González García para ganarse el reconocimiento del entonces ministro del interior, Juan Alberto Belloch y de todo el gobierno socialista.

En el 2000 fue nombrado Jefe superior de policía el la Comunidad Autónoma de Murcia, momento en que el ex asesor de urbanismo del ayuntamiento de Marbella, Roca, realizó importantes inversiones.

Desde 2004 Juan Antonio González García está al frente de la policía Judicial tras la renovación de mandos realizada por el gobierno de Zapatero y es el responsable, por tanto, de una investigación en la que él mismo podría estar imputado?.

La financiación española a la exportación aumenta la deuda externa de los países empobrecidos y apoya a empresas contaminantes entre las que se encuentra la papelera proyectada en la frontera entre Argentina y Uruguay

Aunque desconocidas para la mayoría, las agencias de crédito a la exportación son grandes responsables de la deuda externa en el tercer mundo y la colonización empresarial que sufren estos países. Las agencias de crédito a la exportación son imprescindibles cuando una multinacional quiere instalarse en un país. Su funcionamiento es el siguiente: la multinacional paga una cuota de seguros a la agencia y esta asegura a la multinacional ante operaciones fallidas. Previamente la agencia llega a un acuerdo con el país donde se va a instalar la multinacional. En este acuerdo el gobierno del país se compromete a correr con los gastos si la operación falla por motivos políticos, por lo tanto las multinacionales nunca pierden dinero en sus operaciones.

España, al igual que otros países ricos, cuenta con una propia agencia, la Compañía Española de Seguros de crédito a la Exportación, de propiedad pública aunque con una participación de casi un 50% de capital privado, lo que determina que buena parte de las decisiones de la aseguradora no lleguen a ser conocidas por la opinión pública y que el porcentaje de deuda externa por este concepto alcance el 52%.

Sin embargo en las últimas semanas se ha filtrado que esta compañía española de seguros respalda un préstamo de 300 millones de euros para la construcción de una fábrica papelera contaminante en la frontera de Uruguay con Argentina a cargo de una empresa española. La construcción de esta papelera supondrá un grave impacto ecológico en la zona, como han denunciado varias organizaciones ecologistas y ciudadanas que, por otra parte, han conseguido frenar el proyecto. Incluso el Senado argentino ha solicitado al presidente Kirchner que acuda al Tribunal de La Haya para evitar la instalación de la papelera, que emitiría constantemente dióxido de cloro, un producto muy peligroso para la salud humana y el medio ambiente.

Asturias sufre aún las consecuencias sociales y económicas de la reconversión industrial

Reconversión de la siderurgia, la liquidación de la minería del sector naval y de miles de pequeñas explotaciones de Asturias han convertido a la región en la cuarta región menos desarrollada del Estado, a pesar de haber recuperado el nivel de empleo de antes de la reconversión industrial de los años 80. A día de hoy, tiene la tasa de actividad laboral más baja, un 46 por ciento, y sufre una pérdida continua de población, auspiciada por la tasa de natalidad más baja de Europa y por una fuerte emigración juvenil.

Los sindicatos denuncian que el sector siderúrgico se haya privatizado al completo, y que el Estado ha dedicado más recursos a subvencionar despidos que a invertir en mejoras.

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