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Amnistía Internacional, informativo semanal a 27 de diciembre de 2012

31 de diciembre de 2012. Esta semana empezamos en Arabia Saudí, donde se acusa a los disidentes políticos de “apostasía”, un delito que puede ser castigado con la pena de muerte. Seguiremos en Vietnam donde Amnistía Internacional pide la liberación inmediata de blogueros críticos con el Gobierno. Continuaremos pidiéndole al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que garantice la seguridad de la población civil de Mali, una vez aprobada la intervención de una fuerza militar internacional en el país. Y terminaremos en Grecia, alertando del lamentable trato que se está dando a los solicitantes de asilo.



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Producción: URCM   |   Relacionado con : Amnistía Internacional   |  

Arabia Saudí utiliza el delito capital de “apostasía” para acallar el debate social y político

Arrancamos desde Arabia Saudí, donde Raif Badawi, activista on line será juzgado por apostasía, un cargo que implica la pena de muerte. Para Amnistía Internacional con este juicio, cargado de irregularidades, se intenta acallar el debate político y social.

Badawi es fundador de “Liberales Saudíes”, un sitio web para el debate político y social, y permanece bajo custodia desde junio de 2012 por cargos como el de “creación de un sitio web que pone en peligro la seguridad general” y “ridiculización de instituciones religiosas islámicas”.

Amnistía Internacional considera a Raif Badawi preso de conciencia, retenido únicamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión. Para la organización resulta totalmente intolerable pedir la pena de muerte para un activista cuyo único ’delito’ ha sido dar cabida al debate social en la red.

Los cargos presentados contra Raif Badawi derivan de varios artículos publicados por el acusado, entre ellos uno sobre el día de San Valentín, celebración prohibida en Arabia Saudí.

Raif Badawi también ha sido acusado de ridiculizar a la Comisión Saudí para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, también conocida como la policía religiosa, en la conclusión de uno de sus artículos: “Tenemos que dar las gracias a la Comisión para la Promoción de la Virtud por enseñarnos valores morales y por su deseo de garantizar que todos los miembros del público saudí estén entre las personas que irán al paraíso”.

Vietnam: Liberen a los blogueros y no silencien a la disidencia

También en relación con la libertad de expresión nos tenemos que detener en Vietnam, donde Amnistía Internacional pide la liberación inmediata de tres blogueros vietnamitas, a los que se han impuesto severas penas de prisión por presunta propaganda contra el Estado. La vista sobre su recurso de apelación se está celebrando estos días.

Los tres fueron condenados el 24 de septiembre de 2012 en un juicio que duró sólo unas horas.

Nguyen Van Hai fue condenado a 12 años de prisión; la ex policía Ta Phong Tan, a 10, y Phan Thanh Hai, a 4. Para Amnistía Internacional las condenas impuestas a estos blogueros son un manifiesto intento de las autoridades vietnamitas de silenciar las opiniones disidentes.

La organización considera a estos blogueros presos de conciencia, detenidos únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión en sus escritos en Internet. Por ello deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones.

Las autoridades vietnamitas han intensificado este año su campaña de represión de las voces críticas con el gobierno, como revela el encarcelamiento de blogueros, cantautores, abogados, activistas obreros, miembros de grupos religiosos, activistas partidarios de la democracia y otras personas.

Para Amnistía Internacional ésta es una tendencia muy preocupante a la que se debe poner fin: debe permitirse a los defensores de los derechos humanos contribuir al desarrollo de su país, y no atemorizarlos con la cárcel debido a sus actividades pacíficas.

Mali: La intervención armada puede empeorar la crisis

Seguimos en Mali, donde la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de una intervención armada podría empeorar la crisis humanitaria y de derechos humanos que se vive en el norte del país, según considera Amnistía Internacional.

El Consejo de Seguridad aprobó la semana pasada por unanimidad la intervención de una fuerza con liderazgo africano que tome “todas las medidas necesarias” a su disposición para recuperar el norte de Mali, que se encuentra bajo el control de “grupos armados, terroristas y extremistas”.

