
Estas son las noticias más destacadas de la semana: La Unión Europea debe actuar para poner fin a los abusos con software espía, después de que destacadas figuras catalanas hayan sido atacadas con (...)
Estas son las noticias más destacadas de la semana: En España el decreto digital propicia la censura previa y el secuestro de contenidos en Internet por parte del gobierno. Además, en El Salvador el despliegue de las fuerzas de seguridad en la Asamblea Legislativa es preocupante para los derechos humanos en el país. Por otro lado, la muerte del médico que alertó del coronavirus en China revela deficiencias en derechos humanos en la gestión del brote. Y terminaremos con el ataque a una destacada periodista de investigación y una abogada en su visita a Chechenia.
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Esta norma da excesivos poderes al gobierno para intervenir, suspender o asumir la gestión de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas por razones de seguridad nacional, seguridad pública y orden público, sin mecanismos de control para evitar que se aplique de manera desproporcionada.
El decreto incumple con las obligaciones internacionales que tiene España en materia de libertad de expresión y de información. Es imprescindible que se establezcan mecanismos para garantizar que la intervención de las autoridades no sea arbitraria, a través de un adecuado control judicial.
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Este despliegue nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos en el país. El presidente debe resguardar el importante legado de los acuerdos de paz.
Las múltiples denuncias de francotiradores apostados en las proximidades de la Asamblea Legislativa, la presencia militar innecesaria y las restricciones a la libertad de prensa podrían marcar el inicio de una ruta peligrosa para la institucionalidad y para los derechos humanos en el país.
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Este caso es un trágico recordatorio de cómo la preocupación de las autoridades chinas por el mantenimiento de la ’estabilidad’ hace que eliminen información vital sobre asuntos de interés público.
China debe aprender la lección del caso de Li y adoptar un enfoque que respete los derechos humanos para combatir la epidemia. Nadie debería sufrir hostigamiento ni sanciones por pronunciarse sobre peligros públicos, sólo porque podría resultar incómodo al gobierno.
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El año pasado, el dirigente checheno designado por Rusia Ramzan Kadyrov advirtió abiertamente que prohibiría en Chechenia a los defensores y defensoras de los derechos humanos, y los amenazó con actos de violencia. Ahora se está produciendo esta violencia.
Sólo una investigación efectiva de este y de todos los ataques anteriores puede terminar con la impunidad que reina actualmente en Chechenia. Dado que hay pocas esperanzas de que tal investigación se lleve a cabo a nivel local, las autoridades federales de Rusia deberían tomar cartas en el asunto, pero hasta ahora han indicado claramente que no tienen intención de hacerlo.