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Amnistía Internacional, informativo semanal a 1 de marzo de 2013

1ro de marzo de 2013. Esta semana abrimos con dos temas sobre España. En primer lugar, hablaremos del desmantelamiento del poblado de Puerta de Hierro en Madrid. Por otro lado, denunciaremos la detención y el internamiento de personas inmigrantes de manera generalizada e indiscriminada como medio de control migratorio en el país. Además, hablaremos de Marruecos, donde el director de una publicación se enfrenta a un año de cárcel por publicar un artículo en el que se afirma que un alto cargo del gobierno gastó dinero público en una cena de lujo. Nuestra última parada será la República Democrática del Congo, donde la protección de la población civil debe ser la prioridad en las negociaciones sobre la resolución de la crisis del país.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  Duración aproximada: 00:08:00

España: Se desmantela el poblado de Puerta de Hierro en Madrid

Arrancamos este repaso informativo en España, donde se ha ha producido el desmantelamiento del poblado de Puerta de Hierro, en Madrid, del cual ya únicamente quedaban en pie dos edificios. El lugar de culto, donde vivían 9 personas, 5 de ellas menores, y otra vivienda donde residían al menos 5 personas.

El día anterior al desmantelamiento, 25 de febrero, los residentes iniciaron el derribo parcial de ambos edificios de manera voluntaria. Asimismo, Amnistía Internacional ha recibido información por la cual las autoridades municipales habrían comunicado a los menores que se suspendería la ruta escolar al poblado el día anterior al desmantelamiento.

Según testigos, representantes del Ayuntamiento de Madrid se presentaron el 26 de febrero sin el Samur Social, encargado de atender a las personas que sufren desalojos. En el caso del lugar de culto, y según las familias afectadas, el Ayuntamiento no ha facilitado alojamiento alternativo adecuado a estas personas, ni siquiera un alojamiento de emergencia. Asimismo, según la información recibida por Amnistía Internacional, el Consistorio tampoco ha facilitado una solución para las familias que se habían visto obligadas a residir en furgonetas en el poblado tras haber sido desalojadas en ocasiones anteriores.

El día del desmantelamiento, la organización solicitó entrar en el poblado y los funcionarios presentes impidieron su acceso. Amnistía Internacional ha venido denunciando los desalojos sin garantías de derechos humanos producidos en el poblado Puerta de Hierro que se han llevado a cabo entre 2010 y 2013. La organización ha calificado estos desalojos como desalojos forzosos, ya que se han producido sin respetar las garantías de protección de derechos humanos que todo desalojo debe asegurar.

España: El internamiento indiscriminado de inmigrantes como política de control migratorio

No dejamos España porque hay un nuevo informe en el que Amnistía Internacional denuncia la detención generalizada e indiscriminada de inmigrantes en situación administrativa irregular sin tener en cuenta sus circunstancias personales. Estas personas son recluidas hasta un máximo de 60 días en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) como política de control migratorio.

Esto se hace sin valorar la aplicación de medidas alternativas. No hay datos que permitan conocer si las autoridades aplican las que aparecen contempladas en la Ley de Extranjería, como la obligación de presentarse ante las autoridades, residir en lugares determinados o retener la documentación.

Amnistía Internacional ha señalado que el ingreso de inmigrantes en un centro de internamiento para extranjeros debe ser algo excepcional y de último recurso, una vez que se hayan valorado todas las alternativas existentes mediante un estudio individual de cada caso.

Según los datos de la Fiscalía General del Estado, durante el año 2011, más de 13.240 personas fueron ingresadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros. De ellas, 6.825 fueron finalmente expulsadas. Eso significa que el 49% fueron privadas de libertad sin que finalmente fueran expulsadas.

Marruecos / Sáhara Occidental: Director de publicación se enfrenta a un año de cárcel por el artículo “La cena con champán del ministro”

Nos trasladamos ahora hasta Marruecos. Allí, el director de una publicación se enfrenta a la cárcel por cargos de difundir información falsa tras publicar un artículo en el que se afirma que un alto cargo del gobierno gastó dinero público en una cena de lujo. Sin embargo, el acusado asegura que publicó esa información tras un exhaustivo trabajo de investigación y que hizo varios intentos de entrevistar al ministro.

Si es declarado culpable, el periodista podría ser condenado a un año de prisión por la publicación del artículo. La organización ha señalado que los cargos deben ser desestimados de inmediato por el Tribunal de Primera Instancia de Casablanca. Si lo encarcelan por estos cargos, el director de la publicación será considerado preso de conciencia, recluido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.

Amnistía Internacional ha denunciado que a pesar de las reformas prometidas y del compromiso declarado de respetar y defender la libertad de expresión, las autoridades marroquíes siguen reprimiendo las críticas. La organización también ha señalado que el periodismo de investigación sobre cómo se gasta el dinero público es una actividad legítima y las autoridades no deben refugiarse en las desmesuradas disposiciones del Código de Prensa para evitar el escrutinio.

El actual Código de Prensa penaliza la expresión pacífica si se considera que socava la monarquía o la integridad territorial de Marruecos, o que denigra el islam. Su quebrantamiento se castiga con pena de cárcel, lo que supone una contravención directa de las obligaciones jurídicas de Marruecos y de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y de los medios de comunicación.

República Democrática del Congo: La protección de la población civil es prioritaria en cualquier negociación

Terminamos el repaso de esta semana viajando a uno de los lugares más conflictivos del mundo en la actualidad, la República Democrática del Congo. Amnistía Internacional ha señalado que todos los actores que participan en los debates sobre la resolución de la crisis en el país deben mantener la protección de la población civil en el centro de sus iniciativas.

Mientras continúan las conversaciones, la población civil del este del país residente en zonas que están bajo el control de grupos armados sigue sufriendo abusos, incluidas torturas y malos tratos, y los enfrentamientos entre estos grupos y el ejército congoleño generan nuevas oleadas de desplazamientos.

En las últimas semanas, el secretario general de la ONU ha buscado el apoyo de los Estados africanos para crear un marco de paz que aborde de forma integral la crisis en el este del país mediante compromisos del gobierno, los líderes de la región y la comunidad internacional.

El secretario general y la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) también están estudiando una propuesta para desplegar una brigada de intervención compuesta por tropas africanas dentro de la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, la MONUSCO, con un mandato de carácter ofensivo para neutralizar y desarmar a los grupos armados y evitar su expansión.

La organización ha señalado que cualquier despliegue de una fuerza ofensiva debe ir acompañado de medidas preventivas que eviten el empeoramiento de la situación humanitaria y de los derechos humanos. El despliegue de esta brigada de intervención exigirá la elaboración de una estrategia para evitar que los grupos armados lleven a cabo ataques en represalia contra las poblaciones locales que consideran que apoyan al ejército nacional. Y todo esto deberá ir acompañado de programas sostenidos de desarme, desmovilización y reintegración que fomenten el regreso a la vida civil de los miembros de los grupos armados.

Amnistía Internacional, informativo semanal
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