
Estas son las noticias más destacadas de la semana: Finaliza la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26) sin llegar a un resultado que proteja al planeta y a sus habitantes. (...)
Estas son las noticias más destacadas de la semana: El personal sanitario ha sido silenciado, expuesto y atacado durante la crisis de la COVID-19. Además, en España denunciaremos cómo las políticas de austeridad de los últimos 10 años han puesto en riesgo el derecho a la salud. Hablaremos también del 25 aniversario de la masacre de Srebrenica. Y terminaremos en Francia con la victoria para Martine Landry, la jubilada que se enfrentaba a pena de cárcel por mostrar compasión hacia niños refugiados en la frontera.
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Un informe de Amnistía Internacional revela que más de 3.000 profesionales de la salud han muerto por la COVID-19 en todo el mundo, cifra probablemente muy inferior a la real. Además, la organización ha documentado casos en los que profesionales de la salud que denunciaron problemas de seguridad en el contexto de la respuesta a la COVID-19 sufrieron represalias: desde el arresto y la detención hasta amenazas y despidos.
Mientras continúa la crisis de la COVID-19 en todo el mundo, la administración de Donald Trump ha decidido retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Una decisión que tendrá efectos negativos en los esfuerzos por controlar la pandemia, y también en los demás programas esenciales de atención a la salud que la organización.
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Así lo denuncia un mapa por comunidades autónomas de Amnistía Internacional a través del cual podemos ver cómo los últimos años representan una década perdida (entre 2009 y 2018) en términos de inversión para la sanidad. A pesar de que el PIB ha aumentado un 8,6%, el gasto sanitario público se ha reducido en España en un 11,21% desde 2009.
Estas políticas han provocado un deterioro de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria y han generado mucho sufrimiento, especialmente en las personas de rentas más bajas, y dentro de este grupo, en las personas con enfermedades crónicas, aquellas con discapacidad, las que reciben tratamiento de salud mental y las personas mayores. Las autoridades deben, de manera urgente, revertir la tendencia de desinversión en el Sistema Nacional de Salud e incrementar los recursos humanos y materiales
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Una masacre en la que más de 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios fueron asesinados por el Ejército de los Serbios de Bosnia en lo que era una “zona segura” designada por la ONU. 25 años después, las familias de más de 1.000 víctimas siguen buscando sus restos.
Este aniversario conmemora también 25 años de lucha para obtener justicia, verdad y reparación para quienes sobrevivieron, incluidas las víctimas de violación y violencia sexual en tiempos de guerra. Aunque muchos de los autores han comparecido ante la justicia, las personas supervivientes siguen enfrentándose a obstáculos insuperables para obtener verdad, justicia y reparación para su sufrimiento.
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Martine Landry, de 76 años, se enfrentaba a hasta cinco años de prisión y una multa de 30.000 euros por el cargo de “facilitar la entrada irregular” de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes por ayudar a dos niños de 15 años a llegar a una comisaría de policía en la frontera franco-italiana.
Al retirar los cargos, la Fiscalía ha confirmado que el procesamiento de Martine Landry no tenía que haberse producido. La decisión de retirar los cargos era necesaria y también lo correcto. Martine Landry y otras personas que han actuado solidariamente con personas refugiadas y migrantes no deberían sufrir hostigamiento ni intimidación, y mucho menos a través de un uso indebido del sistema de justicia penal.