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Amnistía Internacional, informativo semanal a 22 de febrero de 2013

22 de febrero de 2013. Esta semana arrancaremos nuestro boletín semanal en el Sáhara Occidental para solicitar que los activistas saharauis condenados por los sucesos de Gdim Izik sean juzgados con las garantías en tribunales civiles y no militares. En España, Amnistía Internacional ha recordado que la lucha contra la pobreza, el fin de las violaciones de derechos humanos y el respeto al medio ambiente deben ser una prioridad del Gobierno. Hablaremos también de Sudán para pedir a las autoridades locales que actúen de inmediato para detener la ejecución de un activista empleando todos los medios a su alcance. En último lugar, nos detendremos en Bangladesh para reivindicar que no se debe ceder a las presiones que quieren imponer la pena de muerte en el país.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  

Marruecos / Sáhara Occidental: Los saharauis condenados deben ser juzgados con las debidas garantías en tribunales civiles

Abrimos este repaso informativo en el Sáhara Occidental. Amnistía Internacional ha señalado que las autoridades marroquíes deben recurrir a tribunales civiles para volver a juzgar con las debidas garantías a 25 saharauis e investigar exhaustivamente las denuncias de tortura que han presentado.

Recientemente, un tribunal militar marroquí ha impuesto nueve penas de cadena perpetua yha condenado a otros 14 acusados a entre 20 y 30 años de prisión. Otros dos acusados han quedado en libertad tras cumplir en detención preventiva la pena de dos años de prisión que les fue impuesta.

Las sentencias condenatorias se refieren a los actos de violencia que se produjeron durante y tras el desmantelamiento por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes del campamento de protesta de Gdim Izik en noviembre de 2010, durante los cuales murieron 11 integrantes de las fuerzas de seguridad y dos saharauis. Los abogados de los detenidos han asegurado que impugnarán las sentencias ante el Tribunal de Casación.

La organización ha mostrado su preocupación sobre el uso de tribunales militares así como por la ausencia de investigaciones de casos de tortura y confesiones obtenidas bajo coacción de los acusados saharauis.

España: La lucha contra la pobreza, el fin de las violaciones de derechos humanos y el respeto al medio ambiente deben ser una prioridad del Gobierno

Continuamos ahora en España. En el marco del debate sobre el Estado de la Nación. Amnistía Internacional junto con Greenpeace e Intermón Oxfam ha elaborado un decálogo de medidas urgentes contra la crisis, en el que piden un cambio de rumbo con respecto a las políticas emprendidas por el gobierno.

En este sentido, las tres ONG exigen mayor protección de los derechos de las personas, priorizando a los colectivos más vulnerables; una reorientación del modelo energético para favorecer la creación de empleo y la sostenibilidad; y un cambio en la política fiscal y económica que contribuya a crear una sociedad más equitativa y justa. Es necesario apostar por la lucha contra la pobreza, un modelo energético basado 100% en las renovables y no relajar los controles sobre el comercio de armas.

Las organizaciones consideran que el “mantra” de la austeridad ha significado mayor desprotección para las personas que pertenecen a colectivos más vulnerables, como inmigrantes en situación administrativa irregular o personas con menos recursos; y, dentro de estos, las mujeres. Entre otras causas, las medidas adoptadas por el gobierno han provocado que casi dos millones de familias españolas no tengan ningún ingreso y que una de cada cuatro viva en la pobreza o en condiciones de exclusión social.

Al mismo tiempo, se ha violado el derecho internacional adoptando medidas regresivas en el ámbito del acceso al derecho a la salud, se ha mermado la calidad de la educación debilitando el sector público de la misma y se ha producido una enorme degradación del medio ambiente.

La carta abierta que hacen pública las organizaciones pide que no haya más violaciones de derechos humanos. Para ello, debe modificarse el Real Decreto Ley 16/2012 que limita el acceso a personas migrantes en situación administrativa irregular al derecho a la salud, suspenderse de manera inmediata los desalojos forzosos y una legislación que los prohíba expresamente, tal y como reconocen las normas internacionales ratificadas por España.

Sudán: Detengan la ejecución inminente de un activista darfurí

Nos detenemos ahora en Sudán. Las autoridades del país deben detener la ejecución de un activista darfurí cuya condena se elevó de 10 años de cárcel a pena de muerte. Amnistía Internacional ha señalado que corre peligro inminente de ser ejecutado en la horca. El joven participó en las protestas contra la represión de las personas desplazadas por las fuerzas de seguridad en Darfur del Sur y fue encarcelado en 2010 por su presunta implicación en un asesinato.

Amnistía Internacional ha señalado que las imprecisas circunstancias en las que se modificó la condena del activista constituyen una clara violación de las normas sobre garantías procesales. Su familia cree que lo detuvieron y condenaron por el asesinato en represalia por su activismo.

En diciembre de 2012, casi tres años después de ser encarcelado, un funcionario le comunicó que se había revisado su pena y ahora estaba condenado a muerte. Ese mismo día lo trasladaron a la zona de los condenados a muerte y, según los informes, lo llevaron tres veces al cadalso y después le dijeron que la ejecución se pospondría 35 días.

El plazo ya ha expirado y Amnistía Internacional entiende que el nuevo periodo de gracia solicitado por su abogado finalizará pronto. Además, no parece haber habido ninguna vista judicial sobre la modificación de la condena. Su familia cree que la decisión fue tomada por la administración penitenciaria bajo la influencia del Servicio Nacional de Seguridad.

Bangladesh: No se debe ceder a las presiones que quieren imponer la pena de muerte

Nuestra última parada es Bangladesh, donde el gobierno no debe dejar que una nueva enmienda legal propuesta genere presiones para condenar a muerte a las personas declaradas culpables por su Tribunal de Crímenes Internacionales. Un organismo que se creó en 2010 para juzgar a personas acusadas de delitos de derecho internacional –tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad– cometidos durante la guerra de independencia bangladeshí de 1971.

La nueva enmienda que tiene previsto aprobar el gobierno permitirá que los fiscales recurran para solicitar la pena de muerte en los casos en que el Tribunal imponga penas de prisión. Actualmente, la defensa puede recurrir en cualquier circunstancia, mientras que la fiscalía sólo puede hacerlo en caso de absolución. Con esta enmienda la fiscalía tendría también derecho a recurrir las condenas impuestas por el Tribunal, lo cual le permitiría pedir al Tribunal Supremo que elevara las penas de prisión a penas de muerte.

Amnistía Internacional también ha recibido preocupantes informes de amenazas contra personas que criticaban al Tribunal y que pueden estar en peligro de sufrir actos de violencia en represalia.

La organización considera que el Tribunal de Crímenes Internacionales es una oportunidad histórica para terminar con más de 40 años de impunidad para los terribles delitos perpetrados durante la guerra de independencia de Bangladesh. La organización también ha señalado que el gobierno no debe utilizar su mayoría parlamentaria para cambiar la ley de manera que se pueda pedir la pena de muerte al Tribunal Supremo.

Amnistía Internacional, informativo semanal
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