Amnistía Internacional teme que durante la intervención sean aún más numerosas las agresiones indiscriminadas, las detenciones arbitrarias, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el uso de niños y niñas soldado por ambos bandos. Y recuerda que en el norte, la población civil ya está sufriendo bastante bajo el dominio de los grupos armados islamistas que controlan la región desde abril de 2012. En esta zona se ha impuesto un régimen de terror, con el que se han introducido castigos tales como la amputación, la flagelación y la lapidación para quienes se oponen a su interpretación del islam. Por otro lado, también los soldados malienses han sido responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura.

Para evitar una nueva escalada de abusos, Amnistía Internacional pide a la ONU que garantice que cualquier fuerza militar está obligada a cumplir unas salvaguardias efectivas para la protección de la población civil. Se deben enviar observadores de derechos humanos que examinen el conflicto muy de cerca, con especial atención a las milicias apoyadas por el gobierno.

Amnistía Internacional también insta a la ONU a que esté lista para un agravamiento de la crisis de refugiados. El número de desplazados por el conflicto llega ya a las 400.000 personas, lo cual genera una afluencia de refugiados a países vecinos mal preparados para protegerlos, algunos de los cuales también sufren crisis humanitarias debido a la escasez de alimentos que afecta a la región.

Grecia: Solicitantes de asilo y migrantes, acosados por operaciones policiales y grupos de extrema derecha

Y terminamos en Grecia, país que está incumpliendo gravemente su obligación de respetar los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

Todos los años, decenas de miles de solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular, procedentes de Oriente Medio, Asia y África, cruzan la frontera entre Grecia y Turquía por vía terrestre y marítima; buscan cobijo, refugio, o simplemente una vida mejor en la Unión Europea (UE). Son pocos los que lo consiguen en Grecia.

Para Amnistía Internacional, la falta de respeto por los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo que muestra Grecia está a punto de convertirse en una crisis humanitaria. En un entorno de continua presión migratoria, profunda crisis económica y creciente sentimiento xenófobo, Grecia está demostrando que ni siquiera es capaz de satisfacer las necesidades más básicas de seguridad y cobijo de los miles de migrantes y solicitantes de asilo que llegan cada año.

Amnistía Internacional reconoce que Grecia soporta una gran carga migratoria, pero considera que no hay excusa para los obstáculos con que se encuentran los solicitantes de asilo. En 2011 se creó por ley un nuevo organismo para estudiar las solicitudes de asilo, que aún no ha tramitado ni un sólo caso debido a la escasez de personal. Las colas en la Dirección Policial de Extranjería de Ática, en Atenas para tramitar las solicitudes de asilo son inmensas, por lo que la mayoría de los solicitantes dejan de intentarlo. Éstas personas corren el riesgo de acabar detenidas en redadas masivas y recluidas en centros de detención, en condiciones de hacinamiento y falta de higiene, durante periodos de hasta más de un año.

Para Amnistía Internacional, las autoridades griegas incumplen las normas internacionales al seguir deteniendo sistemáticamente a solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular, entre los que hay menores no acompañados; y utilizan con frecuencia la reclusión en condiciones atroces como medida disuasoria.

También a lo largo de 2012 ha aumentado drásticamente el número de ataques por motivos racistas contra solicitantes de asilo, migrantes, centros comunitarios, tiendas y mezquitas; desde el pasado verano se denuncian casi a diario. Aunque se han creado unidades policiales especializadas para poner freno a esta violencia racista, no se garantiza la investigación efectiva y el enjuiciamiento de los delitos, ya que las víctimas se muestran reticentes a dirigirse a la policía por temor a acabar detenidas y recluidas.

Amnistía Internacional, informativo semanal
En Amnistía Internacional trabajamos en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que en algunas ocasiones tratan de legitimarlos. Somos un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Contamos con cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo y más de 4.000 grupos locales integrados por voluntarios. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Nuestra misión consiste en realizar labores de (...) Ver más

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