Estas son las noticias más desatadas de la semana: Myanmar y Singapur han reanudado las ejecuciones. Nos centraremos también en Sri Lanka, donde se debe cesar la agresión a manifestantes pacíficos. (...)
El boletín informativo de esta semana está dedicado al informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Un documento que contiene un análisis exhaustivo de las tendencias observadas en materia de derechos humanos en 149 países en 2020, un año marcado por la pandemia.
Sommaire
- La COVID-19 ha sido instrumentalizada por dirigentes para intensificar su asalto a los (...), p2
- Los intereses nacionales han prevalecido sobre la cooperación internacional en la respuesta a (...), p3
- Surgen en todo el mundo movimientos de protesta de una población defraudada por sus (...), p4
- La situación de derechos humanos en España, p5
La situación de derechos humanos en España
Amnistía Internacional, informativo semanal a 9 de abril de 2021 - La situación de derechos humanos en España
Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid
La emergencia sanitaria y décadas de falta de inversión han desbordado al deficiente sistema de atención primaria. Además, ha expuesto al personal sanitario y abandonado a las personas mayores que viven en residencias y las que tienen mayores necesidades de salud.
El personal sanitario ha estado expuesto a sufrir las consecuencias de la pandemia y no ha tenido medios suficientes para hacerla frente durante muchos meses, especialmente durante la primera ola. La falta de personal, los horarios excesivos y la ausencia de equipos de protección adecuados han sido constantes dejando expuestos a los y las profesionales de la salud y mermado, una vez más, el derecho a la salud de las personas.
En cuanto a la ciudadanía, miles de personas de la tercera edad que viven en residencias, se vieron abandonadas a su suerte durante los meses más duros del confinamiento. Sufrieron falta de atención médica y aislamiento en las residencias. Además, el estado de alarma decretado por el gobierno acrecentó la tendencia ya mostrada con la entrada en vigor de la ley mordaza hace seis años de otorgar más poder a las fuerzas de seguridad.